Cómo rescatar la paz total con el menor costo político

El Gobierno tiene la oportunidad de hacer ajustes para reconducir los esfuerzos en paz y seguridad y evitar que una crisis humanitaria afecte su legitimidad y la disposición de las comunidades en los territorios de apoyar su propuesta.

Acá una lista de ideas, con bajo costo político, que podrían lograr que la política de paz total no naufrague o –lo que sería más grave–, anule la opción de una salida negociada a un conflicto tan doloroso y largo como el colombiano.

La primera es subirle el volumen a la implementación del acuerdo de paz con las FARC, con más gestión y recursos que narrativa. Como es una obligación de Estado, según la Corte Constitucional, y una promesa de campaña del actual presidente, meterle el acelerador a la implementación del Acuerdo, aprovechar toda su infraestructura y buscar por ahí victorias tempranas, no aleja al Gobierno de su política de paz. Al contrario, lo convierte en un interlocutor con mayor credibilidad y mayor fuerza en las mesas de negociación y le cierra las puertas en muchos aspectos al control social que vienen ejerciendo los grupos. Hace algunos días en El Retorno, Guaviare, por ejemplo, las disidencias denominadas “EMC” reunieron a la comunidad para presentarle sus directivas a tan solo 55 kilómetros del casco urbano de San José del Guaviare. Como ese hay múltiples casos por todo el país.

La segunda idea es la construcción de un imaginario de punto de llegada para los diversos grupos con los que se está negociando o conversando, dentro de su naturaleza y sus diferencias; sea ELN, el llamado “EMC” u otros. Al proceso con las FARC le dio vida la idea de que se estaban cambiando armas por votos, y en el corazón de ese acuerdo está la transición de un grupo en armas a un grupo político.

Sin ese imaginario claro el proceso se vuelve demasiado lento. Si por tratarse del ELN, por ejemplo, el punto de llegada es ejercer roles de liderazgo dentro de la sociedad civil organizada, como lo han dicho en algunos espacios los miembros de la delegación, eso requiere darle nombre y forma. Trabajar sobre ese punto hace más real la idea de que el proceso está pensado para llegar en algún momento a un acuerdo final y los actores que hoy están en armas tendrán una vida sin ellas.

La tercera idea es reorientar la discusión sobre la estrategia de buscar acuerdos parciales. Se trata de una forma completamente legítima de abordar las negociaciones, que no significa que no se pueda hablar de desarme o dejación de armas.

Es importante concentrar la discusión. ¿Acuerdos parciales sobre qué?, ¿que se implementan cómo? Reconocer que son limitados –porque la negociación tiene un punto de llegada– y resaltar que no impiden que se aborden puntos más definitivos o que se implementan en otros momentos, como los de justicia o desarme.

Por un lado, la contraparte con la que se está hablando –sin importar qué tan radical parezca su punto de partida– necesita asimilar que llegará el momento del desarme, ir contemplando esa idea y vendiéndosela a sus bases.

De otra parte, y más importante aún, la sociedad y los líderes políticos y de opinión necesitan saber que pueden tener la expectativa real de un desarme, un fin del conflicto y una transición de esos grupos a una vida sin armas. Sin eso es difícil generar masa crítica que respalde este esfuerzo.

El desarme de Irlanda del Norte que tardó siete años, por ejemplo, estuvo cargado de desconfianzas que hacen muy vulnerables a los procesos y los acuerdos. Para nuestro contexto, que tiene multiplicidad de actores, de fuentes de violencia y de economías ilegales, pueden representar un riesgo enorme y hacer más difícil llegar a un punto de no retorno.

Cuarto, este Gobierno está en posibilidad de ser mucho más tajante en el principio, en el que ya deberíamos haber evolucionado como país y como comunidad internacional, de que nada justifica el uso de las armas y que no existen causas objetivas de la violencia. Los mensajes al respecto, hasta hoy, no han sido suficientemente claros. La agenda del ELN, por ejemplo, plantea como meta que se “haga innecesario el uso de las armas” para alentar o impedir transformaciones, como si como sociedad pudiéramos aceptar el hecho de que hay circunstancias en que es necesaria su utilización.

Adicionalmente, nos hemos enfrascado en discusiones sobre el financiamiento de los grupos armados cuando están en cese. Es cierto que el cese, que debe ser de hostilidades de todo tipo, genera una inacción por parte de los grupos que usualmente se dedican a actividades criminales relacionadas con la captación de rentas. La idea de financiar por no entrar en estas actividades es políticamente muy costosa y moralmente inviable, como ya se comprobó; pero no es la única alternativa.

La mesa de negociación es un espacio en donde se puede trabajar de manera creativa, con mecanismos hechos a la medida de la negociación. Estos grupos están llenos de jóvenes a quienes les serviría muchísimo tener acceso a educación básica, técnica y en labores tradicionales. Podrían empezar ya un proceso que luego haga parte de un camino más robusto de retorno a la vida civil.

Finalmente, el tema de justicia se puede posponer en su fase pública y se puede decir que se tratará en conjunto con un mecanismo de participación, pero es ineludible. Mientras más pronto se aborde, mejor, así se inicie con subcomisiones de trabajo. Para el Gobierno es bajo el costo de traer este tema a la negociación. Las demandas de justicia, verdad y reparación son de las víctimas y la sociedad, llevan décadas consolidándose, están reconocidas por la Constitución y tienen unos mínimos en el derecho internacional que Colombia ha aceptado.

Por eso es urgente contar con un marco jurídico claro, que responda a esos principios constitucionales y a esos estándares mínimos internacionales. Y es urgente que el tema se empiece a trabajar en las mesas, con pedagogía, con aterrizaje de expectativas y con atención a las experiencias anteriores del país, sea cual sea el punto de partida de la contraparte.

Los espacios y eventos que se han dado a raíz de los siete años de la firma del acuerdo de paz con las FARC pueden ser una buena excusa para que la sociedad civil y los excombatientes nos recuerden cuáles son sus expectativas. También pueden ser el momento ideal para que el Gobierno fortalezca su posición, reconduciendo y reenfocando su política hacia la consolidación de lo que se puede avanzar con el acuerdo con las FARC, y la generación de incentivos para sumarse y apoyar las salidas negociadas con otros grupos.

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