La reforma aduanera de Petro elimina un ‘software’ que dio ventajas al contrabando durante dos décadas

¿Quién controla realmente las aduanas en Colombia? El Gobierno del presidente Petro ha presentado su nuevo estatuto aduanero como un antídoto contra el contrabando y un dínamo para el comercio internacional. Los análisis e informes de expertos muestran que las reformas al código abordan, finalmente, uno de los problemas estructurales de un sistema de control de mercancías abrumado por la criminalidad. “El tema de fondo, y nadie se había metido ahí, es que se tiene que terminar de digitalizar la aduana y depurar el software que desde 2013 venía operando con un sistema viejo y malicioso que nosotros denunciamos”, concluye Juan Ricardo Ortega, exdirector del Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Los fallidos controles en puertos y aeropuertos han privado anualmente a las arcas públicas de miles de millones de pesos que se escurren por el sifón de la corrupción. No hay estudios actualizados sobre el impacto económico del contrabando en Colombia, pero trabajos académicos de la Universidad de los Andes sugieren que ascendería hasta un 10% de las importaciones, unos 6.000 millones de dólares anuales. La DIAN también ha hecho esfuerzos para cruzar datos, pero el director de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz, descree de la metodología y señala que las cifras son imprecisas.

De cualquier forma, el nuevo decreto actualiza de una vez por todas el sistema que aloja el Sistema de Información y Gestión Aduanera o SYGA, un software de gestión catalogado como vetusto, lleno de grietas y aparentemente intocable durante dos décadas. La primera parte de la reforma entrará en vigencia en junio y otro 35% lo hará cuando los ajustes digitales estén listos. Para la experta y exdirectora de aduanas Claudia Gaviria será un cambio estructural: “El SYGA desaparece y entra un nuevo sistema más robusto, con ajustes para acoplarse a las nuevas exigencias del decreto”.

El académico y economista de la Universidad de los Andes Rachid Laaja precisa algunos requisitos para que el nuevo software sea eficaz: “Debe minimizar los pasos burocráticos. No debe ser manipulable por los mismos aduaneros que lo usan y se debe optimizar el cruce de información y los análisis para enfocar los controles en los casos de más alto riesgo”. Por eso el anuncio de los responsables de la agencia aduanera no es menor y se trata, quizás, del punto más fuerte de la reforma.

Javier Díaz, sin embargo, se muestra crítico con la reducción en los tiempos para declarar las importaciones que impone el estatuto. Recuerda que hasta ahora se contaba con un mes, pero el nuevo código impone un límite de 48 horas para presentar la declaración de forma anticipada a la DIAN. Un asunto que resulta en su opinión ineficaz, ya que comporta todo tipo de inconvenientes para un sector donde las demoras e imprevistos de buques y aviones están a la orden del día: “Además, pretenden que la nacionalización de las mercancías se haga en el lugar de arribo. Eso no es práctico. Con esta norma ya no se podrá llevar a un depósito o una zona franca mientras se adelantan esos trámites”.

El objetivo del Gobierno es, continúa el dirigente gremial, “acabar con las zonas de tránsito”, y vaticina que afectará a las zonas francas. Sus reparos giran en torno a la capacidad operativa de agencias de control como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) o el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA): “Yo me pregunto si tendrán la capacidad para manejar los 3.600.000 declaraciones que llegan al año”, apostilla.

Para confirmar sus intuiciones se sirve de dos experiencias recientes: “En la puerta del ICA de Medellín hay un cartel que informa que la atención a usuarios va de 9 a 11 de la mañana y la razón es que no tienen gente. Y hace como un mes hicieron un simulacro en el aeropuerto El Dorado para ver cómo funcionaría la nueva medida con la carga que hoy maneja. En 14 horas había colapsado”.

Tres boquetes para cerrar

El trabajo realizado por el Gobierno, explica el saliente director de la DIAN y recién designado ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, cierra tres boquetes que facilitaban el contrabando. El primero tiene que ver con la flexibilidad que tenían los operadores o comerciantes para declarar o registrar la mercancía que entraba: “Pasaban meses e incluso años sin que hubiera un inventario detallado de qué era lo que estaba entrando al territorio nacional. El potencial para cambiar las cosas en el camino entre un puerto y la zona de tránsito, por ejemplo, era enorme”.

La segunda mejora acopla las normas de trazabilidad electrónica para las cargas, que antes eximía de este mecanismo de control en traslados dentro de una misma jurisdicción. “Si llegaba al puerto de Cartagena y se trasladaba a la zona franca de la ciudad, la norma no se lo exigía y se podía perder el registro en caso de pérdida”. Por último, incluye un ajuste de tuercas al proceso de “trasbordos internacionales”, que son los contenedores que hacen escala en el país: “Antes se permitía que entraran a Colombia, los llevarán a un depósito y se quedaran ahí un tiempo, antes de que lo volvieran a embarcar hacia el siguiente destino sin ningún tipo de control. No sabíamos si venían con telas o con armas”, detalla Reyes.

Claudia Gaviria considera que la reforma es técnicamente correcta: “Creo que puede reducir los costos de importación y es una buena medida de control porque aporta herramientas de información y control aduaneras”. A la espera de que la DIAN, la policía antinarcóticos, el ICA y el INVIMA garanticen un servicio de 24 horas durante toda la semana, como se lee en el decreto, Javier Díaz vuelve al ataque con otras dudas y aprehensiones.

Su diagnóstico es que se volverá a la vieja estrategia de seguir tras la pista de contenedores o productos, en vez de reforzar con inteligencia policial el perfil detallado de los importadores para desatascar el proceso de inspección en los puertos y terminales aéreos. “Eso es absolutamente falso”, zanja el próximo ministro Reyes, “en ningún artículo del estatuto se dice eso y entre más rápido dejemos de divulgar desinformación, más pronto podremos tener una conversación técnica”.

Se trata de un debate donde es complejo hallar posturas reposadas. No en vano, Juan Ricardo Ortega recuerda que la institucionalidad aduanera del país duró dos décadas en depurar las falencias de un software lleno de trampas ocultas y que fue, según sus indicios, programado por el cartel del Norte del Valle: “La captura del área de sistemas de la DIAN es una grosería. Ahora debemos pensar en tener auditorías internacionales porque todo esto estaba montado para favorecer a estructuras muy oscuras ligadas al narcotráfico, que en Colombia mueve buena parte de su dinero a través del comercio y del lavado de dinero”.

Por eso, la exdirectora de aduanas Claudia Gaviria, quien se salvó de un atentado con ametralladora en el puerto de Buenaventura en 2017, califica la nueva normativa como un “cambio trascendental” en la búsqueda de un sistema aduanero eficiente: “La actualización del software es un avance grandísimo. También la obligatoriedad de las declaraciones anticipadas, salvo en los envíos de entrega rápida y mensajería, son recomendaciones para la parte logística de la Organización Mundial de Aduanas y de la Organización Mundial del Comercio”, finaliza.

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