Autonomía no es soberanía

Hay palabras que de tanto repetirse pierden su significado, adquieren una significancia ficticia y terminan deformadas. Autonomía es una de ellas. Durante décadas la Junta Directiva del Banco de la República ha esgrimido ese concepto homologándolo a soberanía, y es una garrafal equivocación. Que un organismo sea autónomo significa que hace parte de otro y que no está subordinado a ninguna otra rama, organismo o agencia, pero eso no lo autoriza a actuar como una rueda suelta, ajeno a los principios que informan y rigen al Estado al que pertenece.

El debate sobre la autonomía del Banco de la República es más importante de lo que a primera vista se cree. Sus decisiones afectan a millones de personas, son de interés público y deben ser objeto de un profundo, serio e informado escrutinio. No es algo que competa exclusivamente a constitucionalistas y economistas, como equivocadamente creen algunos. La economía es el principal objeto de la política, y sustraerla del debate ciudadano —bajo la falacia de ser un asunto de tecnócratas— es una de las causas por las cuales está muriendo la democracia. La gente del común siente que su voto no cambia casi nada: solo los rostros, y muchas veces ni siquiera los apellidos, de quienes ocupan los cargos y vehículos gubernamentales.

Los ortodoxos monetaristas argumentan que la Junta del Banco posee una autonomía constitucional que la faculta para tomar decisiones sin rendirle cuentas a nadie, y que al tener como mandato el control de la inflación puede adoptar las medidas que considere pertinentes. Esto no es cierto, aunque así haya ocurrido desde que se aprobó la Constitución del 91. Y no lo es por varias razones. Su autonomía administrativa, patrimonial y técnica (art. 371) está concebida para coexistir con las demás instituciones políticas, bajo el principio de colaboración armónica consagrado en el artículo 113 de la Constitución. No puede ser, aunque lo quisiera, un Estado dentro de otro Estado, como el Vaticano en Roma. El principio de coordinación institucional está tratado con meridiana claridad por el jurista Augusto Trujillo Muñoz en su columna del pasado 4 de abril —titulada La autonomía del Banco, publicada en El Espectador— y no debería dar lugar a mayor debate.

Por otra parte, el Banco central no es el único organismo autónomo, ni el suyo reviste carácter especial. La autonomía de las entidades territoriales y la de las universidades también son de naturaleza constitucional, y ello no las convierte en soberanas. Recuérdese que este fue el argumento esgrimido para frenar las consultas populares contra la minería y el petróleo, cuando decenas de comunidades y municipios se opusieron a la locomotora minero-energética.

El Banco central está obligado a coordinarse con el Ejecutivo y no puede desconocer los principios y valores de la Constitución. Puede divergir, pero no anular la política de empleo, por ejemplo. En ninguna parte de la Constitución se establece que la política monetaria puede ignorar la política económica general, ni que está por encima de la política fiscal. Por eso la Carta del 91 creó un mecanismo de articulación: la presencia del ministro de Hacienda en la Junta Directiva del Banco (art. 372 C.P.), quien la preside, y esta no puede sesionar sin él. Ese es el puente de coordinación.

La autonomía del Banco es un instrumento funcional para blindar la política monetaria contra el populismo. Protege la estabilidad de la moneda, el control de la inflación y la independencia frente a las presiones coyunturales del Ejecutivo. Pero nada de ello equivale a soberanía ni implica separación del Estado.

Siete personas, por muy versadas que sean en macroeconomía, no pueden tomar decisiones que afectan el empleo, el crédito, la vivienda y la inversión productiva de cincuenta y cuatro millones de colombianos sin rendirle cuentas a nadie más que a sí mismas. Tampoco significa que Colombia pueda tener dos gobiernos: uno electo y otro designado.

Un debate tardío, pero más vale tarde que nunca

En noviembre de 2023, cuando Javier Milei agitaba las aguas del Río de la Plata con su propuesta de “dinamitar” el Banco Central argentino, publiqué en El Espectador una columna titulada ¿Petro-tibieza económica?. La pregunta no era retórica: era una interpelación a un gobierno que había llegado con un discurso de transformación estructural, y que, sin embargo, mantenía intacta la maquinaria monetaria de la cual dependía buena parte de lo que quería transformar. El contraste con Milei candidato no era para elogiarlo, sino para señalar una contradicción que el petrismo se negaba a ver: no se puede proclamar el cambio de modelo y al mismo tiempo dejar que los instrumentos del modelo antiguo sigan operando sin cuestionarlos. Igual que Milei presidente.

El verdadero debate no es si debe existir banca central, sino a quién sirve y con qué criterios actúa. Lo que intentaba plantear en tal artículo —en sintonía con las tesis de la Teoría Monetaria Moderna y en particular en El mito del déficit de Stephanie Kelton— era que la inflación colombiana no respondía principalmente a un exceso de demanda sino a choques de oferta, y que en consecuencia la medicina ortodoxa de tasas altas resultaba no solo ineficaz sino contraproducente, pues encarecía el crédito para los sectores productivos, deprimía la inversión real y redistribuía riqueza hacia los tenedores de activos financieros. El remedio no servía, y podía agravar la enfermedad.

El debate de fondo

Tres años después, el ministro de Hacienda Germán Ávila diría exactamente eso en su rueda de prensa de ruptura. La diferencia es que en 2023 aún había tiempo para convertir esa crítica en política. En 2026, apenas queda tiempo para el escándalo.

Petro pudo haber intentado construir un consenso social e intelectual en torno a una pregunta legítima: ¿debe la política monetaria tener entre sus objetivos explícitos el crecimiento y el empleo, como ocurre con la Reserva Federal de los Estados Unidos, o estar exclusivamente atada al control de precios?

El debate que hoy se libra entre acusaciones cruzadas y declaraciones de ruptura pudo haber sido un debate constructivo hace tres años, con propuesta legislativa y tiempo para el escrutinio democrático. Lo que ocurrió el 31 de marzo fue la implosión de una tensión mal administrada. El ministro Ávila calificó a los cuatro codirectores que votaron el alza de “obedecer exclusivamente a los intereses del sector financiero”; y el presidente Petro trinó, desde su cuenta de X, que la Junta “sigue en actitud de matar la economía”.

Quienes defienden a ultranza la autonomía del Banco—y la confunden con soberanía— tienen un argumento histórico con que responder: cada vez que en América Latina un gobierno ha intentado subordinar la banca central a sus prioridades de corto plazo, el resultado ha sido inflación y desajuste cambiario. El argumento es real, aunque incompleto. Pero frente a un Gobierno que llegó sin estrategia monetaria, que esperó casi cuatro años para abrir el debate y lo hizo con un retiro intempestivo de la Junta, ese argumento se vuelve casi irrebatible, además de darle fuelle a la narrativa de la oposición de que Petro quiere demoler la Constitución. Y no porque sea verdad, sino porque su equipo no llegó preparado para el debate.

De momento solo es posible argumentar, en medio del ruido electoral y la superficialidad de las redes sociales, que no se pueden confundir ni homologar la autonomía y la soberanía.