La violencia se intensifica en el suroccidente colombiano con ataques simultáneos a la policía en Popayán y Jamundí

Este viernes, a plena luz del día, dos ataques con explosivos ensombrecieron una tranquila tarde en el suroccidente del país. En Popayán, la capital del departamento del Cauca, un cilindro explosivo de fabricación artesanal, llamado tatuco, explotó dentro de las instalaciones de un comando de la Policía. Eran seis los cilindros con los que presuntos miembros de las disidencias de las extintas FARC buscaban atentar contra la sede policial, pero al final solo estalló uno.

Los policías lograron detectar a tiempo una volqueta roja sospechosa, los implicados huyeron y la única explosión solo dejó daños materiales, aunque uno de los uniformados sufrió unas heridas leves, producto de la onda expansiva. En Jamundí, 166 kilómetros al norte, en el vecino departamento del Valle del Cauca, se registró otro ataque a las 4:30 p.m. Una camioneta Hyundai Tucson estalló en la esquina del parque principal del corregimiento de Robles, a una calle de la estación de policía. No dejó heridos ni víctimas fatales.

Los dos hechos parecen ser la concreción de la advertencia que hizo hace dos meses la principal sombrilla de grupos disidentes de las extintas FARC. El 7 de abril, el llamado Estado Mayor Central (EMC), en el que está alias Iván Mordisco y que opera en el Cauca, publicó un comunicado que alertaba sobre posibles ataques contra la Fuerza Pública. El texto, que mostraba un aparente respeto por los civiles, les aconsejaba mantenerse a por lo menos 500 metros de patrullas, batallones y estaciones de policía. También recomendaba no transitar por campamentos guerrilleros abandonados, con la advertencia implícita de que podría haber minas antipersonales.

La secretaria de Convivencia y Seguridad del Valle del Cauca, Ana María Sanclemente, aseguró en declaraciones a medios que la explosión en Jamundí, un municipio de ese departamento que colinda con Cali y a la vez con el Cauca, es obra del llamado frente Jaime Martínez. Se trata de un grupo que opera en la región y al que el Gobierno responsabiliza de los constantes ataques en el Cauca, Valle del Cauca y Nariño, junto con su aliado, el frente Dagoberto Ramos, ambos afiliados al Estado Mayor Central.

La violencia se ha venido intensificando en estos tres departamentos contiguos desde el 17 de marzo, cuando el presidente Gustavo Petro decidió poner fin al cese al fuego bilateral y suspender los diálogos con el EMC a raíz de sus ataques contra indígenas y la Fuerza Pública. Desde entonces, las agresiones se reanudaron de lado y lado.

En el Cauca, aunque las autoridades aún no hablan con nombre propio de la columna Jaime Martínez, en la noche de este viernes se desarrolla un consejo de seguridad municipal y departamental. “Queremos resultados”, dijo desde allí el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, de origen payanés, enviándoles un mensaje a las Fuerzas Militares.

“Lo que está pasando en el Cauca es porque estamos en guerra con esas organizaciones. Ahí no hay cese al fuego. Ahí lo que hay es una guerra, y los estamos tocando en sus zonas; la zona del Micay no había sido tocada desde hace décadas”, afirmó en una entrevista con Noticias Caracol. Sin embargo, reconoció que es preocupante que las disidencias hubieran logrado ingresar una volqueta tan cerca de una sede policial. El vehículo estaba ubicado en un punto estratégico, entre la estación y las inmediaciones del aeropuerto local de Popayán, por lo que la Policía maneja la teoría de que también buscaban impactar unas aeronaves y helicópteros.

Jorge Antonio Urquijo Sandoval, general de la Policía, ha estado a cargo de la vocería de la institución respecto a los ataques. Ha afirmado que los responsables huyeron y por eso no lograron activar los otros cinco explosivos que tenían preparados. “Estos delincuentes no confrontan a las autoridades de manera decisiva, sino a través de estos hechos cobardes y traicioneros. Utilizan a la población como escudo”, declaró al llegar al lugar. Las imágenes, con vidrios destruidos y la comunidad atemorizada, muestran un regreso al clima de violencia anterior a la firma del Acuerdo de Paz con las FARC.

El trasfondo es complejo: en el norte del Cauca y el sur del Valle se ha mantenido un histórico corredor de entrada de armas y salida de droga hacia el Pacífico, en una zona con una fuerte presencia de comunidades indígenas que se resisten a cederles el control territorial a las disidencias. Fueron justamente los ataques de estas facciones contra indígenas en distintos lugares los que provocaron las dos crisis más visibles en los diálogos con el ahora dividido Estado Mayor Central. El comunicado emitido por la Presidencia en la noche de este viernes no baja el tono. Reitera el apoyo a las Fuerzas Militares y dice que el Gobierno no cesará en su “empeño por desmantelar estas organizaciones criminales que, de manera errada, eligieron la guerra por encima de la paz”.

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