Iris Marín, defensora del Pueblo de Colombia: “Las negociaciones de paz no han mejorado la situación de vida de la gente”

El pasado 8 de agosto, Iris Marín (Bogotá, 47 años) tomó un directorio con todos los contactos de los miembros de la Cámara de Representantes. El presidente Gustavo Petro la acababa de ternar junto a otras dos candidatas para la Defensoría del Pueblo, tras considerar una propuesta de las plataformas de derechos humanos. Ella ya conocía cómo funcionaba el Congreso. Había hecho lobby por los derechos humanos como parte de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y sabía que debía adentrarse con rapidez en los pasillos legislativos, sin prejuicios ideológicos. “Me reuní con todos y todas: oposición, derecha, izquierda. Creo que se sintieron aliviados, saben que no voy a dejar de escuchar a nadie”, comenta en entrevista con EL PAÍS, ya posesionada como defensora del Pueblo.

Marín, la primera mujer en encabezar la Defensoría, tiene una larga trayectoria en temas de paz. Fue asesora del Gobierno de Juan Manuel Santos en las negociaciones de los acuerdos con las FARC y trabajó en temas de desplazamiento forzado como magistrada auxiliar de la Corte Constitucional. Ahora llega a la entidad, creada en 1991 para velar por los derechos humanos, en momentos en los que la Administración de Petro negocia con varios grupos armados y se recrudece la violencia contra la población civil. Afirma “estar cansada” de procesos de paz que derivan en que los implicados vuelvan a delinquir al cabo de unos años. “Hemos pensado la paz solo desde el cese de las armas y hemos dejado de lado la agenda de las causas”, remarca.

Pregunta. Nació en Bogotá y estudió Derecho en la Universidad del Rosario. ¿Cómo llegó a ser defensora de derechos humanos?

Respuesta. Mis padres no terminaron la primaria, son migrantes que llegaron a Bogotá en medio de circunstancias muy duras. Siempre nos dejaron en claro que nuestra herencia era la educación. Los domingos, después del desayuno, mi papá nos leía el periódico y nos decía que debatiéramos. Entonces, a los ocho años yo discutía temas de derechos humanos y actualidad. Ambos tuvieron siempre un espíritu muy crítico, de izquierda. Después, vino la Constitución del 91, que la recuerdo como una esperanza de paz, con personas alrededor que se desmovilizaban. Luego entré en la universidad. Yo decía que por mi historia tal vez debía estudiar en la universidad pública. Pero lo que hice fue preguntar: “¿Cuál es la universidad que más presidentes de la República ha sacado?”. Me dijeron que el Rosario y por eso decidí estudiar ahí. Quería estar en los sectores de influencia. No desde el Gobierno, sino desde los derechos humanos, la igualdad, la resolución de conflictos.

P. Después vino la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)...

R. Estando en el Rosario, conseguí trabajo en la CCJ. Siempre digo que tuve dos universidades: el Rosario en Derecho y la CCJ en derechos humanos.

P. Esa decisión de estudiar en la universidad de los presidentes muestra cierto pragmatismo sobre cómo funciona Colombia, más allá de su vocación por los derechos humanos. ¿Cree que esa característica la ayudó a promover su candidatura a la Defensoría en el Congreso y ganar con tanta ventaja?

R. En la CCJ, estuve ocho años haciendo lobby ante el Congreso. Ahí aprendí que es importante entender cómo piensa el otro, que para poder convencerlo hay que ponerse en sus zapatos. Entonces, el mismo día en el que me ternaron mandé una carta a todos los representantes a la Cámara. Quería que nadie pudiera decir que no lo busqué y que me eligieran todas las bancadas, algo necesario si vemos la Defensoría como una gran mediadora de las diferencias nacionales. Me reuní con todos y todas: oposición, derecha, izquierda. Fui pragmática, sí, pero desde un lugar de que la Defensoría posibilite que todo el mundo pueda hablar. Creo que se sintieron aliviados, saben que no voy a dejar de escuchar a nadie. Quedé con muy buena relación con todas las bancadas.

P. Es decir, ¿no la ven como una ficha de un bando político rival?

R. Creo que la derecha se siente tranquila de que no sea una ficha de Petro y seguramente los de la izquierda sienten algo parecido respecto a que no sea una ficha de la derecha. Es decir, soy un lugar de alivio y neutralidad, o al menos pretendo serlo. Es muy difícil, de todos modos, en un país con tanta gritería. Lo digo también por los medios de comunicación, que muchas veces me hacen preguntas para ponerme en confrontación con alguien. Sé que eso es taquillero y que subo en popularidad cuando respondo en confrontación, pero la Defensoría debe ser un lugar de escucha y consenso.

