El Gobierno y el Congreso aceleran un plan B ante la agonía de la reforma tributaria

La reforma tributaria para financiar el presupuesto del Estado colombiano en 2026 agoniza en el Congreso. El tiempo pasa entre maniobras que dilatan la discusión en el Senado, mesas conjuntas estancadas y una ponencia negativa de la mayoría de la comisión que estudia el proyecto con el que el Gobierno de Gustavo Petro pretende recaudar 16,3 billones de pesos (unos 4.000 millones de dólares) para cubrir el faltante en sus cuentas. Con todo, la derrota no es total: en paralelo se tramita otro proyecto, conocido como Ley de Reactivación Económica, que se perfila como una alternativa fiscal más viable y que superó el martes pasado el primer debate. La jugada le permitiría a los congresistas no aprobar un alza de impuestos, al Gobierno conseguir recursos y a la oposición celebrar el hundimiento de la tributaria.

Olga Lucía Velásquez Nieto, representante a la Cámara del partido Alianza Verde y coordinadora ponente de ese plan B, explica a este diario que con la ley pretenden recaudar hasta 12 billones de pesos. “Lo responsable es que miremos de dónde sale esa plata, y no que se quede desfinanciado el Estado”, afirma. “La medida busca evitar el cierre de unas 8.000 compañías que hoy están al borde de la quiebra”, agrega. El proyecto incluye alivios tributarios para empresas en crisis, como descuentos del 90% en intereses, multas y sanciones sobre deudas en impuestos, además de mecanismos de conciliación para procesos judiciales. En suma, se trata de reemplazar la usual propuesta tributaria de un alza en impuestos, con incentivos para que los morosos se pongan al día.

Esa medida ya tiene críticos: “Es un mal precedente que se alivie a los morosos sin ninguna consecuencia. Se le dice a los colombianos que no pasa nada con que no cumplan sus obligaciones tributarias, que se esperen tres años para que llegue el próximo alivio”, advierte a EL PAÍS la senadora Angélica Lozano, del partido Alianza Verde (de hecho, la Corte Constitucional ya ha prohibido las amnistías). Además de los alivios, la ley de reactivación trae algunos impuestos, enfocados en sectores muy puntuales y que se pueden defender como correcciones de desigualdades económicas.

Por ejemplo, plantea incrementar del 3% al 6% el cobro a las plataformas extranjeras, como Meta —dueña de Faceboook o Instagram— o Alphabet —dueña de Google—, que venden publicidad digital en Colombia. “La OMS ya habla de una pandemia de salud mental en el siglo XXI avivada por las redes sociales”, argumenta Velásquez. También proponen extender el impuesto del tabaco a los vapeadores, los cigarrillos electrónicos y otros dispositivos con nicotina; o cobrar el 19% del IVA a compras de bajo valor en plataformas como Shein o Temu “para frenar la competencia desleal y estimular el comercio local”, ahonda Velásquez, en su defensa a una iniciativa que apuesta a aumentar el recaudo sin tocar los grandes impuestos ni a la mayoría de contribuyentes.

El déficit, cada vez más abultado

La necesidad de más recursos es clara. El Gobierno ya tiene problemas de caja, y de no prosperar la tributaria, el déficit fiscal podría escalar al 8% del PIB, un nivel sin precedentes en la historia reciente. El deterioro es sostenido y a septiembre sumaba 98,4 billones de pesos (5,4 % del PIB, 27 billones más que hace un año), según datos del Ministerio de Hacienda. Luis Carlos Reyes, primer director de la DIAN bajo el Gobierno Petro, lo resume con crudeza: “Puede suceder por segundo año consecutivo y con una probabilidad clarísima de que no se apruebe la reforma que financie el presupuesto. Es la crónica de una muerte anunciada”, sostiene.

El diagnóstico del economista es lapidario: “En Colombia el presupuesto es percibido como un agujero negro al que le echas plata y no sabes qué tanto se usa bien”. A esa falta de claridad se suma la resistencia política a aumentar más los impuestos. “No vemos voluntad”, lamenta Velásquez, quien señala que los presidentes de las comisiones terceras y cuartas del Senado, que deben aprobar la tributaria, han reconocido que faltan los votos para sacar adelante la ley de financiamiento.

No sorprende. El senador conservador Efraín Cepeda ha sido explícito: “Vamos a hundir en el Congreso la reforma tributaria”, dijo en una entrevista a El Tiempo. La oposición, y los independientes que se oponen a la tributaria, han ejecutado una estrategia dilatoria. Por ejemplo, el 19 de noviembre se convocó una mesa conjunta para discutir el proyecto, pero los dos vicepresidentes de la Cámara, los independientes Daniel Carvalho y Juan Sebastián Gómez, se negaron a firmar. Sin ese aval, la ponencia no puede ser votada, dejando a la tributaria en un limbo, a solo tres semanas de que cierre el Congreso por las vacaciones decembrinas.

El lento naufragio quedó refrendado el viernes, cuando 10 de los 18 senadores de la Comisión Tercera radicaron una ponencia que pide archivar la reforma tributaria. Esa propuesta debe ser la primera en discutirse y votarse en las comisiones económicas conjuntas previstas para este martes, y basta con que esa comisión la apruebe para que el proyecto se hunda. Aunque el oficialismo podría apelar la decisión ante otra comisión, los esfuerzos se agolpan en lo que está más a la mano: el plan B.