La sombra del Pacto Verde europeo se cierne como un obstáculo para la caficultura colombiana

Justo cuando el precio de la libra del café colombiano se cotiza a un alentador promedio de 1,9 dólares en la bolsa de Nueva York, la sombra del llamado Pacto Verde Europeo se cierne sobre el negocio como un obstáculo. Se trata de la nueva batería de normas agrarias comunitarias que servirá como palanca de transición hacia un escenario ecológico en el Viejo Continente. La medida, que debe entrar en vigor en enero del próximo año, impone una serie de certificados y requisitos medioambientales para la entrada de productos alimentarios extranjeros, como el café, el aceite de palma o el cacao, entre otros.

Conviene recordar que la Unión Europea es el segundo mercado en importancia para el café colombiano después de Estados Unidos. Entre el 27% y el 30% de las ventas del grano al exterior se efectúan a países europeos. Y en 2023 se llegaron a exportar 2,5 millones de sacos. Por eso, la nueva batería de requisitos exigidos por Bruselas sobre el uso de los suelos, los requerimientos de trazabilidad de cada producto, o la estricta vigilancia sobre derechos laborales en las zonas de origen resultan un desafío notable para la caficultura colombiana.

“El primer impacto será en el valor del producto”, advierte el director de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Javier Díaz. “Los requisitos que define el Pacto Verde, como la georreferenciación para certificar que las tierras de donde sale el café no han sido deforestadas después de 2020, y otras medidas, implican mayores costos para los productores, que se verán reflejados en el precio final de los productos”. Desde su punto de vista, la Unión Europea también debería avisar a sus ciudadanos de que los productos que cumplen con los niveles estipulados para cuidar el medio ambiente tendrán unos costes mayores en sus mercados.

Mientras en Colombia el tema apenas se ha debatido, los agricultores europeos han sitiado con marchas y bloqueos el acceso a capitales como París, Bruselas o Madrid. No queda duda de que el impacto de las medidas verdes afectará a pequeños agricultores colombianos desprovistos de la capacidad para certificar las condiciones de sus parcelas, pero también a productores franceses de remolacha que ya no podrán utilizar insecticidas clave para el control de plagas y enfermedades o la reproducción de sus cosechas. El nuevo green deal para combatir la emergencia climática comporta cambios traumáticos para la población rural a ambos lados del Atlántico, aunque la diferencia estriba en los millonarios subsidios comunitarios y la capacidad de incidencia política del campesinado europeo.

El experto en café y asuntos bursátiles Albert Scalla recuerda que todos los movimientos en el mercado internacional repercuten sobre los productores locales: “El comprador europeo se limita a pedir el cumplimiento de las normas. A ellos les queda muy lejos un negocio pequeño de una vereda en Antioquia y si no se cumplen las garantías simplemente buscan a otro”. Agrega que si bien el precio internacional de la libra en Nueva York está estable, con la revaluación en la cotización del peso frente al dólar, el precio interno se ha desplomado y el ambiente entre los productores está enrarecido desde hace meses.

“Los dos mayores retos del nuevo reglamento para Colombia”, apunta el director de la Asociación Nacional de Exportadores de Café, Gustavo Gómez, “están relacionados, en primer lugar, con los límites máximos de residuos, un asunto que hemos trabajado mucho para entregar un café con la mayor inocuidad. El otro es el tema de cero deforestación”. Gómez asegura que la Unión Europea aún no ha clarificado lo suficiente este punto: “No han especificado dónde se debe hacer el control, dónde hay que subir la información, y tampoco hay una plataforma para registrar los datos”.

Uno de los nudos complejos de la crisis agraria en Europa ha sido, paradójicamente, el descontento del campesinado del viejo continente con los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y el bloque suramericano de Mercosur. De acuerdo con los manifestantes, el tratado reduce los aranceles a la importación de productos suramericanos en medio de una ola de desafección generalizada por políticas medioambientales catalogadas como “sobrerreguladoras”. Francia, vigilante de que las mismas reglas ecológicas y de higiene rijan para todas las partes, se ha opuesto a la firma del proyecto. España y Alemania, en cambio, han abogado para materializarlo.

¿Qué estrategia se podría implementar en el caso del café colombiano para enfrentar la nueva coyuntura? Germán Bahamón, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, afirma que en el departamento del Huila ya se halla en marcha un plan piloto con la Unión Europea para “demostrar la debida diligencia y generar certificados de exportación”. De la misma forma añade que se está trabajando en la “implementación de paquetes técnicos para que los caficultores entiendan los impactos, riesgos y oportunidades de las regulaciones” o el desarrollo de un “mapa de deforestación asociada al sector cafetero”.

“También Hemos trabajado en el tema de la trazabilidad del producto hasta la finca y la georreferenciación para demostrar que no proviene de una zona de deforestación”, dice Gustavo Gómez. Pero el columnista y analista del sector Guillermo Trujillo se muestra muy escéptico sobre el futuro: “Los brasileños tienen cultivos más grandes, tecnificados, con más maquinaria y ya se están organizando. También hay iniciativas de los centroamericanos. Pero de Colombia percibo muy poco”. Trujillo, que deja de lado de los problemas de deforestación en el país vecino, se pregunta: “¿Quién va a acreditar el paz y salvo laboral que piden los europeos de los cultivadores?”.

Trujillo asegura que en el proceso de llenar un contenedor de exportación de café colombiano participa un sinnúmero de grandes y medianos productores que contratan jornaleros y recolectores de manera informal. A su juicio, las condiciones laborales del agro en Colombia harán muy complicado cumplir con las nuevas normas laborales y tributarias. “Este es un país de micro productores. Son pequeños negocios, con poca gerencia, sin protocolos ni mayor sentido del medio ambiente ni del mercado laboral. En Colombia, en la gran mayoría de casos, no hay forma de deducir los gastos laborales, porque no son contratos formales”.

Consciente de los vacíos en el catastro rural, el también columnista del diario La República vaticina líos importantes para muchos productores que carecen de escrituras que certifiquen la propiedad de sus predios. De cualquier forma, Gustavo Gómez asume los cambios como un reto para articular a la Federación Nacional de Cafeteros con el Gobierno Nacional: “No importa el tamaño de los productores, ni la cadena de comercialización que utilicen, todos deben cumplir con la reglamentación”.

Y Javier Díaz concluye que aún hay campo para las gestiones desde Cancillería: “La normativa general del Pacto Verde ya fue expedida. Pero los detalles de su reglamentación aún se desconocen y todavía hay posibilidades de analizar qué aspectos resultan convenientes desarrollar de acuerdo con las realidades de cada país o las particularidades de cada región. Creo que aún es muy importante actuar en el terreno diplomático para ajustar detalles”.

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