A Palestina la duda y a Israel la certeza

Para algunos gobiernos de Occidente los 27.000 seres humanos que Israel lleva asesinados en Gaza no son prueba suficiente de la comisión de un genocidio; sin embargo, una sola duda sembrada por Israel de la supuesta colaboración de funcionarios de la UNRWA con Hamás, les alcanza para suspender la financiación a esta agencia de Naciones Unidas —de la que dependen seis millones de refugiados palestinos— trayendo más muerte y desolación a la ya prácticamente inhabitable franja palestina.

Al declararse competente para investigar la acusación presentada por Sudáfrica, la Corte Internacional de Justicia ha hecho historia, no precisamente por la contundencia de sus medidas provisionales que varias semanas después han demostrado ser un saludo a la bandera, sino por retar a los gobiernos de las grandes potencias defensoras a ultranza del Estado sionista —al que todo parece estarle permitido― al atreverse a juzgarlo por actos de genocidio en Gaza.

Cuando Sudáfrica presentó su caso ante el alto tribunal, Alemania fue el primer gobierno europeo en irse lanza en ristre, aduciendo un riesgo de “instrumentación política” del Derecho Internacional. “El Gobierno alemán rechaza con firmeza y explícitamente la acusación de genocidio presentada ahora contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Esta acusación carece de fundamento alguno”, declaró el canciller Olaf Scholz, para quien la evidencia contenida en decenas de reportes de organismos de las Naciones Unidas no es suficiente para alterar la tradición de los gobiernos alemanes de querer expiar la culpa del Holocausto apoyando ciegamente al proyecto colonial israelí, aunque esto equivalga a exterminar a los palestinos. De allí la dura crítica que lanzó el presidente de Namibia cuando afirmó que Alemania es incapaz de “aprender de las lecciones de su cruel historia”, aludiendo al genocidio de los pueblos herero y nama por parte del Imperio Alemán entre 1904 y 1908. “Alemania no puede expresar moralmente su compromiso con la Convención de las Naciones Unidas contra el genocidio, incluyendo la reparación por el genocidio en Namibia, y a la vez apoyar el equivalente a un holocausto y un genocidio en Gaza”, concluyó Hage Geingob.

Luego de una contundente lista de consideraciones, entre ellas el reconocimiento de la vulnerabilidad en que se encuentra la población de Gaza, las decenas de miles de civiles asesinados, casas, colegios y hospitales destruidos y el desplazamiento masivo de la mayoría de la población, la Corte ordenó a Israel “tomar todas las medidas dentro de su poder para prevenir la comisión de todo acto dentro del alcance del artículo II de esta Convención. En particular: asesinar miembros del grupo, causar daños corporales o mentales graves, imponer deliberadamente condiciones de vida destinadas a provocar su destrucción física total o parcial e imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo”.

A diferencia de la vehemencia con la que la Corte ordenó a Rusia un alto al fuego en Ucrania en marzo de 2022, estas medidas pecan por dejar en manos del victimario la suerte de sus víctimas; aunque un tono más decidido tampoco sería garantía de que este desdeñador de la legalidad internacional detuviera la masacre. “La decisión de la CIJ por sí sola no puede poner fin a las atrocidades y devastación que los gazatíes están presenciando. Las señales alarmantes de genocidio en Gaza y el flagrante desprecio de Israel por el derecho internacional resaltan la necesidad urgente de ejercer una presión efectiva y unificada sobre Israel para que detenga su ataque contra los palestinos”, afirmó la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, el mismo día del pronunciamiento de la CIJ. La defensora de derechos humanos recordaba que “todos los estados -incluyendo aquellos críticos u opuestos al caso de genocidio- presentado por Sudáfrica tienen un deber claro de asegurar que estas medidas sean implementadas. Lideres mundiales de EE.UU, Reino Unido, Alemania y otros Estados miembros de la Unión Europea tienen que mostrar su respeto a la decisión vinculante de la Corte y hacer todo lo que esté a su alcance para cumplir con su obligación de prevenir el genocidio”.

Netanyahu rechazó el veredicto, pero celebró que el tribunal no ordenara el cese inmediato de las hostilidades. Veinticuatro horas después Israel asesinó 170 civiles e hirió a otros 310 intensificando sus bombardeos en el sur de Gaza y acusó, sin dar a conocer las evidencias, a 12 empleados de la UNRWA de ser colaboradores de Hamás. Naciones Unidas, en una medida radical para proteger a la agencia y sus 30.000 trabajadores canceló los contratos de los supuestos implicados e inició una investigación. A Alemania, Australia, Canadá, EE UU, Finlandia, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Suiza les pesó más la duda lanzada y, sin esperar el resultado de las investigaciones, anunciaron de inmediato la suspensión de sus aportes. Una manera de, sin irse en contra del fallo, mostrar apoyo a su aliado, aunque esto equivalga a causar aún más daño a la población, lo que iría en contravía de las medidas provisionales de la Corte.

Siendo la UNRWA la columna vertebral de toda la operación humanitaria en Gaza, la posibilidad de verse obligada a cesar su operación a finales de febrero por desfinanciación, justo en el momento en que Israel prepara una incursión terrestre a Rafah —a donde han llegado cerca de un millón de desplazados del norte— pone al borde del precipicio el sostenimiento de la vida en la asediada franja y acerca más a Israel a su propósito de cometer un genocidio.

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