La Fiscalía imputa a 24 militares por la masacre de Alto Remanso, Putumayo: ocho de las víctimas eran civiles

El proceso judicial contra 24 uniformados por las irregularidades del operativo militar en la vereda Alto Remanso (Putumayo), llevado a cabo el 28 de marzo de 2022, está estancado hace un año desde que la Fiscalía ordenó llevar a cabo la imputación de cargos por el homicidio de 11 personas. Aunque el ente investigador tiene listas las pruebas desde agosto pasado, la diligencia se dilató por once meses. EL PAÍS conoció la audiencia reservada, que duró dos días, en las que el fiscal Luis Alfonso Cabezas expuso sus razones para imputar los delitos de homicidio en persona protegida y tentativa de homicidio. Ninguno de los militares aceptó los cargos.

Los imputados son un coronel, un capitán, un teniente, cuatro suboficiales y 17 soldados profesionales. En principio eran 25 militares investigados, pero uno de ellos falleció. Una de las revelaciones más importantes de la Fiscalía apuntó a que el Ejército fue el primero en abrir fuego en medio de población civil en la vereda Alto Remanso, lo que desmiente la versión oficial que en su momento entregó el Ejército y el Ministerio de Defensa, en cabeza entonces de Diego Molano durante el gobierno del expresidente Iván Duque. “El lunes 28 de marzo, sobre las 7:13 a.m. se impartió la orden para que el tirador de alta precisión realizara el primer disparo en el caserío donde estaban transitando 50 personas civiles”, dijo el fiscal Cabezas. La Fiscalía también argumentó que, entre las 11 víctimas mortales ese día, al menos ocho de ellas eran civiles.

El operativo militar investigado ocurrió el 28 de marzo de 2022, luego de una celebración de tres días en un bazar comunitario. La versión oficial apuntaba a que iba dirigido contra Carlos Emilio Loaiza, conocido como Bruno, y a quien las autoridades señalaban de ser el responsable de las finanzas del grupo armado Comandos de Frontera, disidencias de las FARC al mando de Iván Márquez. Sin embargo, el disidente no fue ni capturado ni asesinado ese día. De acuerdo con el jefe investigador, el Ejército tuvo información de inteligencia militar que confirmaba que Bruno no estaba en la vereda al momento del bazar, sin embargo, el vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de ese territorio, fue señalado por los militares de ser el disidente.

En medio de la diligencia, el fiscal fue contundente con ese hecho. “El señor fue golpeado y fue obligado a que manifestara que él era alias Bruno (...) en ese momento él tenía la condición de vicepresidente de la comunidad. Gracias a Dios en ese momento él sacó su cédula de ciudadanía, y se identificó con ellos, y gracias a Dios, su esposa junto a sus hijos menores, llorando, suplicaban que no le pegaran más porque él no era Bruno”. En su momento, el ministro de Defensa, Diego Molano, calificó como “exitosa” la ofensiva militar en la que el Ejército había abatido a 11 integrantes del grupo armado. Después, una investigación periodística de los medios El Espectador, Cambio y Vorágine, se reveló que, entre los muertos, había varios civiles a quienes el Ejército buscó hacer pasar como guerrilleros.

En la audiencia, el fiscal reveló que los militares dispararon durante dos horas y media contra la población. El primer disparo, según la investigación, comenzó a las 7:13 a.m. y terminó a las 9:45 a.m. Aunque en el bazar había, en ese momento, 50 personas civiles, el Ejército gastó 1.597 cartuchos calibre 5,56 × 45 mm; 32 cartuchos calibre 7,62 × 39 mm; nueve granadas de 40 milímetros y cinco granadas de mano. Es decir, para un operativo militar contra una población que no sobrepasaba las 100 personas, las Fuerzas Militares hicieron más de 1.600 disparos y detonaron 14 explosivos. Cabezas también se refirió a la retención de la población por más de seis horas en la mitad de la cancha de fútbol, y aseguró: “Estamos hablando de una comunidad que estaba integrada por mujeres y niños y limitaron el derecho fundamental a la locomoción”.

La defensa de las víctimas intervino para solicitarle al fiscal que también se imputaran los delitos de desplazamiento forzado y tortura, porque después del operativo, 50 personas habrían estado retenidas en la cancha principal por al menos seis horas. Además, por los hechos que relató el ente investigador sobre el vicepresidente de la Junta de Acción Comunal al que el Ejército le habría pedido que se declarara como integrante de los Comandos de la Frontera. Sin embargo, la petición no prosperó.

