La Cancillería abre un proceso disciplinario contra el cónsul de Colombia en México, Andrés Hernández, y le solicita que reintegre 12.750 dólares

La Cancillería de Colombia ha anunciado en la mañana de este jueves la apertura de un proceso disciplinario contra el cónsul en Ciudad de México, Andrés Hernández. La investigación a cargo de la oficina de control interno del Ministerio de Relaciones Exteriores se da después de las revelaciones de EL PAÍS sobre varios casos de presuntas estafas de Hernández a una subalterna y a otros conocidos. La Cancillería también tuvo en cuenta las denuncias de misoginia, negligencia y acoso laboral publicadas por este diario. “La entidad ha requerido al funcionario para que de las explicaciones correspondientes por las denuncias y presuntas faltas que se hayan cometido en las situaciones en las que se ha visto involucrado y han revelado los medios de comunicación recientemente”, se lee en el comunicado de prensa del Ministerio, que encabeza Luis Gilberto Murillo.

En el comunicado, la entidad anuncia que la investigación deberá establecer “responsabilidades y presuntas faltas por parte del Cónsul de Colombia en Ciudad de México por los hechos conocidos públicamente en días recientes”. La Cancillería anuncia, además, que le ha solicitado al cónsul “el reintegro de los recursos destinados a la contratación de un especialista en derechos humanos, debido a que dicha contratación se realizó sin la autorización previa de la Entidad”. EL PAÍS conoció que Hernández utilizó 12.700 dólares (cerca de 56 millones de pesos colombianos) para ese proceso de contratación sin una aprobación previa necesaria. Esa irregularidad impidió que la oficina administrativa le diera el paz y salvo requerido para entregar el cargo cuando fue destituido por el Consejo de Estado por falta de experiencia diplomática. Meses después, cuando el presidente Gustavo Petro lo volvió a nombrar en el cargo, Hernández seguía con esa deuda de dinero público, que la Cancillería hoy revela que se mantiene.

El caso se debe a que el cónsul general, el cargo de Hernández, es el ordenador y el responsable del gasto en el consulado. EL PAÍS reveló un documento interno que muestra el manejo inadecuado de los recursos públicos, pues ya en julio la Cancillería le había solicitado formalmente la devolución del dinero: “Se solicita el reintegro de los recursos, dado que la oficina consular manifiesta que no cuenta con la autorización por parte de la Dirección Administrativa y Financiera, incumpliendo con lo establecido en el parágrafo 4, del artículo 8 de la resolución 1134 del 2022″, se lee en el documento.

Sobre ese asunto, Hernández argumentó a EL PAÍS hace unos días que la Cancillería le giró una partida presupuestal que incluía los recursos para contratar a un profesional especializado. “Se contrató durante tres meses a un abogado para atender la ola de trata de personas y migratoria”, señaló, “Pensé que si nos daban la plata ya se podía usar sin necesidad de permisos. Ese tema está en revisión. Estamos a espera de una contestación a ver si hay que reintegrar el dinero, que me tocaría sacar de mis recursos”, dijo en ese entonces.

Fuentes de la entidad le confirmaron a EL PAÍS que la Cancillería también le solicitó al cónsul que debía devolver el dinero que le debe a Sonia Cuesta, una antigua funcionaria del consulado y subalterna de Hernández que le confió sus ahorros de toda la vida para que le hiciera una transferencia bancaria. El cónsul, a quien Cuesta ha denunciado por estafa por este hecho, se comprometió en entrevista con W Radio a entregar los 80 millones de pesos que debe antes de terminar el mes de octubre, pero aún no ha pagado.

Ante el anunció de la investigación, Hernández ha asegurado en sus redes sociales que explicará lo sucedido. ”Agradezco a la Cancillería por abrirme proceso disciplinario para poder aclarar todo lo relacionado con mis labores como cónsul en México, labores y decisiones que están sustentadas y soportadas documentalmente. No habrá más pronunciamientos”. Hasta el momento, el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado sobre las conductas indebidas de quien fuera su jefe de prensa durante más de seis años.