Una anulación anunciada: la justicia deja en jaque al operador público de buses de Bogotá, ‘La Rolita’

Justo cuando La Rolita, el operador público de buses eléctricos de Bogotá, deslumbraba a nivel internacional por su modelo de sostenibilidad y enfoque de género, le cayó un baldado de agua fría. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha confirmado una sentencia de enero de 2022, que declaraba la nulidad la autorización que dio el Concejo a la Alcaldía de Claudia López (2020-2023) para crear la empresa. Encontró que no presentó los estudios previos que exige la ley. Ahora, la Administración de Carlos Fernando Galán anuncia que quiere mantener la empresa que administra 11 rutas de buses que benefician a 21 barrios del sur de Bogotá y el único cable aéreo que tiene la capital. Así lo aseguró el alcalde a través de su cuenta de X en la noche del jueves: “Vamos a estudiar las distintas alternativas jurídicas y administrativas frente al fallo de nulidad del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y haremos lo necesario para corregir los errores que se hayan cometido en la creación de La Rolita en la pasada administración”.

Está en juego el servicio que moviliza a 35.000 personas al día y el trabajo de cerca de 600 empleados. El 59% de sus 457 conductores son mujeres, de las que, a su vez, 43% son madres cabeza de familia, de acuerdo con los datos de la última Rendición de Cuentas. María Fernanda Ortiz es gerente de la estatal TransMilenio, propietaria en un 80% de la operadora. Sostiene que de momento seguirán funcionando los servicios de los que se encarga La Rolita . Los caminos a tomar ahora, sin embargo, son difíciles.

Darío Hidalgo, profesor de Transporte en la Universidad Javeriana, asegura que La Rolita tendría que suspender operaciones a menos de que el Concejo vuelva a autorizar su creación antes de que se implemente la sentencia. Para eso, la Alcaldía debería volver al Concejo, ahora con los estudios. “El Concejo debatiría y votaría la aprobación, pero eso toma tiempo”, dice. Mientras tanto, el Distrito debería transferir la operación del sistema a un tercero, declarando la urgencia manifiesta. Heidy Sánchez, concejal opositora del izquierdista Pacto Histórico ve complejo el panorama en el cabildo. Y no solo por conseguir los votos a favor, sino porque ya están en fila proyectos como la aprobación del presupuesto para 2025.

El debate sobre la aprobación viene de tiempo atrás. Claudia López, la primera mujer en ser electa alcaldesa de Bogotá, incluyó en su proyecto de Plan de Desarrollo la autorización para que la alcaldía creara un operador público de transporte en una ciudad donde los privados son los dueños de los buses. Se trataba de un viejo anhelo de muchos bogotanos, críticos de la operación privada visible especialmente en el sistema masivo, el Transmilenio. Una vez el Concejo aprobó el Plan, la Alcaldía emitió un decreto con el que constituyó la Operadora Distrital de Transporte, bautizada por López como La Rolita.

Desde entonces, la empresa opera las rutas de una de las 13 zonas en las que se divide la operación de la mayoría de buses de la ciudad, conocido por su nombre técnico del Sistema Integrado de Transporte Público, o SITP. La Rolita entró a reemplazar a un privado que quebró, pues ningún otro operador privado quiso asumir la zona. La flota no sería cualquiera: La Rolita se estrenó con 195 buses eléctricos –de los 1.485 que tiene el SITP – y con conductoras mujeres. Esto era una novedad: en ese momento, solo el 1,4% de los conductores del SITP eran mujeres. No solo buscaba crear empleo femenino en un sector masculinizado, sino mejorar la calidad del servicio. También reducir la siniestralidad: el 71,3% de los 20,6 millones de comparendos relacionados con seguridad vial impuestos en Colombia entre 2010 y 2021 fueron impuestos a hombres.

