La quiebra de un motel incautado y el desorden de los bienes confiscados por el Estado

La relación familiar de Gustavo Herrera Zuleta con el narcotráfico podría ser de vieja data. Claudia Patricia, su hermana, fue pareja y tuvo un hijo con Carlos Lehder, uno de los principales capos de la droga en los 80 y el primer colombiano en ser extraditado a Estados Unidos. Benjamín, su otro hermano, era apodado ‘el Papa negro de la cocaína’ y resultó capturado en Miami, en diciembre de 1987, por ingresar droga a territorio norteamericano. Más de dos décadas después, la justicia le tocó la puerta a Gustavo, a quien la DEA habría señalado como responsable de crear rutas de envío de coca a través de Las Bahamas. La justicia incautó sus bienes, en lo que parecía un triunfo de la legalidad. Sin embargo, la decisión terminó afectando a 13 mujeres antioqueñas por la desidia estatal y los malos manejos administrativos de uno de esos bienes.

Betty Rodríguez (Támesis, 56 años) empezó a trabajar en el motel Aries en noviembre de 2011. Antes de cumplir su primer aniversario laboral, en octubre del año siguiente, vio cómo el lugar fue embargado por la Fiscalía General de la Nación. La intervención llegó después de que la Corte del Distrito Sur de la Florida aparentemente hubiera emitido órdenes de extradición contra uno de los dueños del motel por narcotráfico. Ese dueño era Gustavo Herrera Zuleta. “Después de que la Fiscalía apareciera, seguimos trabajando. Aunque al ratito las cosas empezaron a desmejorar. En las cabañas del sitio, la calidad y el servicio cayeron”, explica Betty, quien es madre soltera de cinco hijos.

El motel es uno de los 64 bienes que las autoridades incautaron a Herrera Zuleta y su núcleo familiar, en un proceso de extinción del dominio que sigue en la etapa previa, en manos de la Fiscalía. Está ubicado en La Estrella, Antioquia, un municipio del área metropolitana de Medellín. Pasó a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la entidad estatal encargada de manejar las propiedades incautadas y que delega su administración en empresas o personas conocidas como depositarios. Los depositarios deben mantener la actividad comercial de las empresas o de los bienes, mantener los puestos de trabajo y reportar beneficios económicos al Estado.

Betty Rodríguez reconoce que, aunque la calidad disminuyó en el motel, sus salarios y los de sus compañeras no sufrieron atrasos. No obstante, narra que sí sufrieron injusticias. Durante los primeros meses de la pandemia, ante la imposibilidad de mantener las puertas del lugar abiertas, el depositario del momento amenazó con no transferirles sus salarios si se iban a sus hogares a cumplir con el confinamiento. Pese a ser conscientes de que les estaban vulnerando sus derechos, optaron por quedarse vigilando las instalaciones para asegurar sus ingresos y sostener a sus familias. “Unas cuidaban en el día y otras en la noche. Todo ese tiempo estuvimos encerradas allá. Nosotras mismas, como si fuéramos expertas en seguridad, cuidábamos el motel”, recuerda.

Superada la emergencia sanitaria, en 2021, la SAE designó un nuevo depositario. El elegido fue la inmobiliaria Bogotá Real Estate, creada en 2013. El cambio de vientos trajo nuevos y mayores problemas. En junio de ese año, las trabajadoras fueron informadas de que el motel cerraría por un mes, debido a que se llevarían a cabo arreglos en las cabañas. Betty y sus 12 compañeras nunca pensaron que esa sería su última vez en Aries. El cierre se extiende hasta la fecha, más de dos años después, y ninguna ha sido contactada por el depositario para dar por terminado su contrato y que les paguen los sueldos y prestaciones que les adeudan. Tampoco les han pagado los valores correspondientes a salud y pensión, por lo que muchas no han podido asistir al médico. “He tenido quebrantos. A mí me han operado varias veces una pierna y tenía que seguir un tratamiento, pero me tocó frenarlo porque me desafiliaron de la entidad de salud porque el depositario no pagó. Uno llama y ni contestan el teléfono”, afirma Betty.

El abogado Pedro Londoño las representa en un proceso judicial que iniciaron contra Bogotá Real Estate, que no ha asistido a ninguna de las diligencias convocadas por el juez. Las empleadas exigen 1.000 millones de pesos (cerca de 250.000 dólares). Pero enfrentan otro problema: según los documentos oficiales registrados en la Cámara de Comercio, la inmobiliaria solo tiene 37 millones de pesos (9.250 dólares) de activos y debe incluso más, casi 56 millones de pesos (unos 14.000 dólares). Eso hace imposible que pueda pagar toda la deuda. Por eso, Londoño vinculó en el proceso a la SAE, en su condición de institución del Estado colombiano, para que responda por no cumplir con su deber de inspección, vigilancia y control de la empresa depositaria.

Este no es un problema aislado en la SAE. El pasado septiembre su presidente, Daniel Rojas, reconoció ante el Congreso que la entidad arrastra desde hace varios años problemas en los avalúos, inventarios y productividad de los bienes que tiene en su poder. En este último ítem entra el motel Aries, que cumple más de 24 meses sin operar. Aquella vez, Rojas les contó a los legisladores que cuando se posesionó en la entidad, sólo un mes antes, la recibió con el encargo de 24.441 inmuebles, que valían alrededor de 5,3 billones de pesos (unos 133.000 millones de dólares), una cifra 10 veces superior a todo el daño que la corrupta Odebrecht le causó al país, según la Fiscalía. También tenía en su poder 1.632 sociedades y establecimientos de comercio por otros 3,2 billones, además de obras de arte, dineros y vehículos. Cinco de estos bienes tenían a Bogotá Real Estate como depositario.

El gerente de la compañía, Juan Camilo Porras, conversó con EL PAÍS sobre la situación, a la que califica como “una gran confusión”. Porras niega cualquier responsabilidad y señala que la acción judicial adelantada por las 13 trabajadoras debería estar direccionada a alguien más, ya que su compañía no tiene relación directa con el motel. “Nosotros recibimos ese lugar cuando ya estaba cerrado. Es una cuestión de técnica jurídica. Nosotros tenemos derechos sobre la sociedad que era propietaria de los inmuebles, pero los que los administraban eran otros, quienes se entendían con la SAE. Ahí no tengo nada que ver”. Contó que contrató los servicios de un abogado para que lo represente y demuestre la equivocación.

Hasta el momento de publicar esta nota, la SAE no ha respondido a las preguntas enviadas por EL PAÍS el viernes pasado. No obstante, Betty Rodríguez espera que la situación se solvente pronto, para poder ayudar a sus hijos con la manutención de su casa. “Nos sacaron injustamente de allá, con mentiras y ahora nos incumplen. Queremos eso: que cumplan”, concluye.

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