Los audios del Gobierno, un consultor y un contrato a medida: el caso que salpica al Banco Centroamericano en Costa Rica

La estrecha relación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con el Gobierno de uno de los países fundadores ha levantado de nuevo cuestionamientos al organismo financiero. Esta vez se trata de Costa Rica y un presunto caso de “fraude y colusión” que el Banco achaca a un empresario de la publicidad contratado para dar servicios a la Administración de Rodrigo Chaves. Está señalado por haber redactado las condiciones del contrato que se le adjudicó por 400.000 dólares, donados en 2022, aunque el acusado ha mostrado pruebas de que siempre actuó bajo las órdenes de las autoridades en la Presidencia de la República.

Christian Bulgarelli es un nombre muy escuchado en la política costarricense. Ha salido con frecuencia en las noticias y ya ha declarado ante una comisión legislativa por ser el publicista que se encargó de una cuestionada estrategia y productos de comunicación a petición del ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, según los documentos que el acusado presentó este martes como descargo. El nombre del empresario, sin embargo, ya saltó las fronteras porque el BCIE decidió abrir una investigación después de que se revelaran audios comprometedores grabados por la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro, en los cuales se escuchaban partes de conversaciones de Chaves o de su círculo de confianza.

“Las tres patas del banco están funcionando como corresponde”, se le escucha decir a Rodríguez en aparente referencia al financista, al proveedor y a la Presidencia. “Me gustaría ver el contrato porque también tengo un montón de antojos”, dice el presidente. “A la medida, señor”, le contestó Bulgarelli, según las grabaciones que hizo la entonces ministra Navarro desde los primeros días de funciones y que entregó al diario local La Nación, cuyas publicaciones en diciembre forzaron a Chaves a pedir al BCIE que revelara el polémico contrato como un pretendido “acto de transparencia”.

El BCIE, señalado en el pasado reciente por servir de alimento financiero para los Gobiernos centroamericanos en prácticas corruptas o autoritarias, accedió a la petición de Chaves al ejecutar una “desclasificación extraordinaria” aprobada el 15 de diciembre por el Directorio (con representantes de los países socios) y por la nueva presidenta ejecutiva, Gisela Sánchez, elegida 15 días antes como candidata propuesta por el Gobierno costarricense. Dos meses después, el 16 de febrero, la entidad multilateral notificó a Bulgarelli de que sólo hay un sospechoso de haber violado normas anticorrupción y ese es él. “Se ha resuelto que existen elementos suficientes para determinar que el proveedor pudo haber incurrido en prácticas prohibidas de fraude y colusión”, señaló el Banco en un inusual comunicado sin detallar los actos de Bulgarelli que sustentan esa acusación.

“Solo figuro yo, pero nunca los funcionarios públicos involucrados, incluyendo al presidente Rodrigo Chaves, que gestaron este contrato con el mismo Banco”, dijo en esa ocasión Bulgarelli, que se tomó dos meses para presentar su defensa y ahora tiene más claro el argumento: no ha cometido fraude porque todo se hizo en coordinación con Navarro, con Rodríguez e incluso con el presidente Chaves, y tampoco hay colusión porque no pactó algo indebido con nadie, sólo siguió órdenes. “Una colusión es un acuerdo con alguien, pero solo se está investigando a mi persona. El BCIE no está investigando al Presidente, ni a los Ministros ni el representante de Costa Rica ante el BCIE implicados. Entonces para los efectos de la imputación yo supuestamente hice un pacto colusorio con alguien sin rostro, un ‘fantasma’”, ironizó Bulgarelli en el documento de respuesta al Banco.

Para ello Bulgarelli entregó una certificación notarial de los mensajes que se intercambió con Navarro. Se leen frases como esta: “Nos urge para hoy los términos de contrato. Jorge y yo los estamos esperando para hoy. El Presidente nos los pidió para antes del miércoles”, escribió Navarro. También esta, del 11 de junio de 2022, un mes después del inicio del Gobierno: “Jorge estará de regreso al país mañana. Quisiera saber si ya tenés los términos de referencia de tu contrato y todo lo que nos indicó el Presidente. La idea es iniciar pronto”. En ambos se refiere a Jorge Rodríguez, mano derecha de Chaves y actual ministro de Comunicación, aunque este aún niega haber metido manos en esas gestiones.

También se leen comunicaciones sobre los contenidos que debía incluir Bulgarelli entre los términos de referencia del contrato que estaba planteado para adjudicarlo en noviembre de 2022 a su empresa RMC La Productora. Todo parece coordinado con los altos cargos en Presidencia, beneficiaria de los servicios audiovisuales y de comunicación que daría el proveedor. “El Ministerio de la Presidencia de la República de Costa Rica, quien funge como organismo ejecutor, es el responsable de aprobar los avances y productos entregados en el marco de esta contratación”, dice el contrato que el BCIE aceptó revelar. Sin embargo, las sospechas ya están instaladas. “Pareciera que ya se escogió a un culpable y se enfilarán las baterías contra él”, dijo a la prensa el expresidente del banco Dante Mossi, quien advirtió que el banco que en estos proyectos no recibe términos de referencia de un privado, sino directamente del Gobierno.

El caso ha sido objeto de una investigación de tipo político en la Asamblea Legislativa y de un expediente penal por el presunto delito de “tráfico de influencias”. Bulgarelli ya rindió declaración ante la Fiscalía, pero en calidad de testigo. No se ha informado si entre los sospechosos está el Ministro Rodríguez o el presidente, investigado en otras 37 causas judiciales acumuladas en dos años de gobierno. El mandatario ha tratado de dejar atrás el tema después de llamar “criminal confesa” a su exministra por haber grabado diálogos y haber entregado audios a la prensa. En una entrevista en CNN con el periodista Fernando del Rincón, Chaves aseguró que “la gente entendió que el Gobierno de Costa Rica no ha cometido nada ilegal” y “el pueblo se manifestó abiertamente en apoyo al Gobierno”, sin que se haya conocido estudio de opinión alguno con esos resultados.

Las tensiones de tipo político y los problemas sociales, reflejados en la ola de violencia, han ido diluyendo la controversia sobre los audios y el contrato de Bulgarelli, pero el caso sigue abierto en el BCIE, que intenta evitar el “riesgo reputacional” advertido por Dante Mossi. “Ella [Gisella Sánchez] ha dicho que va a defender la transparencia y gobernanza del BCIE; está comenzando mal; el Banco tiene que dar una mirada hacia adentro”, añadió Mossi, cuya gestión recibió fuertes cuestionamientos por gasto excesivos, caída de utilidades y el apoyo financiero a proyectos gestionados sin blindaje contra prácticas corruptas o autoritarias, como publicó en octubre una alianza periodística en torno a la plataforma Proyecto de Informes sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP). “El banco de los dictadores”, le llamó en su reportaje madre.

La sucesora de Mossi ha querido dar un golpe de timón y al tomar el mando aseguró que la ética será prioritaria en su quinquenio al frente de la organización fundada en 1960 por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, con sede en Tegucigalpa. También tiene tres miembros no fundadores: Belice, Panamá y República Dominicana, además de los socios extrarregionales Argentina, Colombia, Corea del Sur, Cuba, España, México y Taiwán. La cartera total de proyectos al cierre del 2023 estaba proyectada para cerrar en más de 12.000 millones de dólares y se presenta como la principal fuente de financiamiento multilateral de los países del Istmo.

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