Las deudas acumuladas sacuden con fuerza a las electrificadoras públicas de Colombia

Puerto Carreño (Vichada), capital fronteriza con Venezuela, quedó sumida en la oscuridad durante 20 horas el pasado 2 de enero. La situación no suscitó mayor sorpresa. Electrovichada, la energética público-privada local, ya tiene habituados a sus casi 20 mil habitantes a las caídas del servicio. Basta revisar las quejas en la red para cotejar los líos del caluroso y húmedo municipio de la Orinoquía. Tras el corte masivo se hallaría el retraso del Gobierno de Gustavo Petro en el giro de los subsidios oficiales que le corresponden a la compañía eléctrica. Por esto, la Procuraduría abrió una indagación el viernes contra funcionarios del Ministerio de Minas y Energía.

Las deudas acumuladas desde la crisis del Covid-19 agobian a la mayoría de empresas energéticas en Colombia. Un quebradero de cabeza. Primero, para miles de usuarios que padecen desde entonces los estragos de un mal servicio y el encarecimiento de las facturas. Pero también para un puñado de energéticas que prestan el suministro con las uñas, casi todas públicas y en la Colombia periférica o rural. La crisis, caben pocas dudas, está estratificada. “El 45% del déficit total de los subsidios se genera en la costa Caribe”, asegura José Camilo Manzur, presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (ASOCODIS).

Se trata de una región con una bomba de tiempo entre las manos. La privada Air-e, una de las dos operadoras caribeñas, está en proceso de intervención estatal. La decisión sobre su futura liquidación, o salvamento financiero, hoy se halla en poder del Gobierno. Por su parte Afinia, que es pública y complementa la cobertura en los demás departamentos costeros, absorbe buena parte de los impagos de los usuarios y del Estado: “El riesgo es mayor en la región Caribe porque concentra casi la mitad de las deudas. Y el caso más crítico es el de Afinia, que ya se ha mencionado públicamente”, detalla Manzur sobre una compañía del grupo Empresas Públicas de Medellín.

La deuda total con las energéticas cerró 2024 en una cifra cercana a los 7 billones. De ellos, el 60% es déficit público. A saber: 3,3 provienen de la denominada ‘opción tarifaria’, un subsidio decretado por el Gobierno de Iván Duque durante la pandemia para aliviar el bolsillo de los usuarios. Otros 2,7 se concentran en subsidios represados por la actual Administración. Organismos y entidades oficiales adeudan el billón restante. Un escenario que ha desnudado viejas fragilidades de las más pequeñas energéticas de gestión departamental, como es el caso de la Empresa de Energía del Amazonas, la Empresa de Energía del Putumayo, Electrohuila o DISPAC, en el Chocó. “Cuando uno mira, las distribuidoras o comercializadoras públicas están ubicadas en su mayoría en las regiones donde la prestación del servicio es mucho más compleja. O el nivel socioeconómico de los usuarios de estratos bajos es más extendido”, explica Julio César Vera, presidente de la fundación Xua Energy.

Todas las empresas gestionadas por la Nación están en vilo, sugiere Jorge Valencia, asesor en proyectos de energía. “No está entrando la plata suficiente a la caja de las compañías para que puedan funcionar. Pero el problema de las empresas públicas no es de esta crisis. La razón fundamental es que sus condiciones comerciales, de contratos de largo plazo, o de crédito, las deja en una situación delicada”, dice. Su discurso reincide en las características de mercados que dificultan la gestión financiera. Las limitaciones en poblaciones vulnerables, como en una espiral, inciden sobre la prestación del servicio. Las tarifas suben para tapar las deudas. Y el proceso de compra de energía se vuelve más engorroso porque los precios son muy altos.

El problema, recuerda más de un analista, es que se trata de distorsiones dentro de un mercado a cargo del suministro de un servicio básico fundamental. “Lo cual implica que el Estado tiene mayor compromiso de cumplir con los subsidios. Porque los problemas de ilicitud, de falta de pago y cartera de las entidades locales y regionales son mayores”, precisa Vera. Un punto que ha dado pie para que el presidente, Gustavo Petro, dispare todo tipo de críticas. El pasado 12 de diciembre, de hecho, anunció un decreto que limitará el mercado en la Bolsa de Valores de Colombia del 20% que se transa hoy al 5% –el resto se negocia a través de contratos bilaterales–.

Una receta para atajar, en teoría, los caprichos de la ruleta bursátil. Un universo que se rige por imprevistos como las sequías. “Lo que estoy señalando es que el margen para manejar tarifas elevadas, que actualmente es del 20%, afecta principalmente a la población del Caribe, ya que las distribuidoras, como Air-e, no venden en contrato, sino en bolsa, a través de una cadena de intermediarios, conocidos como comercializadores, que yo creo que muchos están vinculados a políticos que votaron en contra de la reducción de las tarifas eléctricas”, denunció el mandatario de izquierdas.

Y si bien las reservas del presidente hacia las compañías privadas son conocidas, por lo pronto no ha aportado ninguna fórmula para sacar del precipicio a las energéticas públicas. “Sus problemas de acceso al mercado en Bolsa las deja en una posición crítica. Y la situación es peor aún en zonas que no están interconectadas. Muchas empresas no son de la Nación, sino de entidades de carácter regional cuya debilidad financiera es más profunda”, abunda Vera. ¿Qué soluciones hay a la vista? “A corto plazo hay que fondear la caja de las empresas, pero no a costa de los usuarios ni del sector”, concluye Jorge Valencia, “también habría que encontrar soluciones de largo plazo, dando mayor cobertura a los contratos. Para que las tarifas bajen, y la gestión sea eficiente, es fundamental que los operadores recuperen las perdidas”.