Los cinco equipos militares implicados

De acuerdo con el expediente de la Fiscalía, al operativo se desplegaron cinco equipos de militares, entre integrantes del Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, que empezaron a llegar al terreno 11 días antes para labores de inteligencia. El primer equipo, según C, estaba dirigido por el sargento segundo Michael Andrés Quiñonez Mendoza. También estuvo integrado por los soldados Dairo José Arboleda (el francotirador), Franky Fabián Hoyos Pérez, Jhon Fredy Hoyos Quiñonez y Jeisson Rico Soto. Su labor era “mantener la visual sobre el caserío en el que presuntamente había combatientes del Gaor 48″ (Comandos de la Frontera).

El segundo equipo estaba liderado por el teniente Julián Ernesto Ávila Martínez y estaba conformado por los soldados Róbinson Beleño Herrera, Yeison David Becerra Gutiérrez, Maycol Mauricio Abril Hernández y Yeison Andrade Rivera Holguín. Su labor, según el ente investigador, era bloquear y emboscar el sector. El tercer equipo fue comandado por el cabo primero Wilson Andrés Santamaría Ramos y lo acompañaron los soldados Fernando Anama Escobar, Carlos Alberto Perdomo Romero, Luis Ángel Núñez Peña y José Alexánder Villa Rico. Su función era “asegurar, bloquear y observar movimientos en el caserío de presuntos integrantes del grupo armado”.

Otro equipo, dirigido por el cabo primero Wilmer Leonardo Rodríguez Arango e integrado por los soldados Wilmer Mosquera Poscué, Jhon Félix Badel Correa, Santander Licona Ramos y José Efraín Lectamo Yalanda tenían como función “emboscar el lado suroccidente del caserío y avisar de eventos significativos”. El último equipo lo comandaba el capitán Jorge Erney Marroquín Cadena y participaron también el sargento segundo Gabriel Pérez Morales, quienes junto a los soldados Edinson Javier Esteban Aguiar y Danilo Quintero Urrea tenían como misión “asegurar y bloquear la zona, manteniendo el mando y control de los dispositivos”. Este grupo, además, era el que tenía comunicación directa con el comandante del Batallón contra el Narcotráfico No. 3.

La Fiscalía aseguró que el mando y control del operativo la tuvieron el teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista y el capitán Jorge Erney Marroquín Cadena. Después de casi 19 horas de diligencia judicial, la jueza avaló la imputación de cargos del ente investigador por los delitos de homicidio en persona protegida y tentativa de homicidio. Ninguno de los militares aceptó los cargos y varios de ellos afirmaron que no entendieron la imputación”. Lo que queda definir, por ahora, es la medida de aseguramiento que deberán cumplir mientras avanza el proceso de juicio.

Un juicio que ha tomado más de lo esperado

En la audiencia del miércoles 17 de julio, el abogado del teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, comandante del batallón que ejecutó el operativo en el que murieron civiles, presentó una excusa médica y una orden de cirugía de rodilla que, según él, le realizaron apenas horas antes de la audiencia. Fue la tercera solicitud de aplazamiento que radican.

Un día antes, el 16 de julio, Cadena Bautista, -el militar de más alto rango que está siendo investigado por este caso-, ya había presentado excusas médicas alegando problemas de rodilla diagnosticados en 2014. También alegó problemas de salud mental que, según él, le impedían rendir cuentas ante la justicia. En la misma diligencia, afirmó que su abogado, Pedro Páez Pirazán, “no representaba sus intereses”. Con esta última afirmación buscó que se aplazara la audiencia, una vez más, mientras conseguía un defensor de su confianza. La jueza negó sus solicitudes y pidió a la Fiscalía que comenzara con la imputación.

Esta era la tercera citación que hacía el Juzgado Penal Municipal de Puerto Leguízamo. La segunda estaba fechada para el 25 de junio pasado, pero el mismo abogado Pedro Páez Pirazán, quien representa al coronel Cadena, pidió aplazamiento porque para ese día ya tenía programada otra diligencia. Antes de eso, la fecha original era el 1º de agosto de 2023, pero tampoco se llevó a cabo porque los mismos militares solicitaron que su caso saliera de la justicia ordinaria y fuera investigado por la Justicia Penal Militar. El caso llegó hasta la Corte Constitucional, quien decidió el pasado 10 de abril que el expediente seguiría en la Fiscalía.

Ante las múltiples solicitudes de aplazamientos, la misma jueza alegó que, desde que la Fiscalía radicó la solicitud de imputación y medida de aseguramiento, se han dado “varias circunstancias que el despacho hoy considera como algo dilatorio al desarrollo normal de esta clase de audiencias”.

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