El Gobierno, a ley de quiebras

Cuando una empresa, en este caso el Estado, no tiene con qué pagar las cuentas de sus acreedores, el insolvente debe dirigirse a un centro de conciliación autorizado y presentar, en condición de deudor, un informe que indique las causas específicas que lo llevaron a la cesación de pagos, que según el Gobierno es la negativa del Congreso a la Ley de Financiamiento. En realidad, lo que buscaba una reforma tributaria pidiendo la bobadita de 12 billones de pesos, aunque en su última versión solo recogería 3 billones en nuevos recursos, fue un esfuerzo del MinInterior para aprobar la ley que el Parlamento no se tragó; los mandaron al carajo.

El exministro Juan Camilo Restrepo, quien sabe de la vaina, dice que el Gobierno le está quedando mal a todo el mundo en los pagos y que el problema de caja del Ejecutivo es descomunal e inédito en la historia del país. Pidió no continuar echándole la culpa a la Ley de Financiamiento. Ese es el obstáculo principal para la aprobación del acuerdo de acreedores consistente en que nadie distinto al Gobierno acepta que las causas específicas de la cesación de pagos sea la no aprobación de la mal llamada Ley de Financiamiento. Se necesita reconocer que no hay plata para atender las obligaciones que son superiores a los 30 billones de pesos.

Como si fuera poco la falta de plata, con el aumento del salario mínimo, el Gobierno se dio un tiro en el pie, al darle un golpe a los empresarios con un aumento desmesurado en términos reales de los salarios de sus empleados. Como bien lo explica el profesor Kalmanovitz, la política de aumentar salarios por encima de la productividad estimula a algunos empresarios a operar en la informalidad. Ahí no se paga el mínimo ni las prestaciones sociales, que significa una carga por pensión del 12%, salud de 8,5%, prima anual de 8%, intereses de cesantía que carga un interés anual del 12% y cajas de compensación 4%. Todas las prestaciones, incluidas las vacaciones, representan el salario base multiplicado por 2,57. El aumento del salario mínimo afecta proporcionalmente la carga prestacional de las empresas que enfrentan el débil crecimiento de la demanda. La consecuencia del aumento desproporcionado del mínimo es que muchas de las pequeñas y medianas empresas (panaderías, peluquerías, etcétera) que son vulnerables quebrarán ante las medidas de Petro.

Uno sin plata y con un generoso aumento del salario mínimo es que la nómina oficial sube y aumenta la asfixia fiscal que padece. En efecto, el déficit fiscal de 2024 alcanzó el 5,6% del Producto Interno Bruto, nivel preocupante para los que compran bonos emitidos por el Gobierno que terminan desvalorizados.

Ese es el mapa terrible que enfrenta el gobierno Petro para torear la quiebra. La respuesta de la Administración para superar la crisis, en boca del “economista” director de Planeación Alexander López, es que acogerse a la ley de quiebra no pegó. Van a presentar nuevamente la reforma tributaria “en donde los que tienen más paguen los impuestos para que sectores vulnerables reciban el apoyo del Estado”.

Sin plata y con inseguridad rampante nos cogió el final del 2024. Dios nos tenga de su mano.