Opositores nicaragüenses perseguidos en el exilio: Costa Rica deja de ser un refugio tranquilo

Una pareja fue atacada a balazos un mediodía de enero en una zona universitaria del centro de Costa Rica y muchos pensaron que era una escena más de sicarios y criminales del narcotráfico, pero pronto empezaron a surgir otras dudas. Las víctimas eran un conocido opositor nicaragüense llamado Joao Maldonado y su esposa, dos años y cuatro meses después de un primer atentado armado contra el activista en suelo costarricense, donde se refugió después de la represión posterior al estallido social de 2018 en Nicaragua, como también lo hicieron decenas de miles de nicaragüenses.

El ataque contra Maldonado daba motivos para sospechar de razones políticas como las que él había mencionado en una entrevista en septiembre, cuando aseguró al diario local La Nación que en Costa Rica operan grupos orteguistas para “cazar” a opositores, una denuncia que coincidía con información que en el pasado habían admitido altos cargos de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS). Un día después del atentado, el Gobierno de Rodrigo Chaves negó que tenga indicios de células organizadas o contratadas por el régimen de Ortega, pero las dudas quedaron en el ambiente y dos meses después, con Maldonado y su pareja ya fuera del hospital, no hay explicación alguna de las autoridades locales sobre ese ataque.

El aparente intento de matar a la pareja motivó a una mayoría de diputados de Costa Rica a condenar el ataque y las escasas explicaciones de parte del Gobierno; sólo se opusieron los ocho legisladores oficialistas. “Esto no hace más que tender una serie de dudas sobre los esfuerzos del gobierno para proteger a los refugiados nicaragüenses en nuestro país”, decía la moción aprobada en la Asamblea Legislativa del país que por décadas ha alojado población de Nicaragua y que más activistas críticos de Ortega recibió tras la crisis del 2018.

Desde ese año Costa Rica ha recibido más de 200.000 solicitudes de refugio de nicaragüenses, que son parte de casi medio millón de población procedente de ese país que vive en el país centroamericano (alrededor de 10% de la población total), según cálculos que incluyen residentes nacionalizados y sin documentación. Sin embargo, en 2023 decrecieron las peticiones de refugio hasta 28.500, el 35% de lo registrado en 2022. Sólo se resolvieron 2.660 peticiones en el año (se rechaza una de cada cuatro), mientras unos 172.000 solicitantes siguen esperando respuesta. “Dos familiares se iban a venir a Costa Rica en diciembre, pero yo les dije que ya no es lo mismo y que tampoco está uno aquí a salvo”, dijo Uriel Martínez, un campesino que participó en las protestas en Nicaragua y ahora trabaja por horas en una finca de café en Costa Rica. Los números no son esperanzadores para la comunidad que en el pasado fue recibida con brazos abiertos mientras escuchaba desde San José duras críticas al gobierno de Ortega.

Ahora el clima es otro, como mencionaron los legisladores de oposición al recordar palabras de Rodrigo Chaves en las que, a diferencia de Gobiernos costarricenses anteriores, reconoció tener con Ortega “una relación sumamente cordial y constructiva”, como dijo en diciembre a la agencia Efe. Meses atrás había contestado a un periodista de CNN que prefería no utilizar la palabra “dictadura” para referirse al gobierno vecino, pues contestó que no le corresponde calificarlo.

El riesgo de la extradición

Este discurso de Chaves se suma al clima de inseguridad e incertidumbre que perciben dirigentes de la comunidad opositora nicaragüense en Costa Rica. Desde que en 2022 el mandatario costarricense endureció requisitos para otorgamiento de refugio y descalificó los motivos políticos para la mayoría de ellos al llamarlos “migrantes económicos”, organizaciones de derechos humanos encendieron las alarmas, pero la preocupación no ha parado de crecer y llegado el 2024 hay nuevos elementos: el alcance de las órdenes judiciales nicaragüenses y el riesgo de las extradiciones.

Se trata de la posibilidad de que autoridades judiciales costarricenses atiendan los requerimientos de fiscales o jueces de Nicaragua como si el Poder Judicial en ese país no estuviera bajo las órdenes del Ejecutivo gobernado de manera autoritaria por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Ya ocurrió a mediados de febrero con un dirigente opositor al que las autoridades migratorias de San José le habían negado refugio o asilo político, lo que facilitó la entrega tras conocer la alerta internacional activada por Managua, según las organizaciones de derechos humanos.

También hay otro caso de un hombre llamado Reinaldo Picado, quien fue concejal por un partido opositor en el municipio del Caribe, a quien en agosto la Cancillería rechazó la petición de asilo sin explicar razones. También tiene pendiente de respuesta una solicitud de refugio, pero pasan las semanas y no logra respuesta favorable, mientras sigue activa una solicitud de extradición.

