El tren bioceánico depende de no ser solo el proyecto de Petro

Llevamos más de dos años oyendo del presidente Gustavo Petro que su gobierno quiere avanzar en la construcción de un tren, mediante Alianzas Público Privadas, para conectar los océanos Pacífico y Atlántico, y ser una alternativa al canal de Panamá. Según distintos reportes, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) están a cargo de estructurar y aterrizar la idea y los ministros de Transporte se han comprometido con volver la idea realidad. Pero, ¿qué pasa si la idea es solamente una cortina de humo para cautivar incautos?

El Gobierno ha presentado varias iteraciones de la ruta, de Buenaventura a Barranquilla, o una más corta, de Cupica hasta Turbo. Con eso, está pavimentando el camino para decepcionar a muchas personas, ya sea porque su municipio o departamento no queden en el trazado, o porque un proyecto de ese calado dependerá de varias administraciones presidenciales y los futuros gobernantes puedan cambiar los planes, como hemos sufrido en el metro de Bogotá.

El presidente es ya conocido por su falta de habilidad para desarrollar e implementar planes de mediano y largo plazo, concentrándose más bien en el ahora y en el ya. Ha dicho que sueña con que, en sus proyectos en general, las juntas de acción comunal participen entre los constructores, la energía utilizada sea 100% renovable, los materiales tengan una baja huella de carbono y el daño medioambiental sea mínimo. El problema con el tren bioceánico es que también ha ambientado entre sus seguidores e incluso entre algunos socios internacionales como el Reino Unido o China la idea de hacer este megaproyecto de infraestructura.

El Gobierno se está jugando su reputación como un socio confiable en megaproyectos, y la cantidad absurda de modificaciones o precondiciones para financiar los proyectos le pueden jugar en contra. Para ser claro, me estoy refiriendo específicamente a los múltiples intentos por renegociar el contrato del metro de Bogotá y a no dar el aval financiero para el inicio de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas, también en Bogotá. Son dos proyectos diseñados y puestos en ejecución por Administraciones locales que no son de los afectos de Petro.

El precedente que el presidente está sentando es dañino no solamente para los proyectos que están andando, sino para el futuro de sus propios proyectos, que al paso que vamos casi todos quedarán en ideas. Los que avancen más, en todo caso, su ejecución dependerá de gobiernos subsiguientes, que podrían hacer lo mismo y jugar a descartarlos y obstruirlos, asumiendo grandes costos políticos y reputacionales, y quizás también legales.

Es por esto que la mejor forma de garantizar que el tren bioceánico sea una realidad es que el Gobierno incluya en las etapas previas a un amplio grupo de personas. Entre ellas, por supuesto, miembros de la oposición política en departamentos como Antioquia, que serán fundamentales para que el proyecto sea un éxito.

Eso es algo que ningún gobierno anterior ha hecho y es poco probable que Petro se salga del libreto que ha utilizado en el último año. Pero no incluir a un amplio grupo de expertos y de grupos políticos en un proyecto de esta envergadura es arar el campo para que el próximo Gobierno, desde un escritorio, entierre la posibilidad de este y muchos otros megaproyectos que propone el presidente Petro.

No es claro ni por dónde va el tren, ni quién lo va a financiar, ni quién lo va a construir, ni quién lo va a operar, ni sobre quién reposará la responsabilidad de hacerlo una realidad. Por ahora, existe solamente en la cabeza del presidente y hacen falta muchos pasos para volverlo una realidad. Ojalá el Gobierno entienda que no puede depender de sí mismo para hacer realidad algunos de sus sueños.

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