El fiscal que acusó a Nicolás Petro enfrenta cargos por violar la intimidad del hijo del presidente

El caso en contra del hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás, nunca deja de sorprender. La Comisión de Disciplina Judicial ha formulado un pliego de cargos este viernes al fiscal a cargo del proceso, Mario Burgos, por violar la intimidad del investigado. La comisión, una entidad independiente que es parte de la Rama Judicial, formuló tres cargos contra Burgos. Lo imputa por haber filtrado videos del interrogatorio del primogénito presidencial en los que dice que su padre tenía “pleno conocimiento” de los delitos que él había cometido. Las imágenes aparecieron publicadas en medios de comunicación el 30 de septiembre de 2023 y el 15 de marzo de este año.

El magistrado Alfonso Cajiao Cabrera también señala a Burgos de haber realizado presiones indebidas en el interrogatorio a Nicolás para que declarara en contra de su familia, ofreciéndole beneficios por hacerlo, y de señalar a personas ajenas al proceso de posibles delitos. Mientras la Comisión no tome una decisión, el fiscal podrá continuar en el proceso contra Petro hijo, imputado en agosto pasado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Nicolás ha celebrado este viernes el acontecimiento. “Después de tantas arbitrariedades que se han cometido en mi proceso judicial, no pensé que se hiciera justicia”, declaró en X. La formulación de cargos la hizo el presidente de la Comisión, el magistrado Cajiao, tras nueve meses de indagaciones previas. Se inició el pasado 12 de octubre una investigación sobre las actuaciones de Burgos. Luego, el equipo de defensa de Nicolás pidió en febrero que el fiscal fuera suspendido, petición que fue denegada por el magistrado. Finalmente, el pasado 6 de mayo, el alto tribunal recaudó los testimonios que llevaron a que se produjera el llamado a juicio. En un comunicado de prensa publicado este viernes, Cajiao asegura que “es claro que las denuncias respecto al caso que involucra al ciudadano Nicolás Petro son de la mayor gravedad”.

Ahora el caso pasará a manos del magistrado Juan Carlos Granados, un político que fue gobernador de Boyacá por el partido de centroderecha Cambio Radical, y contralor de Bogotá. En ese último cargo, entre 2016 y 2017, emitió tres sanciones contra el hoy presidente Petro, en los que lo señaló de ser responsable de la pérdida de millonarios recursos públicos.

La primera, por 22.170 millones de pesos, se debía a la multa que debió pagar Bogotá por las falencias en un cambio de su esquema de recolección de basuras. Tras más de seis años de debate y litigio, el pasado 27 de mayo, el tribunal administrativo de Cundinamarca anuló esa sanción. La segunda, por 217.000 millones de pesos por haber reducido las tarifas del sistema de transporte masivo Transmilenio, terminó con la propia Contraloría negando la responsabilidad del entonces alcalde, en 2021. La tercera, por haber liderado en 2014 la recompra de acciones de la empresa Transportadora de Gas Internacional por parte de la Empresa de Energía de Bogotá, a un precio que la Contraloría de Granados señaló como excesivo. De nuevo, en 2021 la misma Contraloría cerró el caso. Petro siempre ha señalado a Granados de haber actuado en su contra por motivaciones políticas. Sus destinos se cruzan de nuevo.

Un caso de novela

La decisión sobre el fiscal Burgos es otro capítulo de un caso digno de una telenovela. El hijo mayor del presidente es acusado de haberse robado millones de pesos cuando fue director de la campaña presidencial de su padre en el Caribe. Según Nicolás, lo hizo sin que su papá lo supiera. La investigación empezó luego de que su exesposa, Daysuris Vásquez, revelara que él había recibido dinero de empresarios de dudosa reputación que estaba destinado para financiar la campaña. Para cuando Vásquez hizo esas denuncias, Nicolás había terminado su relación con ella y estaba de pareja con su quien había sido la mejor amiga de su esposa, Laura Ojeda, con quien ahora tiene un hijo.

Siguió un drama que cada tanto ofrece titulares nuevos y llamativos: Nicolás dijo que colaboraría con la investigación, abriendo la puerta a una condena reducida. Luego cambió de idea y se declaró inocente. Ahora espera a ser juzgado, mientras su exesposa colabora con la Justicia. Mientras todo esto ha pasado, el primogénito presidencial ha estado en prisión domiciliaria. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación anunció a finales de abril que quiere que eso cambie.

Durante la audiencia preparatoria del juicio que enfrenta Petro hijo, el ente acusador aumentó la presión. Reveló que pediría que Nicolás fuera enviado a la cárcel ―cosa que no ha sucedido― y que le imputaba nuevos cargos. Aunque no especificó cuáles eran esas acusaciones adicionales, indicó que están relacionadas con presuntos hechos de corrupción que habrían ocurrido cuando Nicolás era diputado de la Asamblea del Atlántico. Fueron los primeros avances jurídicos en el caso, ambos negativos para él, desde que se posesionó en marzo la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo. Este viernes, la investigación ha dado otro vuelco.

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