El argumento de “el pueblo” y el camino del desafío institucional

Es tan grave el rumbo de desafío institucional emprendido por el presidente Petro que la discusión nacional de los días recientes no es otra que si las decisiones del Gobierno de desconocer el mandato del Congreso constituyen un golpe de Estado. La alternativa que en 2022 prometía ser institucionalista y respetuosa de la Constitución ha devuelto al país a discusiones que desde hace décadas parecían superadas.

Pero no es la primera vez que la nación se enfrenta al interrogante sobre un posible incumplimiento de las normas constitucionales por parte del presidente Petro. Hace exactamente un año, cuando el mandatario convocaba a una asamblea constituyente, que afortunadamente no tuvo ningún avance, el Gobierno contemplaba varios caminos para evitar los pasos que reglamentan los mecanismos de participación popular. Petro defendió en aquel entonces esa posibilidad con el argumento de “mirar menos la forma y más el contenido”. De fondo, el presidente justifica la posibilidad de evitar los conductos legales en procesos como el de la constituyente y ahora la consulta popular desde la premisa de que sus decisiones son respaldadas por la ambigua figura de “el pueblo”, que él asume que es unánime y de la cual se proclama un intérprete único.

Pero el llamado al paro nacional convocado por el gobierno nacional –y que luego buscó presentar como un evento esporádico y de origen ciudadano– reveló una realidad muy distinta sobre el respaldo popular que Petro cree irrestricto. Ni los colombianos se tomaron masivamente las calles, como hubiera deseado el presidente, ni los bloqueos se sintieron en la mayoría del país. Mientras tanto, la carta de las movilizaciones populares que tantas veces ha jugado el gobierno para intimidar a instituciones como el Congreso y las cortes sufre el mismo destino de la amenaza muchas veces repetida: cada vez asusta menos y pierde cualquier efectividad a la hora de persuadir.

Este camino de radicalización trae, al mismo tiempo, una pésima consecuencia para el gobierno. Entre más son los ataques y las intimidaciones de Petro contra el Congreso desde las redes sociales y las plazas públicas, más cierra la puerta para el trámite de todo su programa. El futuro de las reformas por cuenta de las cuales Petro buscaba pasar a la historia como un gobernante reformista enfrenta un camino más incierto y oscuro que nunca, mientras los partidos –incluyendo tres que hacían parte de la coalición de gobierno– han rechazado de manera clara la decisión de convocar una consulta por la vía de un decreto, en un contexto en que el presidente emplea un lenguaje crecientemente beligerante contra el Congreso y lo califica de ilegítimo. No se puede amenazar con rupturas institucionales y al mismo tiempo pretender pasar a la historia como un gobierno reformista y transformador de la historia de una nación.

Finalmente, en el curso de la controversia por su abierto desafío a la legitimidad de las decisiones del Congreso, el presidente ha nombrado como ministro de justicia al abogado que ha impulsado sus dos tesis que más han puesto en riesgo el orden constitucional: la de una asamblea constituyente derivada del acuerdo de paz y la de una consulta popular por la vía de un decreto. Este gesto le recuerda al país lo radical que será el último año de mandato de Petro y su abierto respaldo al llamado de quienes piden que el presidente se salte a sus contrapesos. Ante cada oportunidad de escoger el camino de un gobierno moderado y de liderar una amplia coalición, como la que lo apoyó en un principio, el presidente ha preferido el norte del encierro y de la preocupante radicalización.

A estas horas el país político y jurídico debate si tramitar vía decreto una consulta popular constituye o no una conducta propia de un golpe de estado. Lo que queda claro es que, incluso de no serlo, sí estamos ante el repertorio de un líder que cada vez se aleja más de los valores democráticos consagrados por la Constitución.