Condenados un coronel y tres soldados por el asesinato del firmante de paz Dimar Torres en 2019

Miembros del Ejército Nacional le arrebataron a Dylan Torres la posibilidad de conocer a su padre. El 22 de abril de 2019, cuando tenía dos meses de gestación, lo asesinaron. Pero finalmente, este miércoles, dos meses antes de que él cumpla cuatro años de edad y cinco años después del crimen, la justicia condenó al coronel Jorge Armando Pérez Amézquita y a tres soldados, todos en retiro, por el homicidio cometido en zona rural del municipio de Convención, en la región del Catatumbo (Norte de Santander). En su momento, el caso desató el temor de que hubieran regresado los llamados falsos positivos, asesinatos de civiles cometidos por militares para aparentar resultados en la lucha contra las guerrillas y fue uno de los casos más emblemáticos de la violencia contra reincorporados de las extintas FARC.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, la investigación penal logró demostrar que Pérez, en ese entonces coronel, dio la orden de asesinar al excombatiente de las extintas FARC, que había firmado la paz en 2016, señalándolo de ser explosivista del ELN. Esa acusación de quien fuera el comandante del Batallón de Operaciones Terrestres No. 11 del Ejército nunca se probó. Los militares a su cargo llevaron a cabo la orden ilegal, y le dispararon cuatro veces a Dimar con un fusil. Luego, buscaron ocultar el cadáver en una fosa, pero la comunidad se percató, lo impidió y denunció el homicidio. Semana reveló el caso pocos días después, el 29 de abril. El entonces ministro de Defensa del Gobierno de Iván Duque, Guillermo Botero, dijo que la muerte se había dado tras un forcejeo entre el excombatientes y los militares.

El proceso penal se inició en ese momento. En agosto de ese mismo año, uno de los militares involucrados, el cabo segundo Daniel Eduardo Gómez Robledo, aceptó el delito de homicidio en persona protegida en un preacuerdo con la Fiscalía. Era quien le había disparado a Dimar. El escándalo era inatajable y la oposición citó al ministro Botero para que respondiera por haber argumentado que no se trataba de una operación como la que aceptaba el cabo Gómez, así como por la revelación, hecha entra tanto por el diario estadounidense The New York Times, de que el Ejército había vuelto a instaurar los incentivos que dieron lugar a los falsos positivos casi 20 años antes.

Días previos y antes las contundentes revelaciones sobre el asesinato de Dimar, Botero pidió a la Justicia que capturara a Pérez Amézquita. Era tarde. A inicios de noviembre, en el debate contra el ministro en el Senado, el entonces congresista Roy Barreras demostró que un bombardeo del Ejército en Caquetá había matado a menores de edad y, ante la presión, Botero dimitió. A fines de ese mismo mes, un juez condenó a Gómez a 20 años de prisión sin posibilidad de ningún beneficio penal. La justicia parecía llegar rauda.

Los otros cuatro militares vinculados al caso, Pérez y los soldados profesionales Cristian David Casimilas Pulido, William Andrés Alarcón Castrillón y Yorman Alexander Buriticá no aceptaron los cargos que la Fiscalía les imputó en enero de 2020. La defensa de Torres denunció dilaciones. Los militares buscaron que pasara a la justicia penal militar y hubo un cambio de juez. Aunque fueron detenidos en 2020, quedaron en libertad en junio de 2022, ya que se habían vencido el plazo por el que podía seguir detenidos temporalmente mientras avanzaba el juicio en su contra.

Un año y medio después llegó la decisión. Una jueza penal especializada de Cúcuta encontró culpable a Pérez Amézquita del delito de homicidio agravado en persona protegida. A los soldados Yorman Alexander Buriticá, Cristian David Casilimas y William Andrés Alarcón, por su parte, los encontró responsables del delito de favorecimiento para la comisión de homicidio en persona protegida. La jueza también emitió una orden de captura contra ellos y anunció que el próximo 13 de febrero hará la audiencia en la que determine la condena de cada uno, que puede ir hasta los 40 años de cárcel.

La Procuraduría, encargada de juzgar irregularidades disciplinarias de los funcionarios del Estado, ya había sancionado a los cuatro militares. En agosto de 2020, destituyó e inhabilitó por 20 años para ejercer funciones públicas a Pérez, a quien señaló de determinador del homicidio. “Durante los días previos al asesinato de Torres Arévalo, impartió órdenes a sus subalternos para identificar al posible responsable de la muerte del soldado profesional Pablo Emilio Borja García (el día 12 de abril de 2019 al pisar un campo minado) y desde un comienzo hizo explícita su intención de no judicializarlo, sino de matarlo y vengar de esa manera el hecho”, explicó la entidad en un comunicado de prensa. A los tres soldados los penalizó con 12 años de inhabilidad por actuar como cómplices.

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), al menos 400 exmilitantes de las extintas FARC han sido asesinados desde el acuerdo firmado en 2016. Sin embargo, hasta el momento la condena por el asesinato de Dimar Torres es apenas la número 74.

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