Las organizaciones además subrayan el caso de Gabriel Leonidas Putoy, un profesor indígena que fue preso político en Nicaragua y logró huir a Costa Rica, pero acaba de perder el empleo porque le cerraron las cuentas bancarias debido a órdenes judiciales emitidas en su país “por el delito de obstrucción de funciones en perjuicio del Estado”, según el diario La Prensa, que opera basado en San José para el público nicaragüense.

Pese al carácter judicial de esas órdenes de captura, los dirigentes desde exilio ven ahí a la mano de Ortega, pues en Nicaragua rige una centralización de todos los poderes del Estado alrededor del presidente y la vicepresidenta Murillo, con “control total” sobre el sistema judicial, como señala un informe presentado en febrero por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, adscrito a Naciones Unidas, en el que advierte sobre la persistencia de crímenes de lesa humanidad.

En Costa Rica, el ministro de Seguridad local, Mario Zamora, dijo a EL PAÍS que parte de su Gobierno “la política migratoria no ha cambiado en nada”, que todas las decisiones sobre refugios obedecen a criterios técnicos y las extradiciones son responsabilidad del Poder Judicial. Las reglas de refugio las había modificado por decreto Rodrigo Chaves a finales de 2022 con la intención de “poner orden” y detener lo que consideraba eran “abusos” de solicitantes de protección, pues señaló que muchos son en realidad “migrantes económicos” y no perseguidos políticos. Después, la Sala Constitucional ordenó anular parte del decreto por violar la Carta Magna y convenios internacionales, pero ha pasado un año y aún no hay certeza de las reglas vigentes. El ambiente es, cuando menos, incierto.

“La posibilidad de una extradición representa un peligro enorme porque sabemos lo sucede en las cárceles allá. Las autoridades costarricenses actúan casi en complicidad con autoridades nicaragüenses”, dijo a EL PAÍS Ana Quirós, activista de la organización Unidad Azul y Blanco. Ella estuvo presa antes de migrar a Costa Rica en noviembre de 2018. Tiene nacionalidad costarricense, lo que le permitió no haber quedado apátrida cuando en febrero de 2023 el Gobierno de Ortega retiró la nacionalidad a ella y más de 300 opositores.

“Cambio en la política de brazos abiertos”

“En este Gobierno hay en Costa Rica un cambio en la política de brazos abiertos que siempre se había mantenido”, añade la activista en sintonía con Luciano García, refugiado en Costa Rica y director de la ONG Hagamos Democracia, ilegalizada en Nicaragua. “Sentimos que poco a poco vamos quedando expuestos”, advierte el dirigente en referencia al riesgo de ser deportados. Apunta a la amenaza de vivir en la marginalidad por falta de regularización con los actuales métodos migratorios e incluso de ser alcanzados por la violencia por motivos políticos como pudo haber ocurrido con Joao Maldonado, aunque algunos sectores de la comunidad aún evitan sacar conclusiones sobre ese atentado.

“No sabemos la verdad ni hay nada comprobado, pero sí es una duda razonable [la idea de un ataque por motivos políticos dirigido desde Managua] y más en un contexto como este [en Costa Rica]. donde no es difícil contratar a un sicario”, añade García en relación con el fuerte aumento de homicidios que vive Costa Rica como parte de la lucha entre bandas narcotraficantes.

Yefer Bravo es cercano a Maldonado e integrante del grupo Unidad de Exiliados Nicaragüense en Costa Rica. Señala que lo ocurrido con su amigo es sólo una expresión del peligro que perciben mientras las autoridades costarricenses parecen querer evadir el problema. “Es decepcionante que el Estado de Costa Rica se preste para esa internacionalización de persecución de opositores. Tenemos sentimientos de decepción, frustración y a la vez indignación”, comentó. De ahí, el pedido de auxilio que han lanzado a la comunidad internacional.

En Ginebra, el empresario y ex precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro reportó la amenaza de las órdenes judiciales con el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua y Alberto Brunori, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “La dictadura quiere expandir su represión al exterior, con órdenes de captura y solicitudes de extradición. La comunidad internacional ha tomado nota”, publicó en su cuenta de X.

Este cambio en el clima de acogida en Costa Rica ha hecho que una parte de los nicaragüenses decidiera mudarse a Estados Unidos, algunos recorriendo por tierra los 4.700 kilómetros, pero la mayoría permanece en territorio costarricense porque el retorno a Nicaragua es una osadía a la que pocos se atreven. Muchos viven con temor adicional al dolor por no poder regresar, con dificultades para acceder a empleos en un entorno laboral adverso y un costo de vida grosero en relación con los parámetros nicaragüenses.

“No hay sensibilidad para comprender las dimensiones del descalabro en Nicaragua”, explica Carlos Sandoval, sociólogo experto en migraciones, además de señalar como posibles factores una afinidad en torno a la corriente autoritarista que en distintas escalas se expande en la región o una posible conveniencia económica en una relación bilateral Costa Rica-Nicaragua. Entre las sospechas de dirigentes nicaragüenses está la necesidad de acuerdos diplomáticos que repercutan en decisiones dentro del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), cuyos préstamos resultan estratégicos para ambos Gobiernos.

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