El Gobierno de Colombia y el ELN retoman conversaciones de paz en Caracas

El Gobierno de Colombia y una delegación del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la organización guerrillera en activo más grande del país, reanudaron el cuarto ciclo de conversaciones de paz en Caracas bajo la mediación de la Administración de Nicolás Maduro. El nuevo encuentro tuvo lugar este lunes en la Residencia Presidencial La Casona, al este de la ciudad, y contó con la presencia de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Pablo Beltrán, jefe de la delegación de ELN –grupo insurgente de inspiración marxista con más de 60 años de actividad militar- , reconoció que la paz tiene “enemigos ocultos” que se conjuran para que ésta no se concrete, y que aunque todavía existen, afortunadamente “son menos.” Beltrán dijo que la organización que representa, si bien “no aspira a ser monedita de oro” venía dispuesta a “firmar y cumplir los acuerdos” bajo el parámetro de “una solución política” con el gobierno progresista de Gustavo Petro.

Otty Patiño, escritor y exguerrillero del desaparecido Movimiento-19, hablando a nombre del Ejecutivo colombiano, afirmó que la consolidación de la paz en Colombia “es una política de Estado y da continuidad a esfuerzos anteriores, el cese de las armas para dirimir los conflictos”. Patiño propuso a su contraparte “incluir a la gente” en estas conversaciones que se debate en esta ocasión, “lo que causa la violencia, que los jefes de los frentes del ELN escuchen a las comunidades de esos territorios, a las víctimas”.

El grupo de países garantes y acompañantes del proceso de paz –Brasil, Chile, Cuba, México, Noruega y Venezuela-, junto a un Representante Especial de Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal de Colombia, ponderaron los “importantes avances” de las sesiones anteriores, agradecieron el papel cumplido por Venezuela en este contexto, y reiteraron su compromiso por darle continuidad y fortalecer los acuerdos.

La presencia de Petro en el poder ha facilitado los canales de conversación con la guerrilla del ELN y ha hecho posible la continuidad de las sesiones de trabajo luego de haber estado congeladas en los tiempos de Iván Duque, aunque persistan importantes obstáculos. El Palacio de Miraflores, que tiene su propio portafolio de adversidades y afronta un grave costo de reputación en el exterior, se encuentra en este contexto ante una realidad inusualmente grata para sus propios intereses, y, teniendo relaciones buenas con ambas partes, funge de perfecto interlocutor político.

En la agenda queda pendiente darle continuidad y seguimiento al acuerdo de alto al fuego de 180 días, pactado en junio pasado en La Habana, y que empezó a regir este 14 de agosto. Algunos pasos fundamentales de carácter previo en las conversaciones entre el Gobierno de Colombia y el ELN se concretaron en las conversaciones celebradas en Cuba, México y Venezuela.

La Cancillería venezolana emitió a su vez otro comunicado en el cual reafirma su compromiso con “la paz total en Colombia”. Miraflores recupera a su vez algo de peso diplomático. “En este cuarto ciclo queremos resaltar el hecho de que sea posible que se pueden adelantar rápidamente medias de alivio para las comunidades afectadas, impactadas por el conflicto armado. Es un objetivo humanitario e inaplazable”, afirmó la vicepresidenta Rodríguez.

Aunque no es nada frecuente que hagan operaciones militares abiertas, las guerrillas del ELN presentes en Venezuela –una organización acusada de promover el terrorismo por los Gobiernos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, entre otros- , ha operado durante años con comodidad en territorios como el Estado Táchira y amplios sectores remotos del país, en el Alto Apure, el sur del Amazonas y sur del estado Bolívar, sobre todo en zonas fronterizas con Colombia. Su incumbencia se ha incrementado en los tiempos de Nicolás Maduro. Ocasionalmente son repelidos por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Instalan sus campamentos, se desplazan por los ríos locales identificados, hacen trabajo político con las comunidades, reclutan personal para sus operaciones, colocan estaciones de radio para difundir sus mensajes, y a veces, incluso, se convierte en la autoridad en las zonas más alejadas e indefensas. Cobran un impuesto al comercio y la ganadería y se han involucrado activamente en la producción y el tráfico de oro en las zonas mineras del país.

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