La corrupción deja en evidencia el fracaso de la reforma al sistema de salud de los maestros colombianos

El fracaso de la reforma al sistema de salud de los maestros colombianos no está en discusión. A casi un año de su puesta en marcha, los cuestionamientos ya no vienen solamente de los opositores. El presidente Gustavo Petro, que promovió el nuevo modelo como un piloto de su reforma a la salud para todos los colombianos, ha reconocido que la corrupción obstaculizó el camino que él ambicionaba para mejorar la atención médica de los 820.000 afiliados de este régimen especial. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), el sindicato que acordó el nuevo modelo con el Gobierno, ha señalado que la crisis es generalizada. “El cúmulo de dificultades ha sido y es enorme”, ha declarado. Ahora, el debate está en las causas y los culpables.

El gran cambio propuesto en 2024 fue eliminar a los 10 operadores regionales que hasta entonces recibían el dinero de los maestros y lo giraban a las clínicas y hospitales. Durante años, los sindicatos los habían acusado de ganar contrataciones amañadas y robarse los recursos con maniobras fraudulentas. El presidente, que llegó al poder en agosto de 2022 con el apoyo de los docentes, prometió eliminar a los operadores para así resolver las dificultades del régimen, una conquista sindical garantizada en una ley de 1989. Quedaron al margen los argumentos de algunos expertos, que señalaban que el sistema tiene otras dificultades estructurales, como una población envejecida y redes pequeñas que impiden un uso más eficiente de los recursos.

El Fondo del Magisterio (Fomag), con una junta de tres integrantes del Ejecutivo y dos de Fecode, aprobó la reforma el 1 de abril del año pasado. Le dio un mes a la Fiduprevisora, una fiduciaria mixta que forma parte del Ejecutivo y maneja los recursos el sistema, para asumir directamente el manejo de las redes de clínicas, laboratorios y médicos, conocidos en la jerga el sector como prestadores. La entidad, sin experiencia en administración de salud, no se adaptó a tiempo y los servicios colapsaron. Las clínicas comenzaron a decirle a los pacientes que debían dirigirse a Fiduprevisora a reclamar por sus cirugías, citas o medicamentos. Los sindicatos, en tanto, aseguraban que el problema estaba en la improvisación de la fiduciaria y no en el modelo.

Las cuestiones más urgentes, como la falta de clínicas, se resolvieron en unas semanas y el revuelo mediático desapareció. Sin embargo, los usuarios vieron pocas mejoras con respecto al sistema anterior. En 2024 hicieron al menos 46.061 peticiones, quejas y reclamos, según un informe del centro de pensamiento Así Vamos en Salud. La cifra, que toma en cuenta informes parciales y puede ser mayor, representa apenas una ligera reducción frente a los 46.359 registros de 2023 y es notoriamente mayor a los 42.339 de 2022 y los 35.945 de 2021. Implica un 70% más de reclamos que la media nacional: 562 por cada 10.000 afiliados, frente a 334 en el sistema general.

Los sindicatos han documentado los problemas. Gloria Nelfi, secretaria de seguridad social del Sindicato de Educadores Unidos de Caldas, comenta por teléfono que los principales son la restricción de servicios por la falta de pago de Fiduprevisora y la escasez de medicamentos esenciales. Cuestiona que faltan manuales tarifarios, que casi no hay auditorías, que la mayoría de los acuerdos con las clínicas son costosos. “Siempre tuvimos problemas, pero hoy son mucho más graves”, asegura.

Augusto Galán, exministro del ramo y director de Así Vamos en Salud, añade que el Fomag gastó en 2024 un 65% más que el año anterior. “Puede que sea un error de digitación, pero no han dado una explicación”, subraya. Le preocupa que no se haya avanzado en mecanismos de gestión del riesgo que permitan actuar de manera preventiva y evitar que los pacientes requieran tratamientos más costosos. “La corrupción que denuncia el Gobierno puede ser un tema, pero no es el único. Hay que trabajar en un sistema que permita un manejo eficiente de los recursos y garantice la sostenibilidad”, remarca.

La corrupción

La crisis volvió al foco mediático tras unas denuncias de casos de corrupción. W Radio señaló a finales de febrero que funcionarios de la Fiduprevisora, cuotas políticas del Partido de La U, pactaron liquidaciones millonarias con los operadores del sistema anterior. El presidente respondió que él había apartado meses antes a John Mauricio Marín de la presidencia de la fiduciaria. Aseguró que su antiguo funcionario es el gran culpable de la crisis. “El modelo que implementó la Previsora es el de Marín, que es el mismo que existía desde hace 10 años (...). Después de sacarlo de la presidencia de la previsora, ahora sí se implementa el modelo de salud que proponemos para Colombia”, dijo.

Aldo Cadena, líder sindical y nuevo vicepresidente de la Fiduprevisora para asuntos del Fomag, respalda esa tesis. En un comunicado, señaló que ha encontrado un sistema sometido a “un saboteo permanente”. Anunció el regreso de los pagos de viáticos a los maestros que deben trasladarse para acceder a los servicios médicos y la conformación de un equipo de abogados para demandar a los prestadores que incumplan. “Se inicia la contratación de nuevos prestadores de manera ordenada, sin favorecimientos, con tarifas justas y verificación de calidad”, declaró. Fecode, por su parte, exigió en un comunicado que las autoridades investiguen las denuncias de sabotaje.

El sindicato también centra sus críticas en la Fiduprevisora. Willy Carmona, vocero y miembro del Comité Ejecutivo, afirma por teléfono que los funcionarios direccionaron los contratos para beneficiar a los mismos prestadores de siempre. “Nada cambió. Adaptaron el entramado al nuevo modelo”, dice. “Les pagan rápido a los prestadores anteriores, mientras dilatan los pagos de los que no están en esa estructura, para que desistan”, añade. Según él, los servicios solo han mejorado en hospitales de alta complejidad, ajenos a las redes clientelares. Reconoce que el Gobierno tiene responsabilidades por sus nombramientos en la Fiduprevisora y señala que “no ha sido efectivo” en desmontar la estructura de corrupción más allá de Marín.

Victoria Avendaño, miembro del Comité Ejecutivo y parte de una disidencia crítica del Gobierno, pide que se convoque a un paro general. “No nos pueden seguir diciendo que el fracaso es porque hay una serie de corruptos, como si el Gobierno no pudiera hacer nada. Si saben cuáles son los corruptos, deben castigarlos y resolver el problema”, apunta en una llamada. Recuerda que hay otras carencias, como la falta de auditorías y de redes consolidadas de prestadores. Es crítica con sus compañeros del Comité Ejecutivo: considera que solo sacaron el comunicado porque la presión de los sindicatos regionales y las denuncias mediáticas ya era insostenible.

Una fuente en la Fiduprevisora, en tanto, comenta por teléfono que el Gobierno y Fecode aprobaron las contrataciones de los nuevos prestadores y que no tenían muchas opciones en medio de una transición desordenada. “Entendieron que había que priorizar la continuidad del servicio”, enfatiza la fuente, que prefiere mantener su identidad bajo reserva para evitar represalias. Reconoce que el sistema es propenso a la corrupción, pero dice que sus antiguos compañeros y jefes no son los únicos responsables. “El Gobierno también lo es. Crear el contexto para que haya corrupción también es un acto de corrupción”, remarca.