De la constituyente a la consulta popular

Transcurrió exactamente un año desde que en marzo de 2024 el presidente Gustavo Petro sorprendió al país con un llamado a una Asamblea Constituyente de la que poco se habla ahora. En Colombia pasan muchas cosas en el curso de cada semana y algunos de los grandes debates caen pronto en el olvido. Un año después, el Gobierno ha anunciado una nueva y asombrosamente similar apuesta para empujar su programa luego del hundimiento de su reforma laboral en el Congreso: una consulta popular.

El argumento del presidente es que el Congreso bloquea su agenda, aunque en distintos momentos fue su aliado para la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, la ley de la paz total, y las reformas tributaria y pensional, por solo mencionar algunos visibles ejemplos. Más que un escenario de sabotaje legislativo a un Gobierno reformista, parece ser el caso de una relación mal construida, de lado y lado, con periodos de reencuentro y épocas de crisis profundizadas por las declaraciones desafiantes de los representantes de ambas ramas. A su vez, los voceros del Congreso se defienden y prometen hacer respetar la independencia de la rama. Mientras tanto, queda algo claro de fondo: recomponer las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo será cada vez más difícil en medio del lenguaje de agravios y del tono beligerante que corre desde las dos orillas.

La respuesta a esta crisis no puede ser la pérdida de la comunicación entre dos ramas sobre las cuales funciona la democracia, ni una “ruptura”, como la ha denominado el presidente Petro. La búsqueda de caminos para saltar el trámite legislativo y evitar la discusión definida para los proyectos de ley solo puede leerse como una hora oscura entre dos instituciones que deben retomar el diálogo respetuoso. Entre la inconclusa convocatoria a la Constituyente y el nuevo llamado a la consulta popular hay una amplia distancia jurídica, pero también un innegable rasgo en común. Por medio del anuncio de esas dos figuras, el Gobierno de Petro emprende un rumbo de riesgoso desconocimiento a las instituciones y al sistema de pesos y contrapesos, y busca desde medidas extraordinarias impulsar sus reformas cuando la comunicación con el Congreso se ve fracturada.

Mientras la narrativa dañina contra el Legislativo toma fuerza desde el Gobierno central, los colombianos deben recordar que hace apenas meses el presidente Petro contaba con una amplia mayoría en esa rama. Y que los partidos a los que ahora trata con agravios y acusaciones fueron determinantes para la aprobación de su agenda de reformas y proyectos. A su vez, estas colectividades hasta hace poco hacían parte de la burocracia estatal, con varios de sus representantes nombrados por el presidente Petro en ministerios y entidades clave. Más parece que al petrismo le incomodan los partidos solo cuando no votan por sus proyectos.

El camino de esa ruptura será sumamente complejo y serán muchos los retos que tendrá que superar la consulta popular propuesta por Petro, empezando por el propio desorden conceptual y administrativo de su Gobierno, que en el pasado dejó la promesa de la Constituyente en el incumplimiento absoluto. Esta apuesta arriesgada del presidente Petro parte de una base incierta: que sigue conservando el apoyo de los sectores que inicialmente lo llevaron a la presidencia. Y aun si fuera así, el cálculo es todo menos fácil para el Gobierno, pues el mínimo de participantes establecido por la Constitución para hacer válida la consulta es de 13,6 millones de personas, un número de lejos superior a los 11,2 millones que eligieron presidente a Petro en la segunda vuelta de 2022. Pero más allá de todos los retos, poco le importa a la Administración si este mecanismo puede ser efectivo para conseguir la aprobación de su reforma: cualquier expectativa sobre su futuro, incluso para el propio Gobierno, ha quedado en un segundo plano. Lo que sí ha iniciado en todo sentido para el petrismo, y por lo tanto para la oposición también, es la campaña de 2026 en forma de consulta popular.

Pero no puede ser aceptado que tanto el Gobierno como sus críticos en el Congreso aprovechen esta crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo para pensar en sus campañas y medir sus apoyos. Este enfrentamiento, que a diario revive por cuenta de los discursos y trinos del presidente, solo puede llevar a la pérdida de credibilidad en las instituciones y a la tensión persistente entre estos dos poderes. La salida institucional a esta crisis solo puede ser una: que en vez de los insultos y las acusaciones que se destinan a diario, sus representantes busquen recuperar espacios de diálogo en beneficio de una relación funcional e ininterrumpida entre dos ramas de las cuales depende la democracia.