La Corte Constitucional ordena al Congreso volver a elegir un contralor general

La elección del contralor general de Colombia, el encargado de vigilar el manejo de los recursos públicos, sumó el miércoles en la noche un nuevo capítulo en su larga saga de enredos. La Corte Constitucional ratificó la decisión del Consejo de Estado de anular la elección de Carlos Hernán Rodríguez, un abogado y exdiputado vallecaucano que contó con el apoyo de la bancada del Gobierno de Gustavo Petro para ser elegido por el Congreso. Pero, por otro lado, modificó el llamado del Consejo de Estado a reiniciar el proceso desde cero con una nueva convocatoria. El Legislativo deberá rehacer la elección con el listado original de 20 aspirantes que seleccionó la Universidad Industrial de Santander (UIS), lo cual le reabre la puerta a Rodríguez a regresar.

La elección del contralor, en agosto de 2022, había sido la primera victoria de Petro en el Congreso. Rodríguez no estaba en el listado original de finalistas, pero dos sentencias judiciales habían obligado a incluirlo por ser el que tuvo el mejor puntaje en el concurso público que realizó la UIS. Se posicionó como el rival principal de María Fernanda Rangel, una aspirante que el petrismo consideraba como la continuidad del contralor anterior, Felipe Córdoba, visto como aliado de los partidos más tradicionales y rivales del Gobierno de izquierdas. La bancada gobiernista lo apoyó y rápidamente consiguió el respaldo de varios de esos otros partidos, que se alinearon con un Ejecutivo que entonces mostraba su fortaleza en el Legislativo. El abogado contó con 260 votos de 286.

El problema fue que los procedimientos tuvieron varias irregularidades. Tras una denuncia de la congresista independiente Jennifer Pedraza, el Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección en mayo del año pasado. Entre los argumentos se encontraban la falta de paridad de género en el listado, el cambio de parámetros de evaluación de los participantes y la realización de la elección en sesiones extraordinarias que tenían otros fines. Rodríguez tuvo que dejar su cargo y la entidad quedó bajo el interinato de Carlos Zuluaga Pardo, un político conservador que acumula denuncias por contrataciones irregulares.

Poco cambió durante el último año. En noviembre, la Procuraduría pidió que se anulara también la designación de Zuluaga, ya que había sido nombrado como vicecontralor por el propio Rodríguez. No obstante, el Consejo de Estado ratificó a Zuluaga como contralor en funciones y el Congreso no mostró mayor voluntad de avanzar con una nueva elección, pese a que la sentencia de anulación había exigido reiniciar el proceso. Asimismo, la Corte Constitucional ordenó en marzo de este año que se suspendiera el proceso mientras estudiaba una acción de tutela en la que Rodríguez denunciaba la violación de sus derechos fundamentales a ser elegido.

La decisión que tomó la Corte este miércoles, justamente por esa acción constitucional, tiene un sabor agridulce para el excontralor. No lo restituye en el cargo, pero revierte la resolución que había tomado el Consejo de Estado de reiniciar el proceso desde cero, lo cual implicaba contratar a una nueva universidad para realizar un concurso público y elaborar otro listado. Según la nueva sentencia, el Congreso deberá rehacer la elección lo más pronto posible con el listado original de 20 habilitados que entregó la UIS en marzo de 2022. Tendrá, además, que considerar los criterios de paridad de género y de mérito para elaborar una selección final de 10 aspirantes.

El secretario del Senado, Gregorio Eljach, informó en la mañana de este jueves que el Congreso activará el proceso para una nueva elección cuando reciba la notificación judicial. “El listado que entregó la universidad es definitivo. Tenemos la obligación de convocarlos, ellos verán si se presentan o no”, comentó en W Radio, en referencia a que varios de los aspirantes originales han sido designados en cargos públicos en los últimos dos años. Confirmó, además, que Rodríguez podrá ser elegido de nuevo y que Zuluaga se mantendrá en el cargo hasta que el Congreso elija a su sucesor.

La Contraloría es una de las entidades más apetecidas por la clase política y ha sido una especie de fortín para los senadores y representantes a la Cámara. Cuenta con más de 4.000 funcionarios y un presupuesto anual que supera el billón de pesos. Tiene poder fiscalizador sobre el Gobierno nacional, pero también sobre las dependencias departamentales, alcaldías y gobernaciones.

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