Petro se la juega con el ELN al exigir en México el fin de los secuestros

Las negociaciones de paz de Colombia encararán la semana que viene en México un ciclo clave. El país entero le reclama en voz alta al ELN (Ejército de Liberación Nacional) que deje de secuestrar y que libere a las 30 personas que mantiene en cautiverio. La situación se ha vuelto insostenible desde que la guerrilla secuestrara hace dos semanas al padre del futbolista Luis Díaz, un caso que ha conmocionado a toda la nación, que ha visto espantada cómo el mundo ha vuelto a pensar en Colombia como un país descompuesto y violento. La delegación del Gobierno de Gustavo Petro tiene, por lo tanto, la tarea nada sencilla de convencer al ELN de que no puede seguir con esta práctica que tanto dolor ha producido si verdaderamente quiere hacer la paz. En el peor de los escenarios, los emisarios del presidente pueden volver con una negativa de los guerrilleros, lo que situaría el diálogo en el precipicio.

Porque enfrente tendrán la oposición de un grupo armado que tiene el secuestro como una de sus principales vías de financiación. Y si algo ha quedado claro es que a la guerrilla no le gusta que le impongan nada, como ha venido demostrando en este año de negociaciones. De hecho, ni siquiera habla de secuestros, sino de retenciones. Su marco mental no casa necesariamente con el del resto de la sociedad, después de sesenta años de una lucha armada, extemporánea a estas alturas. De eso se deduce que será otra negociación medida al milímetro, con las palabras justas, que convenga al relato de ambas delegaciones y contente a un país harto de estas expresiones salvajes de violencia.

El Gobierno no ha podido ser más enfático, el secuestro se ha convertido en una línea roja. La delegación ha reconocido que se ha abierto una verdadera crisis a raíz de rapto del padre del futbolista y que ha llegado el momento de que se elimine como tal. Esa petición está sobre la mesa desde el comienzo del diálogo, pero ahora se antoja impostergable. “Nuestra delegación exige desde ya, y exigirá en la próxima reunión con la delegación del ELN, que cada una de las personas que esta organización tiene en cautiverio sea liberada en condiciones de seguridad y dignidad de manera inmediata”, explicó la comitiva gubernamental en un comunicado que hizo público la semana pasada.

Se va a abrir entonces el asunto de la financiación del ELN. La guerrilla argumenta que necesita cobrar extorsiones y rescates para mantener a los casi 3.000 combatientes con los que cuenta sobre el terreno. Se ha hablado durante el proceso de la posibilidad de que la guerrilla reciba algún tipo de dotación económica a cambio de cesar sus actividades criminales, pero cada vez que se ha aludido al tema se ha creado un gran rechazo en algunos sectores de la sociedad, sobre todo entre aquellos que desconfían de la utilidad de sentarse a negociar con un grupo armado. Se simplifica el asunto reduciéndolo al argumento de que se va a pagar a los guerrilleros por dejar de delinquir.

El presidente Petro no es el primero que se enfrenta a este obstáculo. Ha sido un freno común en las negociaciones que el grupo armado ha mantenido con otros cinco presidentes, que intentaron desarmar al ELN sin éxito. Ni siquiera han renunciado a esta práctica después de sentarse a dialogar con los gobiernos. Cuando las delegaciones anunciaron el cese al fuego bilateral, el 9 de junio, el jefe negociador de la guerrilla, Pablo Beltrán, dijo que las extorsiones y los secuestros ―a los que se refiere como “impuestos” y “retenciones”― son “operaciones de finanzas” que no hacen parte aún de lo pactado. Más allá de los eufemismos a los que suele acudir la guerrilla, y a la espera de pronunciamientos formales del mecanismo de verificación, el secuestro de civiles es una violación del documento firmado, que prohíbe la “toma de rehenes” en el marco del Derecho Internacional Humanitario.

“No es cierto que el ELN tenga que secuestrar para financiarse. Como fuente de financiación, el secuestro es hoy día marginal para esa guerrilla, cuyos recursos provienen de la minería, del peaje que cobra a los narcos en ciertos corredores, del contrabando y de la extorsión”, escribió Marta Ruiz este domingo en La Silla Vacía. “La práctica de las guerrillas que más ha contribuido a la derechización de Colombia es el secuestro. El país, y no solo el establecimiento, rechaza frontalmente ese comercio humano con la libertad y la dignidad de las personas. Rechaza que se involucre a civiles en una guerra eterna en la que no tienen nada que ver. Por tanto, si esa guerrilla no deja el secuestro es por decisión política y no por necesidad económica. Se reservan el secuestro como un arma para el chantaje, como una ventaja militar a su favor, para presionar el logro de sus difusos objetivos políticos”.

José Félix Lafaurie, el negociador en el proceso que representa a la derecha colombiana, ha insistido a Otty Patiño, el jefe de la delegación, y a Iván Cepeda, el senador-arquitecto de la paz, que no es momento de ir a México a celebrar un nuevo ciclo, que si fuera por él abordaría el asunto con mucha más prudencia. “Soy de la teoría de que ir a México a plantear el secuestro y el fin del conflicto y regresar con caras destempladas puede acabar con el proceso. Si nos vamos y regresamos con que siguen los secuestros, y que incluso hay más, nuestro prestigio queda agotado. Se acaba la negociación”, cuenta Lafaurie por teléfono.

Petro tiende al riesgo a la hora de la toma de decisiones, y esta vez no ha sido la excepción. Eso le ha traído hasta aquí, hasta la presidencia, pero ahora puede jugar en su contra: es todo o nada. Se queda en manos de unos negociadores imprevisibles, a los que cuesta un mundo convencer de algo. Pero el presidente tiene mucha fe en sus intuiciones y cree que es la hora, o al menos eso se deduce de las declaraciones de Cepeda, de que es el momento de dar un paso definitivo en la negociación. La paz, piensa un impaciente Petro, no tiene más demora.

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