Los guardianes de la Amazonia buscan recursos: indígenas lanzan una propuesta financiera en la COP27

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Enfrentar el cambio climático cuesta plata, aunque no tanta como la que necesitarán los países si deciden ignorarlo y no hacer nada. Por esto, durante las Conferencias de Cambio Climático de las Naciones Unidas, como la COP27 que se está celebrando en este momento en Egipto, uno de los puntos más espinosos suele ser ese: el de los recursos. Pero no se trata solo de quién la pone, sino a quienes llega. Y en este último punto las comunidades indígenas han salido perdiendo, pese a que su manejo del bosque, así como su conocimiento ancestral, ha sido reconocido como esencial para prepararnos y frenar el cambio climático.

Entre 2011 y 2020, según un informe liderado por Rainforest Foundation Norway, los pueblos indígenas y las comunidades locales solo recibieron el 1% de los recursos que fueron destinados a nivel mundial para la acción climática. La región amazónica, en donde se almacenan entre 150.000 y 200.000 millones de toneladas de carbono, no ha sido la excepción. “En la Amazonia, la idea de lo público se ha quedado demasiado limitada”, asegura Julio César López Jamoy, coordinador general de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC). “Su presencia llega hasta las ciudades capitales, pero a lo que hemos denominado la Amazonia profunda, donde están muchos de los pueblos indígenas, no llega nada. Nosotros somos quienes hemos generado nuestros sistemas de conocimiento, de salud, de educación y de Gobierno”.

Hace un año, durante la COP26 que se desarrolló en Glasgow, se anunció una iniciativa para cerrar esta brecha. Los Gobiernos de Estados Unidos, Noruega, Alemania, Holanda y Reino Unido y 17 inversionistas privados se comprometieron a movilizar 1.700 millones de dólares entre 2021 y 2025 directamente a comunidades locales e indígenas para temas de cambio climático. Uno de los problemas, sin embargo, es que las reglas del juego de cómo acceder a estos recursos no quedaron tan claras.

Ante este vacío y reunidos en la COP27, pueblos y organizaciones indígenas de la Amazonia llevaron una propuesta de cómo acceder a estos fondos y lograr su sostenibilidad financiera. El plan, explica Francisco von Hildebrand, presidente de la Fundación Gaia Amazonas, consiste en crear agencias administrativas interculturales en distintos niveles y en el que participen personas que conozcan no solo cuáles son los requisitos para acceder a estos recursos, sino cómo administrarlos y ejecutarlos.El último punto estará en manos exclusivas de los indígenas.

A nivel regional ya hace parte de este acuerdo la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y a nivel nacional están la OPIAC, de Colombia; la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del estado Amazonas, de Venezuela, y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Además de Gaia, en el proceso también han estado involucrados el Instituto del Bien Común (Perú) y la Fundación Wataniba en Venezuela. Pero la idea es que se sumen autoridades indígenas y organizaciones de otros países de la Amazonia.

El siguiente paso, agrega Isai Victorino, líder de conservación basada en comunidades de la organización no gubernamental The Nature Conservancy (TNC), es que, junto a los distintos gobiernos nacionales, “se haga un ejercicio para articular las diversas formas de financiamiento enfocado en los indígenas para todo lo que tiene que ver con recursos del cambio climático”. Se trata de garantizar que la plata llegue a las comunidades y ellos la ejecuten en herramientas esenciales como los planes de vida.

“Nuestros planes de vida, estén escritos o no, son similares a los planes de desarrollo de un país o un municipio. Pero para nosotros no es solo un instrumento que nos permite planificar o administrar, sino en el que dejamos contemplada parte de nuestra visión, la ley de origen y nuestros conocimientos, nuestra cultura”, comenta López Jamoy, líder Indígena del Putumayo, perteneciente al pueblo Inga.

No se trata de una propuesta menor. El último informe sobre adaptación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), un organismo que reúne a más de 200 científicos del mundo para reunir la evidencia que existe sobre este fenómeno, aseguró que para una exitosa adaptación de los bosques no solo se necesita incluir a los indígenas y comunidades locales en la toma de decisiones, sino que debería garantizarles el derecho sobre sus tierras. Al final, ellos manejan el bosque mejor que nadie.

Con algunos nuevos gobiernos que hay en América Latina, von Hildebrand cree que las piezas para que esto suceda empiezan a encajar. Luiz Inácio Lula da Silva, quien ganó la presidencia de Brasil el pasado 30 de octubre, ha hablado de retomar la lucha contra la deforestación en la Amazonia después de que llegara a picos históricos. Además, su elección fue celebrada por varias comunidades indígenas locales quienes vivieron en amenaza con el Gobierno de Bolsonaro.

Mientras, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció a principios de la COP27 que el país otorgará 200 millones de dólares anualmente durante 20 años para salvar la selva Amazónica, aunque no hay claridad de dónde saldrán estos recursos.

“Los paneles de científicos han sido contundentes al decir que tenemos siete años para cambiar la tendencia de cómo estamos haciendo las cosas y esos años empiezan ahora, en el contexto de los nuevos Gobiernos”, asegura von Hildebrand. “Pero son los cuatro primeros años los más importantes y en los que se necesita dar condiciones habilitantes para que haya inversión directa a los indígenas”.

Pero el camino, incluso en espacios que deben ser diversos como la COP, tiene sus obstáculos. “Hemos venido reclamando desde hace mucho tiempo que en las Cumbres de Cambio Climático se nos reconozca como Estado o como parte. Sin embargo, lo que hemos logrado hasta el momento es que los pueblos indígenas, junto a otros sectores de la sociedad civil, podemos estar de manera alterna en las reuniones formales que hacen los países que forman parte de estas Cumbres”, agrega López Jamoy.

Y es que en las negociaciones climáticas quién exige la plata también importa. En este caso son los indígenas del Amazonas, una región que, como lo indica el Informe Amazonia Viva publicado este martes en la COP27 por WWF, ha perdido un 18% de sus bosques, mientras un 17% adicional está degradado. Un bioma que le da sustento a 47 millones de personas y que, si colapsa, hará que sea imposible que el mundo limite el aumento de temperatura a 1.5°C para finales de siglo: el objetivo por el que representantes de todo el mundo viajaron a reunirse hasta Egipto.