P. La Defensoría es conocida por la repartija de cuotas políticas y algunos congresistas piden cargos a cambio de votos. ¿Cómo manejó eso?

R. Les dije que dejemos de hablar de políticos y técnicos, de que los técnicos como yo somos los buenos y los políticos son la porquería de este país. A los técnicos nos falta un poquito de política y a los políticos un poquito de compromiso con los derechos humanos. Creo que debemos buscar una relación armónica entre poderes y no solo pensar en las cuotas, que es como usuamente vemos la relación de alguien que se hace elegir por el Congreso. Les dije que pensemos en algo más grande, que nos beneficie a todos. Tienen un electorado con preocupaciones por los derechos humanos.

P. ¿Qué fortalezas y debilidades le ve a la Defensoría como institución?

R. Es una institución bonita, hermosa: de los impuestos de la gente se paga una entidad para que defienda los derechos humanos del pueblo frente al resto de las autoridades del Estado. Y en los territorios se ve que es muy respetada y que tiene mucha legitimidad por el trabajo de los defensores locales, más allá del defensor de turno en Bogotá. Pero tenemos el desafío de recuperar nuestra magistratura moral, nuestra legitimidad más política. A diferencia de la Procuraduría o la Fiscalía, no tenemos facultades de sancionar y no quisiera que las tuviéramos. Nuestra fortaleza está en escuchar, articular y tener una voz ética que puede hablar porque quien habla lo hace desde un lugar valioso y legítimo, como cuando lo hace la ONU.

P. Todos los días leemos sobre líderes sociales asesinados, masacres, desplazamientos. Sin embargo, Colombia parece anestesiada ante estas noticias, como si hubiera normalizado tanta violencia. ¿A qué lo atribuye?

R. Estamos auto condenados, sentimos que no tenemos otra forma de vivir y así vivimos, entre resignados y anestesiados. Parece que no nos duele, pero creo que a todo el mundo le duele. Lo que pasa es que tratamos de sobrevivir y por eso parecemos un poco indolentes. Por otro lado, con las masacres, creo que algunos las justifican: que por algo sería que los mataron, que estarían metidos en malas cosas y que bien merecido se lo tendrían. La semana pasada, por ejemplo, ocurrió una masacre en López de Micay que aparentemente fue por una tensión entre grupos armados y terminó en un prostíbulo. Murieron 12 personas, pero no sé si a la gente le duela tanto porque dicen que eran prostitutas o miembros de grupos armados.

P. ¿Y qué responde usted a esa visión?

R. Los que son responsables de crímenes tienen que responder ante la justicia o con el uso razonable de la fuerza pública. Pero no podemos relativizar los valores de la vida y los derechos humanos, decir que alguien era prostituta o un actor armado. Porque ahí caemos en por qué nos matamos en Colombia: parece que hay vidas que valen más que otras. Y no debería ser así. No podemos despreciar la vida de nadie, ni siquiera la de los responsables de la guerra. La vida es inviolable. Punto final.

P. Denunciar e informar, como hace la Defensoría, es importante. Pero ¿qué más se puede hacer para ser más eficientes?

R. El tema de fondo es que hemos olvidado que la Constitución del 91 era sobre el Estado social de derecho: la lucha por la igualdad social y los derechos humanos. Hemos pensado la paz solo desde el cese de las armas y hemos dejado de lado la agenda de las causas. Eso se ve, por ejemplo, con los acuerdos de paz de 2016: logramos el desarme, que era muy importante y difícil, pero la reforma rural integral y la igualdad en el acceso a la tierra siguen pendientes. Mi mensaje, entonces, es que la paz debe incluir agendas de igualdad: de género, racial, entre campo y ciudad, de ingreso. Si no dejamos de ser tan desiguales, no va a haber acuerdo de paz ni desmovilización que sea sostenible.

P. ¿Por qué le molestaba que le dijeran ‘defensora de la paz’ en la campaña por la Defensoría?

R. Las organizaciones de derechos humanos me decían eso y yo me preguntaba por qué me sentía tan incomoda, si toda la vida he trabajado en temas de paz. Y era porque estoy cansada, como el resto del país, de ver la paz de ese modo limitado: de que se desmovilicen y al rato estén otra vez delinquiendo; y otra vez otro proceso de paz y otra vez otros remedios. ¿Qué pasa con lo otro? ¿Qué pasa con las causas?

