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Veinte años esperando justicia por el atentado de las FARC que sacudió a Bogotá

Las víctimas de la bomba al Club El Nogal esperan algún avance en la JEP, donde se abrió el caso 10, de crímenes no amnistiables cometidos por esa guerrilla

Un carro bomba explotó en el club El Nogal, en Bogotá
Un carro bomba explotó en el club El Nogal, en Bogotá, el 7 de febrero de 2003.Cortesía (Diario El Tiempo Colombia)
Catalina Oquendo

En los silencios de Carlos Carrillo se concentra el dolor que lo persigue desde hace dos décadas, cuando perdió a su hijo de 9 años en el atentado de las FARC al Club El Nogal de Bogotá. Respira y solloza al otro lado del teléfono al recordar ese 7 de febrero de 2003 cuando estalló la bomba que dejó 33 muertos y casi 200 heridos en una noche inolvidable en la capital.

Él, que era uno de los socios fundadores del Club, fue uno de los últimos sobrevivientes en ser rescatado “aquella noche aciaga”, la palabra que encuentra más precisa para nombrar el atentado. Su nombre alcanzó a estar en los listados de fallecidos, mientras él, bajo los escombros y con las piernas quebradas, pensaba que lo habían abandonado. “Yo estaba diciendo ‘me dejaron solo, me olvidaron’, justo cuando alguien me habló y me dijo: ‘no está solo’ y me sacó de ahí”, recuerda. Lo llevaron al hospital y solo hasta el día siguiente que pudo ver a su hija con vida le preguntó: “¿Juancho está muerto, cierto?”. Carrillo lo narra y vuelve al silencio por unos minutos. Juan Sebastián murió asfixiado y su hija Ana María sobrevivió, pero quedó con heridas para toda la vida. “A medida que mi corazón llora también va sanando”, dice Carrillo una vez recupera el aliento.

Esa misma noche también se quebraba la vida y la familia de Milton Ricardo Martínez, guardia de seguridad del Club. Había empezado su turno a las 6 de la tarde y le faltaban apenas unos días para irse de vacaciones, recuerda su esposa Jacqueline Grande, quien se enteró de lo ocurrido por los medios de comunicación. Ese día almorzó con ella con normalidad y recogió a la niña del medio, de 3 años, en el jardín infantil. Luego se fue a trabajar.

Martínez salió malherido de la explosión y alcanzó a estar tres meses en un hospital. “Tuvo varias cirugías y cuando estaba recuperando la movilidad y estaba en la última, le entró una bacteria en la sangre y falleció”, cuenta la mujer. Dejó tres niños de 7, 3 y 1 año. Desde entonces, dice Grande, han sido 20 años de lucha por la justicia.

El caso de El Nogal ha sido uno de los más investigados porque ocurrió en el corazón de la capital colombiana. Desde el comienzo se supo que eran las FARC, aunque en principio ellos lo negaron. Luego se fueron conociendo detalles: entre los fallecidos estaba Oswaldo Arellán, quien ingresó un carro con los 200 kilos de explosivos, así como su hermano el instructor de squash, Jhon Fredy Arellán. Sus muertes llevaron a la detención de sus parientes de Hermínsul y Fernando Arellán, que estructuraron el atentado terrorista bajo la orden de Darío Velásquez alias ‘El Paisa’, ex jefe de la columna Móvil Teófilo Forero.

Los hermanos Hermínsul y Fernando fueron condenados. Purgaban condenas de 40 años de cárcel, pero en 2017, tras el Acuerdo de paz entre el Gobierno se sometieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para acceder a beneficios jurídicos a cambio de entregar información que esclarezca el atentado. Ahora, los expedientes y los informes de las víctimas se suman al Caso 010 Crímenes no amnistiables cometidos por las extintas FARC-EP en el marco del conflicto colombiano.

La magistrada Julieta Lemaitre, una de las que lleva este macrocaso, explicó que es uno de los hechos priorizados. Cuenta que analizan y sistematizan los informes recibidos, entre ellos el de Bertha Fríes, una de las víctimas del atentado. Dos de los tres patrones criminales de las FARC identificados por la JEP tienen que ver con ataques como el sufrido en El Nogal: la guerra urbana y el uso de medios ilícitos de guerra contra población civil. “Las células de las FARC tenían un funcionamiento distinto al de los frentes. En el caso del Nogal, el reconocimiento de responsabilidad y los expedientes nos indica que participó la Teófilo Forero, que no es propiamente una estructura urbana, sino que funcionaba en las ciudades y en lo rural”, dijo Lemaitre.

Aunque se conocen los autores materiales, todavía hay muchos datos en el aire. En los días que precedieron al ataque se supo en medios de comunicación que las FARC pretendían atacar a 35 clubes del norte de la ciudad, por lo que hay denuncias contra el Estado por no haber protegido suficientemente el lugar. “Hay expedientes y una demanda de justicia de las víctimas con preguntas que quedan pendientes”, agrega la magistrada. Para algunas de ellas, que se han acercado a la JEP, aún falta por saber si había infiltrados en El Nogal y si, como han dicho las extintas FARC, allí se reunían paramilitares con funcionarios del Gobierno.

El Informe de la Comisión de la Verdad recogió esas versiones, pero aclaró que no tenía pruebas de ello. “Esta versión la han recogido algunos sobrevivientes. Una de ellas le dijo a la Comisión de la Verdad que «ahí se encontraban todos los jugadores, ese era como el campo de batalla, FARC-EP, AUC y Estado, todos los jugadores estaban ahí, estaban jugando y nosotros estábamos sirviendo casi de pelotas ahí para todo el mundo»”, refiere sobre una entrevista a una de las víctimas. Públicamente, el exjefe de las AUC, Salvatore Mancuso, dijo que jamás se reunió en El Nogal con funcionarios del Estado.

La Comisión de la Verdad aclara que “aunque esto fuera cierto, no justifica una acción terrorista indiscriminada de esta magnitud y, de hecho, resulta ofensivo con las víctimas, que rechazan esta versión”. Para muchas de ellas, como Carlos Carrillo o Jacqueline Grande, el ataque de hace 20 años abrió una enorme herida que no se cierra. “Representó simbólicamente un ataque al sentido de seguridad colectivo en la capital del país, y no solo de las élites que ahí se reunían”, concluyó la Comisión de la Verdad.

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Sobre la firma

Catalina Oquendo
Corresponsal de EL PAÍS en Colombia. Periodista y librohólica hasta los tuétanos. Comunicadora de la Universidad Pontificia Bolivariana y Magister en Relaciones Internacionales de Flacso. Ha recibido el Premio Gabo 2018, con el trabajo colectivo Venezuela a la fuga, y otros reconocimientos. Coautora del Periodismo para cambiar el Chip de la guerra.

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