Saúl contra RWE: un campesino peruano se enfrenta a una multinacional alemana por el cambio climático

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¿Quién debe pagar el costo del cambio climático? Esa es la pregunta que Saúl Luciano Lliuya, un campesino y guía de alta montaña de Huaraz, en los Andes peruanos, ha llevado ante la justicia alemana. Tras ver cómo el veloz deshielo de los glaciares de la Cordillera Blanca amenaza su vida y la de su comunidad, que teme que acabe inundada por un alud que desborde el Lago Palcacocha, el agricultor demandó en 2015 a la compañía eléctrica alemana RWE —una de las más contaminantes del mundo— por 17.000 euros para que pague una parte de lo que le costaría al Gobierno de su localidad construir un dique para protegerse de la temida avalancha. La demanda, que fue admitida por el Tribunal Regional Superior de Hamm en 2017 y que ahora se encuentra en fase de pruebas, tiene el potencial de generar un precedente fundamental en asuntos de justicia climática, especialmente porque la empresa energética no opera en Perú.

“Los grandes causantes del cambio climático deben asumir su responsabilidad”, exige Lliuya en entrevista telefónica con EL PAÍS. “RWE es la empresa más contaminante de Europa. Y lo que decimos es que, no importa donde esté, si va a emanar gases que contribuyen al calentamiento global, esto va a ir afectando a nivel global y son responsables de lo que está sucediendo acá en los Andes, que las temperaturas son más altas cada vez y los glaciares se están derritiendo”, apunta el campesino de 41 años.

Lliuya nació y ha vivido siempre en Huaraz, una ciudad de 150.000 habitantes situada a más de 3.000 metros de altura a las faldas de la Cordillera Blanca. Como varias generaciones de su familia, él se dedica a la agricultura, principalmente a la siembra de maíz, papa y trigo, y completa sus ingresos como guía acompañando a los turistas que suben a la montaña. Estas dos facetas le han servido para ver de primera mano cómo el blanco de los nevados está dando paso al gris de la roca de la cordillera por el deshielo de los glaciares, un fenómeno que está haciendo crecer los lagos en esta zona de Los Andes.

Según los datos que maneja su defensa, apoyada por la ONG alemana Germanwatch, el Lago Palcacocha, que está sobre Huaraz, ha aumentado 34 veces su volumen desde 1970. El mayor riesgo para su comunidad es que se produzca un alud como el de 1941, cuando un terremoto provocó la caída de un glaciar en esa laguna, generando una especie de tsunami de piedras, hielo y barro que devastó la ciudad y dejó 1.800 muertos.

Lo que Lliuya teme es que un evento similar acabe con su casa, sus cultivos y los de sus vecinos. Además, el deshielo de los glaciares también está afectando a la fauna y la flora de la zona y los agricultores como él advierten que pueden quedarse sin agua para el consumo y para sus cultivos. “Si no hay glaciares, ya no va a haber agua para la agricultura, para la ciudad, para tomar...”, apunta el demandante. Esta idea no es tan descabellada. Según datos del Proyecto Glaciares, un 87% de las masas de hielo de la Cordillera Blanca ya tienen una superficie menor a un kilómetro cuadrado. Y las proyecciones del Inventario Nacional de Glaciares 2018 de Perú apuntan a que en menos de cien años —para 2111— todos los nevados de esa cordillera podrían haber desaparecido.

Un largo proceso en busca de justicia climática

En mayo de este año, más de seis años y medio después de que Lliuya presentara la demanda, un grupo de jueces, abogados y peritos alemanes viajó a Huaraz para conocer su casa, tomar muestras del lago y sobrevolar con un dron los glaciares. Tras la visita, que se retrasó dos años debido a la pandemia de coronavirus, los expertos deberán elaborar un informe para determinar si realmente existe un riesgo de alud que ponga en peligro la forma de vida del demandante. Si es así y el tribunal decide seguir adelante con el caso, deberán definir si esa posibilidad puede atribuirse al cambio climático y a la empresa demandada, un proceso que podría durar años.

