Sí, pero no

El Gobierno necesita una entidad que certifique la validez de los decretos y resoluciones que emita para evitar las permanentes rectificaciones a las cuales se ve obligado. Alguna oficina que podría denominarse La Última Palabra, a la que cualquier ciudadano pueda acudir para saber cuál es la última norma que rige. Si, por ejemplo, los venezolanos pueden ingresar al país con pasaporte vigente, como lo publicó la administración especial de Migración Colombia, o, por el contrario, con el pasaporte vencido en los términos que lo manifestó el señor ministro encargado de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, quien señaló que los funcionarios de esa dependencia deberían entender que la política de migración era la que facilitaba el ingreso de quienes se veían obligados a huir de sus territorios y no complicar su permanencia en el país o su tránsito hacia otros destinos.

De la misma manera, se ahorrarían tener que corregir la manifestación equivocada del presidente Gustavo Petro de que Colombia buscaría postergar el repago al Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de una renegociación para abrir más espacio al gasto público en 2024. Según el partido de los economistas, de renegociar la deuda con el FMI, el Gobierno daría tres pésimos mensajes: uno, que tenemos dificultades de caja; dos, que las condiciones blandas del 1% de intereses del Fondo Monetario nos resultan insuficientes; y tres, que el escalamiento de la deuda se utilizaría para gastar más allá del 24% del Producto Interno Bruto (PIB) ya aprobado. Finalmente eso no ocurrió

Hay episodios más complicados, como el de los pasaportes. Licitaciones adjudicadas que fueron declaradas desiertas y en urgencia manifiesta que todavía no se sabe cómo se podrán resolver, porque hay millonarias demandas. Lo mismo que investigaciones en la Fiscalía y en la Procuraduría. El muelle en Buenaventura también tuvo su reversazo. El Gobierno echó para atrás la resolución que confirmaba la concesión a un grupo portuario hasta el 2045, y que ahora solo podrá usar el puerto hasta el 2025. Según la revista Semana, en cuestión de 14 días, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) expidió dos decisiones. La primera, que aceptaba una solicitud del grupo de extender por 20 años más el contrato con el Estado colombiano que han ejecutado desde 2005 para encargarse de la operación de ese muelle, lo que les daba el derecho de explotación desde 2025 hasta el 2045. La segunda, una que decidió revocar esa medida argumentando motivos ambientales. El problema de fondo es que, por cuenta de la primera, se instaure una demanda del concesionario contra el Estado colombiano.

Otro sí, pero no es el que tiene que ver con la reforma pensional a la que hubo que pedalearle muy duro. Después de muchos tropiezos, se consiguió un apretado acuerdo para reducir el umbral de tres salarios mínimos para cotizar en Colpensiones y bajarlo a 2,3 salarios mínimos. Gracias a ello, se perfeccionó su aprobación en el Senado, y el Pacto Histórico lo celebró con bombos y platillos. Al otro día, el presidente hizo uso de su facultad constitucional de dirigirse al país por los canales de televisión para desconocer el pacto y advertir que le pediría a la Cámara de Representantes aprobar una modificación al texto del Senado, consistente en subir la cotización a cuatro salarios mínimos. Si existiera el Departamento Administrativo de La Última Palabra podríamos saber que quedará vigente al final del proceso.

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