La protección de los colombianos en el exterior es prioridad

Esta semana, tras meses de esfuerzos por parte de esta Cancillería, el Gobierno colombiano consiguió la liberación de 17 colombianos, 16 hombres y una mujer, que se encontraban detenidos en Venezuela.

Este resultado no es fortuito. Es el reflejo de una política exterior que entiende que la protección de los colombianos en el exterior no es un favor, sino un deber del Estado y un interés nacional. Cada caso atendido, cada gestión humanitaria, cada diálogo diplomático en favor de nuestros connacionales representa el compromiso de un país que no se desentiende de su gente más allá de las fronteras.

Yo también fui migrante. En los 35 años que viví fuera del país, conocí de primera mano las dificultades y, a veces, la sensación de indefensa que se vive lejos de casa. Por eso creo firmemente que una política exterior dirigida al pueblo debe tener como prioridad acompañar a sus ciudadanos dondequiera que estén. La diplomacia no solo se ejerce en los foros multilaterales o en las grandes capitales; también se expresa en una visita consular, en un llamado a una familia y en el apoyo que se brinda a una víctima en el exterior.

Hoy, alrededor de 20.000 colombianos permanecen privados de la libertad en más de 50 países y territorios. Cada uno cuenta una historia distinta. Sea cual sea la circunstancia, es un interés de nuestro país garantizar que nuestros connacionales —el turista, el estudiante, el empresario, el detenido— gocen de todas las garantías y que, cuando estas no se cumplen, se den soluciones efectivas.

En ese espíritu, la semana pasada, la Cancillería de Colombia anunció la creación del Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y de Protección Internacional. Es la primera vez en la historia del país en la que el bienestar de los colombianos en el exterior ocupa el nivel que merece: no como un asunto accesorio, sino como un interés nacional, tan prioritario como la relación con Estados Unidos o la participación de Colombia en el sistema de la ONU.

Esta repriorización ya ha dado frutos. Lo evidenciamos en la insistencia del presidente Gustavo Petro de que los migrantes colombianos expulsados de Estados Unidos regresaran a su país sin cadenas; en la presión ejercida para lograr la liberación de las dos colombianas que participaron en la Flotilla Global Sumud y, ahora, en la gestión diplomática con el Gobierno en Caracas. En todos esos casos, el Gobierno colombiano actuó con respeto, pero también con firmeza.

Colombia seguirá actuando con humanidad y decisión para garantizar que ningún colombiano en el exterior esté solo, y que la bandera nacional siga siendo, en toda circunstancia, un símbolo de protección y esperanza. Porque proteger a los colombianos no es un acto de caridad: es un mandato de Estado y un imperativo moral.