En plena preparación para esas metas vino el primer problema. Los abogados Felipe Bastidas Paredes y Germán Calderón España demandaron la nulidad del artículo del Plan de Desarrollo que autorizaba a crear La Rolita. Calderón España es un litigante conocido: solo en los últimos meses representó a la Cancillería en la conciliación con Thomas Greg & Sons por el contrato para los pasaportes y tuteló al presidente Gustavo Petro por llamar “muñecas de la mafia” a las periodistas.

Los demandantes argumentaron que el artículo era ilegal porque violaba la ley 152 de 1994, que obliga a los alcaldes a elaborar su plan de desarrollo conforme al plan de gobierno que presentaron como candidatos, y la ley 489 de 1998, que establece que la creación de entidades descentralizadas requiere un estudio que justifique la iniciativa.

El 19 de enero de 2022 el Juzgado Sexto Administrativo de Bogotá falló a su favor. El Distrito apeló y avanzó con la creación de La Rolita, que estuvo lista a finales de 2022. En diciembre de ese año, la empresa privada de energía Enel compró el 20% de las acciones de la empresa, con lo que La Rolita se convirtió en una empresa de economía mixta que finalmente también se encargó del cable aéreo de Ciudad Bolívar.

En febrero de este año, este último ajuste prendió alarmas. La Rolita informó que un juez estudiaba una acción popular que discutía la legalidad del contrato para operar el cable. La entonces concejal y hoy directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio, Lucía Bastidas, y una líder vecinal de Ciudad Bolívar argumentaron que se debió licitar la operación. En junio, La Rolita propuso terminar anticipadamente el contrato para administrar el cable y garantizar su funcionamiento mientras se sacaba un proceso público para adjudicar el contrato.

Apenas unos meses después de ese golpe legal, el Tribunal de Cundinamarca le quita el piso entero a la empresa. Los magistrados encontraron que la Alcaldía no aportó un estudio que demostrara que crear un operador era mejor que otras opciones. “No puede aceptarse que se promuevan entidades descentralizadas por capricho, de afán, improvisadas, sin respaldo fáctico, jurídico, financiero y técnico”, dice el fallo, que no puede ser apelado. Sobre el argumento práctico de que la nulidad afectaría el transporte en la ciudad, el Tribunal indica que la responsabilidad no es suya. “El Concejo Distrital no puede pretender trasladar a la Rama Judicial, la consecuencia de sus trámites ilegales, que solo le corresponden asumir a esa Corporación Pública y a la Alcaldía Mayor”. Además, el Tribunal niega la solicitud de la Alcaldía de dar un plazo de dos años para subsanar el presunto vicio y entregar los estudios.

No solo la administración Galán está en alerta, sino también los exfuncionarios de Claudia López. Deyanira Ávila, quien fue secretaria de Movilidad, ha alegado en que la sentencia desconoce la jurisprudencia. Nicolás Estupiñán, quien antecedió a Ávila en el cargo, lamentó la decisión. “La Rolita es todo lo que está bien. Inclusión femenina en empleo formal, con capacitación y reconversión de habilidades. Transporte eléctrico, limpio, cero emisiones. Cobertura en zonas donde los privados en el pasado no quisieron estar. Es muy triste cuando la política destruye empleos y rompe los sueños”, publicó en X. Algo similar opina el experto Darío Hidalgo, que asegura que el debate tiene un trasfondo ideológico. “Los operadores privados sí sintieron que esto podría ser una amenaza al futuro de su operación. Hay un interés por la no existencia de La Rolita”, afirma a este diario.

Para la concejal Sánchez, se puede perder un avance en transparencia clave para la ciudad, pues con un operador público el Distrito pudo conocer directamente cuáles son los costos de operación del sistema de transporte, lo que le permite cotejar la información que entregan los operadores privados para negociar su remuneración. También deja sobre otros ecos legales, como las acciones legales que pueda tomar la multinacional Enel o la posibilidad, que ha alertado el concejal Humberto ‘Papo’ Amín (Centro Democrático) en conversación en con La W, de que la Contraloría evalúe un posible detrimento patrimonial.