Un juez del Putumayo ordena enviar de la cárcel a la casa a los 24 militares imputados por la masacre del Alto Remanso

Un juzgado de Puerto Asís (Putumayo) ha revocado este miércoles la medida preventiva que tenía en la cárcel a 24 militares que participaron en un operativo militar en la vereda Alto Remanso, en marzo de 2022, que terminó con la muerte de 11 personas, incluyendo al menos ocho civiles. EL PAÍS revela la decisión del Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de la ciudad amazónica, que da la razón a las críticas que hizo la defensa de los uniformados contra una decisión de agosto pasado, en la que otro juzgado de menor rango había enviado a prisión a los militares. Con la nueva decisión, los militares seguirán siendo procesados, pero deberán ser liberados de las cárceles en las que algunos estaban recluidos, para mantenerse en sus domicilios.

El caso al que se refiere ocurrió el 28 de marzo de 2022, cuando el Ejército abrió fuego en medio de un bazar comunitario que se desarrollaba en la vereda Alto Remanso del municipio de Puerto Leguízamo, en plena frontera entre Colombia y Ecuador. Luego del hecho, las autoridades aseguraron que habían dado de baja a 11 integrantes de los Comandos de la Frontera, un grupo armado adscrito a una de las disidencias de las FARC que opera en el territorio. Sin embargo, la comunidad reclamó que varios de ellos eran civiles. Dos años y decenas de pruebas judiciales después, la Fiscalía les dio la razón: imputó a los 24 militares el delito de homicidio en persona protegida en una audiencia, en la que confirmó que por lo menos ocho de los muertos no pertenecían a ninguna estructura ilegal.

Este diario ya había revelado, en agosto pasado, los pormenores de las casi 19 horas de diligencia judicial en la que el fiscal Luis Alfonso Cabezas destapó sus cartas contra un coronel, un capitán, un teniente y 17 soldados profesionales que participaron de la operación militar. En principio eran 25 investigados, pero uno de ellos falleció. Esa misma semana, el juzgado de Puerto Leguízamo avaló la imputación de los cargos y les impuso medida de aseguramiento preventiva mientras avanzaba la investigación. Ninguno de los uniformados ha aceptado los cargos.

En la nueva decisión, el juez segundo promiscuo del circuito ha determinado que, para enviarlos a la cárcel, el juez promiscuo municipal omitió “aspectos relevantes y particulares que podrían haber variado la decisión sobre la medida a imponer, como por ejemplo, que solo dos de los veinticuatro imputados dispararon durante el desarrollo de la operación, que arrojó como resultado las muertes y lesiones de personal civil, pero también de personal militar”.

Y añade que “en la decisión judicial de primera instancia no se tomaron en cuenta otros aspectos reseñados por la bancada defensiva -obviando argumentos o circunstancias como el contexto de la operación en la selva y las condiciones específicas del escenario, la posibilidad de participación directa en la ejecución de la operación-, razón por la cual no debieron ser tratados de manera uniforme o indistinta, sino particular e individualizada”.

Dos años a la espera de la justicia

El operativo militar investigado ocurrió el 28 de marzo de 2022, luego de tres días de celebración en un bazar comunitario. Iba dirigido contra Carlos Emilio Loaiza, conocido como Bruno y a quien las autoridades señalaban de ser el responsable de las finanzas de los Comandos de Frontera. Sin embargo, el disidente no fue capturado ni dado de baja: de acuerdo con el fiscal del caso, el Ejército tuvo información de inteligencia antes del operativo que confirmaba que Bruno no estaba en la vereda. Sin embargo, el vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de ese territorio fue señalado por los militares de ser el disidente.

Una de las revelaciones más importantes de la Fiscalía en la audiencia de imputación es que el Ejército abrió el fuego en medio de las 50 personas que se encontraban en la vereda. Ello desmiente la versión que en 2022 entregaron el Ejército y el Ministerio de Defensa, en cabeza de Diego Molano, de que los militares respondieron a disparos. Según el acusador, los militares hicieron más de 1.600 disparos y detonaron 14 granadas.

El proceso judicial de la que sería la masacre cometida por militares más grande en la historia reciente de Colombia ha avanzado a paso lento, en parte, por las dilaciones de la defensa. La audiencia de imputación, que se programó inicialmente para el 1 de agosto de 2023, solo se realizó un año después. Los militares solicitaron que su caso pasara a la Justicia Penal Militar, un debate que zanjó la Corte Constitucional el pasado 10 de abril. Después, la diligencia fue programada para el 25 de junio pasado, pero el abogado defensor del coronel Néstor Andrés Cadena, comandante del batallón encargado del operativo, pidió un aplazamiento porque tenía programada otra diligencia para ese día. Y el 17 de julio pasado, cuando inició finalmente la diligencia, el mismo penalista presentó una excusa médica y una orden de cirugía de rodilla que, según él, le realizaron apenas horas antes de la audiencia. Era la tercera solicitud de aplazamiento. Para la jueza que ordenó la prisión de los militares, en todo ello hubo “algo dilatorio al desarrollo normal de las audiencias”.