P. Con la información de la Defensoría, ¿cómo ve la paz total que ambiciona el Gobierno?

R. La apuesta es ambiciosa y positiva. La resolución pacífica de conflictos es siempre la mejor alternativa y así lo ha entendido la Corte Constitucional en su jurisprudencia. Ahora bien, los procesos de sometimiento y negociación no han resultado en mejoras de la situación de vida de la gente. El desplazamiento forzado, el confinamiento, el reclutamiento de menores de edad, la violencia sexual y las economías ilícitas vienen aumentando. Mi llamado es a recuperar un balance entre los esfuerzos de diálogo y el manejo del orden público a través del uso de la fuerza pública y la judicialización. Parece que hubiera un poquito de desequilibrio entre las necesidades y la conveniencia de buscar una paz negociada y la obligación de proteger a la gente. Los actores armados no deberían pensar que las ofertas de acuerdos son una especie de protección frente a la criminalidad y el sometimiento de la población.

P. Es decir, ¿reclama un mayor uso de la fuerza por parte del Estado para proteger a la población?

R. Es su deber hacerlo y el presidente de la República tiene todas las facultades de tomar las decisiones en ese sentido.

P. Usted rechazó las declaraciones que hizo Petro durante su posesión, sobre mujeres periodistas a las que se refirió como “muñecas de la mafia”. ¿Cómo fue ese momento?

R. Estaba incomoda y triste porque quería que empezáramos de una manera distinta con el Gobierno. Pero era absolutamente necesario decir algo, no me podía callar: yo soy defensora de derechos humanos y también feminista, que es una causa de los derechos humanos. Esas declaraciones estigmatizaban a la prensa y particularmente a las mujeres periodistas. Y eran discriminatorias. Yo llamo a confiar en la autonomía de las mujeres: somos responsables de las decisiones que tomamos y no actuamos en nombre de nadie, tanto para lo que sale bien como lo que puede ser reprochable. Yo misma he vivido que nos consideren menos: toda mi campaña me dijeron que quién estaba detrás, cuando la candidata era yo y me hago responsable. A un hombre no necesariamente se lo ve como un títere, pero a las mujeres sí.

P. Durante la toma de posesión, el presidente también puso énfasis en la violencia del Estado colombiano contra su propio pueblo. ¿Cuál es su visión?

R. Eso es cierto, el Estado ha sido responsable de muchas violaciones de derechos humanos. Pero no ha sido el único. Con la guerra y el crecimiento de las economías ilegales, hay otros actores que han tenido preponderancia desde los ochenta. Las guerrillas y los grupos paramilitares tienen responsabilidad también y les cabe un lugar en la historia.

P. ¿Cree que la llegada de un Gobierno de izquierdas ha producido más conciencia sobre los derechos humanos?

R. En Colombia hemos asociado los derechos humanos a la izquierda. Por eso se ha estigmatizado y perseguido al movimiento. Pero, en realidad, no son ni de izquierda ni de derecha. Los gobiernos, independientemente de su tendencia política, tienen la obligación de respetarlos. En Colombia y en el mundo ha habido actos de responsabilidad de violación de derechos humanos de gobiernos de izquierda y de derecha. Hay que mirar caso a caso. Hay temas de la agenda de este Gobierno que pueden ser más compatibles con la de los derechos humanos, pero hay otros puntos en los que marcan distancia, como en el tratamiento de la prensa.

P. ¿Tiene algún comentario final sobre el pragmatismo en la causa por los derechos humanos?

R. Cuando perdimos el plebiscito [sobre el acuerdo de paz con las FARC, en 2016], pensé mucho en por qué perdimos. Es más fácil ubicarse en el lugar de que este es un país de derecha y de que la gente no quiere la paz, pero yo quería superar la acusación. Llevo toda mi vida pensando por qué somos un país tan desigual y tan violento. Y es eso lo que me lleva al pragmatismo: no podemos seguir reclamando sobre quien tiene la razón y la palabra final, sino que debemos buscar entendernos. Me importa mucho entender a la némesis de los derechos humanos, al que es enemigo de ellos. Solo si entiendo cómo piensan puedo entrar en un diálogo para atraerlo a la causa.

P. ¿Qué les dice para convencerlos?

R. Pues, depende... ¿no? ¡Si me vieras! [risas]. Mi novio en campaña decía: “Pero Iris... eres una dura”. Y no, desde el corazón... estoy segura de que los derechos humanos nos interesan a todos. Estoy segura de que en este país se han violado los derechos humanos de todo el mundo. Sí, de los campesinos, de los afros, de las mujeres. Pero también de los estratos altos... mira la bomba del Nogal. Creo que desde el dolor podemos hablar todos.

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