La defensa de Álvaro Leyva frente a su suspensión: que decida el presidente

Álvaro Leyva, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, fue suspendido provisionalmente de su cargo por la Procuraduría el pasado 24 de enero, pero sigue en él. Lo ha logrado gracias a una estrategia de defensa jurídica encabezada por el abogado constitucionalista Yefferson Dueñas, un camino que puede convertir el caso en un galimatías jurídico, en el que los abogados del canciller afirman que es el presidente quien debe sacar un decreto para apartarlo temporalmente.

La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de la Procuraduría General de la Nación suspendió al canciller de forma provisional, mientras inicia el juicio disciplinario en su contra. Pero este jueves Dueñas envió un escrito de 22 páginas a Margarita Cabello Blanco, la procuradora general, en el que le pide revocar directamente la suspensión, argumentando que “los cargos por los que fue llamado a juicio disciplinario, no estaban bien fundamentados y pondría en riesgo la seguridad del Estado”. En el documento, publicado por el El Espectador, Dueñas argumenta que la decisión de Leyva de declarar desierta la licitación de pasaportes cuando la empresa Thomas Greg & Sons era el único proponente habilitado, le dio prevalencia a la “legalidad”. Afirma que así se evitó adjudicar un proceso que “comprometía en forma grave principios de la contratación estatal”. Además, pide a Cabello declararse impedida para responder a la petición, pues afirma que celebró la noticia de la suspensión.

Es difícil que la petición sea bien recibida. El mismo jueves Ernesto Jesús Espinosa Jiménez, procurador de la Sala Disciplinaria, le escribió a Leyva para exigirle que acate la suspensión. Argumenta que las noticias le han demostrado que “a la fecha no ha dado cumplimiento a la orden de suspensión provisional”. Se refiere, por ejemplo, a su firma en la respuesta a un cuestionario sobre la licitación de pasaportes, fechada el 26 de enero, dos días después de su suspensión. En la misma línea, este viernes el congresista opositor Carlos Edward Osorio demandó un decreto del 30 de enero porque lo firmó Leyva, un nuevo frente legal para un caso cada vez más lleno de tecnicismos jurídicos.

Justamente, el plan de Leyva es mantener la disputa legal. Ernesto Matallana, uno de sus abogados, explica a EL PAÍS que el canciller “sigue en su cargo” y no es él quien debe ejecutar la suspensión, sino que quien debe cumplir la orden de la Procuraduría es el presidente, al ser quien nombra a los ministros en sus cargos. Vía telefónica explica la consecuencia de ello: el ministro “sigue en funciones hasta tanto el presidente tome la decisión de dar cumplimiento a dicha suspensión”. En otras palabras, la pelota queda en manos no de Leyva, a quien la Procuraduría ha apremiado, sino de su jefe y sostén político, Gustavo Petro.

El canciller ha sido de los funcionarios del Gobierno más leales al presidente, quien lo ha respaldado frente a la decisión de la Procuraduría. El día en que se conoció la decisión de suspenderle, usó su cuenta de X para explicar que el ministro había seguido sus instrucciones y que no eran “caprichosas”; ante la exigencia de que se separe de sus funciones, este viernes el presidente argumentó que mantener la licitación de pasaportes habría sido “proteger una intención corrupta”. Mientras se desenreda esa madeja, la Sala Disciplinara ha citado a Leyva a la audiencia en la que iniciará el juicio disciplinario en su contra, el próximo 15 de febrero.

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