La policía investiga al jefe de la inteligencia de Brasil con Bolsonaro por espionaje ilegal
El anterior director general de la ABIN, ahora diputado, es sospechoso de vigilar a 30.000 personas consideradas adversarias por el anterior presidente
La Policía Federal de Brasil ha abierto una investigación contra el que fuera jefe de la agencia de inteligencia durante el mandato de Jair Bolsonaro porque sospecha que organizó una amplia operación de espionaje ilegal a rivales del entonces presidente, incluidos un gobernador que ahora es ministro, jueces, parlamentarios, políticos, periodistas… En total, serían unas 30.000 personas, según reveló el jefe de la Policía Federal hace un par de semanas. Los agentes han registrado este jueves varias direcciones vinculadas a Alexandre Ramagen, que en el periodo 2019-2022 dirigió la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) por encargo del ultraderechista. Comisario de policía, Ramagen, de 51 años, es ahora diputado federal.
Ramagen es un hombre muy cercano al expresidente, de manera que este caso se suma a los múltiples quebraderos de cabeza de Bolsonaro. El militar retirado, de 68 años, afronta diversas investigaciones y procesos judiciales desde que en 2022 perdió la presidencia y la inmunidad de la que disfrutó durante tres décadas. El anterior mandatario está inhabilitado por abuso de poder y no puede presentarse a las próximas dos elecciones presidenciales, pero además es investigado por incitar el asalto golpista de las sedes de los tres poderes, intentar quedarse con unas joyas regaladas por la familia real saudí… Un antiguo ministro de Justicia y el secretario personal de Bolsonaro están encarcelados por los actos antidemocráticos de enero de 2023.
El Tribunal Supremo, que ordenó la operación de este jueves, sospecha que Ramagen era parte de una “organización criminal que pretendía vigilar ilegalmente a personas y autoridades públicas” en “beneficio de la familia Bolsonaro”.
Entre las operaciones de espionaje sin orden judicial detectadas durante la investigación, destacan la vigilancia al entonces gobernador de Ceará, Camilo Santana, del Partido de los Trabajadores, ahora ministro de Educación en el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva; al presidente de la Cámara de Diputados Rodrigo Maia, a una diputada bolsonarista díscola y a la fiscal que investigaba el asesinato de Marielle Franco (una concejala izquierdista de Río), además de ataques a las urnas electrónicas e interferencias en casos judiciales contra miembros del clan Bolsonaro.
Los investigadores apuntan a que una de las herramientas usadas era un software llamado First Mile (primera milla), fabricado por la empresa israelí Cognyte, con el que infectaban los teléfonos móviles de sus víctimas sin orden judicial, informa O Globo. Hace años que la compra de ese programa espía y su uso son objeto de cobertura mediática y debate político en Brasil, pero esta es la primera ocasión en que la investigación alcanza oficialmente a un antiguo director general de la agencia ABIN, que además es próximo a Bolsonaro.
El exjefe de los espías ha respondido a las acusaciones con una entrevista a Globonews en la que ha dicho que los jueces y la fiscalía han cocinado “una ensalada de narrativas” para incriminarle “sin pruebas”, que “la ABIN es enorme y sus departamentos son independientes para realizar sus trabajos de inteligencia” y que nunca pidió formal o informalmente que fuera usado el programa espía israelí.
El caso más sonado de espionaje telefónico de los últimos tiempos en Brasil tuvo como víctima a la entonces presidenta, Dilma Rousseff, cuyas comunicaciones fueron vigiladas por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos en 2013, durante la presidencia de Barack Obama. El pinchazo a la mandataria era parte del espionaje masivo revelado por el analista Edward Snowden. Aquel escándalo llevó a la presidenta brasileña a suspender una visita de Estado a Washington y a renunciar a la compra de unos cazas estadounidenses.
Junto a Ramagen, también son objeto de la operación lanzada este jueves otras diez personas, incluidos siete agentes de la propia policía federal, que ya han sido suspendidos de sus funciones. Entre las varias ubicaciones registradas, la oficina oficial del parlamentario en la Cámara de Diputados, en Brasilia, y su residencia.
El antiguo director de la agencia de inteligencia no está en Brasilia, según la agencia Reuters. Brasil está inmerso en las vacaciones del verano austral y el Congreso, en receso. La policía ha decomisado, según la prensa brasileña, cuatro ordenadores personales, seis teléfonos móviles y 20 lápices de memoria.
Pero el país ya calienta motores para las elecciones municipales de octubre, en las que Ramagen se perfila como candidato del bolsonarismo a la alcaldía de Río de Janeiro, la segunda ciudad más importante. Este mismo fin de semana, el antiguo jefe del espionaje tenía previsto reunirse con el expresidente Bolsonaro, que veranea allí cerca, para hacer campaña juntos.
El expresidente tampoco ha hecho declaraciones en las primeras horas, pero su entorno político asegura que las acusaciones contra Ramagen son parte de “una persecución” orquestada por el juez Alexandre de Moraes, uno de los 11 miembros del Supremo y que dirige otros casos judiciales contra elementos del bolsonarismo. Una de las investigaciones de Moraes es sobre el intento de golpe de Estado de hace un año, y entre los oficialmente señalados, Bolsonaro, que es sospechoso de incitar el asalto violento a la Presidencia, el Congreso y la sede del Supremo.
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