La justicia brasileña investiga a Musk por atacar en X al juez que combate la desinformación

Elon Musk, el dueño de X (antes Twitter), será investigado en Brasil por posibles delitos de obstrucción a la Justicia e incitación al crimen. Así lo decidió el domingo el juez del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes, el magistrado que en los últimos años lideró la batalla contra la desinformación en internet y se convirtió en el enemigo número uno del bolsonarismo.

El rifirrafe entre los dos empezó cuando Musk, sin venir a cuento de nada, le dirigió un comentario preguntándole “por qué está exigiendo tanta censura en Brasil”. A éste le siguieron otros, en los que amenazaba con restaurar los perfiles de varios líderes de la extrema derecha bloqueados por la Justicia en los últimos años por atacar las instituciones y el sistema democrático. Musk afirmó que lo haría aunque eso pusiera en riesgo su negocio y tuviera que cerrar X en Brasil. “Ese juez ha traicionado descaradamente y repetidamente al pueblo brasileño y su Constitución. Debería dimitir o sufrir un impeachment”, llegó a decir.

El regocijo fue máximo entre las filas bolsonaristas. Muchos políticos de primera línea se lanzaron a postear en inglés peticiones de ayuda internacional y rápidas síntesis sobre la supuesta persecución a la que están sometidos en Brasil para aprovechar que Musk había puesto el foco en el país. Incluso Bolsonaro colgó un video en el que aparece al lado del multimillonario, en 2022, con la leyenda: “Musk es el mito de nuestra libertad”.

La respuesta de De Moraes a las declaraciones del CEO de X llegó con rapidez. Ordenó abrir una investigación sobre la conducta del empresario y lo incluyó en el caso ya abierto sobre las llamadas “milicias digitales”, los grupos organizados por el entorno de Bolsonaro para difundir noticias falsas, discursos de odio, atacar a opositores y jueces y poner en duda la fiabilidad del sistema electoral. Además, el juez ordenó que X no desobedezca ninguna determinación de la justicia brasileña y estipuló una multa de 100.000 reales (casi 20.000 dólares) por cada perfil que reactive de forma irregular. Entre los vetados por la justicia brasileña están, por ejemplo, el empresario Luciano Hang, el exdiputado Daniel Silveira (condenado a casi nueve años de cárcel por estimular actos antidemocráticos) o el bloguero Allan dos Santos, prófugo en Estados Unidos. De momento no se han restaurado ninguno de esos perfiles.

En su decisión, el juez del Supremo brasileño cargó con dureza contra Musk y su empresa: “La flagrante conducta de obstrucción a la Justicia brasileña, la incitación al crimen, la amenaza pública de desobediencia de las órdenes judiciales y de la futura ausencia de cooperación de la plataforma son una falta de respeto a la soberanía de Brasil”, expresó. En otro fragmento, en letras mayúsculas, escribió: “¡Las redes sociales no son tierra sin ley! ¡Las redes sociales no son tierra de nadie!”.

Las declaraciones de Musk provocaron una fuerte indignación en el Gobierno y el espectro progresista en general. El ministro de la Abogacía del Estado, Jorge Messias, por ejemplo, dijo que Brasil tiene que aprobar urgentemente una regulación de las redes sociales para impedir que “billonarios con domicilio en el extranjero” ataquen a la demcocracia brasileña. Brasil hace tiempo que intenta, sin éxito, poner coto al todo vale que reina en internet, sobre todo por el profundo impacto que las noticias falsas y la desinformación tuvieron en la vida política de los últimos años.

Hace justo un año, los congresistas brasileños estuvieron a punto de votar el llamado proyecto de ley de las fake news, que trataba de poner algo de orden en internet. Se proponía, por ejemplo, responsabilizar a las plataformas en el caso de difusión de noticias falsas de forma masiva, a través de robots, y se les daba un plazo de 24 horas para eliminar contenido identificado como ilícito por la Justicia. Las ‘big tech’ hicieron una fuerte campaña en contra de la ley, que no llegó a votarse. Tras las declaraciones de Musk, crece la presión para que la ley vuelva a los debates de los congresistas.

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