“Espero que los jueces y también los representantes de RWE se hayan dado cuenta con su visita del riesgo cada vez mayor al que nos exponemos aquí. La cuestión para nosotros no es si un maremoto es inminente, sino cuándo y con qué intensidad nos golpeará. Espero con ansias escuchar la evaluación de los peritos”, dijo el campesino tras la visita de los jueces a Huaraz. Cuando presentaron la demanda, sus abogados la apoyaron con datos de un estudio científico de 2013 que demostraba que la eléctrica alemana es responsable del 0,5% de las emisiones globales “desde el comienzo de la industrialización”, una contaminación por la que ahora le piden rendir cuentas.

Pero para RWE, la demanda no tiene base legal conforme a la ley alemana. Portavoces de la compañía han insistido desde el inicio del proceso en que no se puede atribuir judicialmente a una empresa concreta las consecuencias locales específicas del cambio climático. Se trata, dicen, de un fenómeno “demasiado complejo” y que “depende de muchos factores como para encontrar una causa-efecto con una sola empresa”, como apuntó un portavoz de la compañía eléctrica Guido Steffen en 2017 cuando Lliuya declaró ante el tribunal de Hamm. “Todos contribuimos a las emisiones y eso supondría que todos podríamos acusar a todos. A una aerolínea, a una empresa de transportes...”, afirmó entonces.

Según el registro de la organización ecologista Client Earth, en 2017 la compañía alemana produjo 106 millones de toneladas de emisiones de CO2 por sus operaciones de extracción de carbón, lo que la convirtió en la empresa más contaminante de Europa. Si bien la multinacional ha hecho un esfuerzo en los últimos años por diversificar sus fuentes de suministro, ampliando sus operaciones de energía solar y eólica, en 2020 casi el 80% de la electricidad generada por RWE provenía de fuentes no renovables, apunta la ONG.

Para Lliuya y su defensa, un fallo positivo en una corte en este punto del proceso ya mandaría una señal muy positiva y se convertiría en un emblema en asuntos de justicia climática. “El caso es ya un precedente de relevancia mundial: quien perjudica a otros mediante la emisión de grandes cantidades de gases de efecto invernadero es responsable de los daños, dado el impacto global del CO2 emitido aquí, también bajo el concepto de vecindad global. Si ahora se pueden presentar también las pruebas científicas de este caso, esto tendrá consecuencias considerables para la justicia, la política y el mercado financiero en todo el mundo”, ha declarado Christoph Bals, director político de Germanwatch.

Para la organización, la demanda va mucho más allá de Lliuya y da voz a quienes se ven fuertemente afectados por el cambio climático pese a estar entre los que menos contribuyen a él. En los últimos años, y amparados en el Acuerdo del Clima de París que insta a mantener el calentamiento global por debajo de los dos grados —y en la medida de lo posible por debajo de los 1,5— , algunas decisiones judiciales en Europa han dado esperanza a los grupos ambientalistas. En mayo del año pasado, la justicia holandesa sentó un precedente mundial al ordenar a la multinacional petrolera Shell contener la contaminación generada por sus actividades. Meses más tarde, en octubre, un tribunal administrativo de París ordenó al Estado francés “reparar los perjuicios ecológicos” por sus compromisos incumplidos en la emisión de gases de efecto invernadero y le dio de plazo hasta el 31 de diciembre de este año para corregirlo.

El equipo de Germanwatch y Saúl Luciano Lliuya esperan que este caso genere un nuevo precedente que ayude a frenar los efectos del cambio climático. “Muchos de los daños en los glaciares son irreversibles, ya ocurrieron y ya no se puede remediar por más que paguen”, reconoce el campesino. “Pero si no hay solución, si no logramos reducir las temperaturas, yo me imagino un futuro con problemas para nuestros hijos: falta de agua, problemas con la agricultura, de alimentos... Pero, si es que logramos reducir las temperaturas, me imagino una vida normal, sin problemas, con suficiente agua para abastecer, para tomar y para usar en la agricultura”.