Colombia en ascuas

Colombia atraviesa un momento de gran fragilidad para la legitimidad presidencial. No porque los anteriores presidentes no hayan sido investigados por el irregular financiamiento de sus campañas presidenciales, muchas probadas y otras impunes. Los dineros del narcotráfico y más recientemente de la multinacional Odebrecht han estado presentes en por lo menos las últimas tres décadas de procesos electorales en el país. La mayoría de las campañas investigadas fueron favorecidas por la preclusión o la absolución. El caso más sonado fue el del expresidente Ernesto Samper (1994-1998) con el proceso 8.000 por el ingreso de dineros de los narcotraficantes del Cartel de Cali a su campaña. La comisión de acusaciones del Congreso, encargada del juzgamiento de los mandatarios, siempre les ha garantizado la absolución.

Como ha explicado el analista Héctor Riveros, la importancia del papel de las mayorías parlamentarias hoy está a la orden del día como garante de la gobernabilidad, y digo yo de la impunidad también. Por eso, que el presidente Gustavo Petro no las tenga, lo coloca como a ninguno de sus antecesores en una casi condena anticipada. A menos de que los tres investigadores que atienden sus procesos se encarguen de dilatar o establecer que no hay méritos para avanzar. Son ellos Olga Lucía Velásquez, de la Alianza Verde; Wilmer Carrillo, del Partido de la U; y Alirio Uribe, del Pacto Histórico. Con el Gobierno o en la independencia, los tres son aliados de la causa petrista.

En el escenario en que su hijo Nicolás Petro pruebe la utilización de dineros de procedencia corrupta —cuestionada, dirán los más permisivos— de Santander Lopesierra, el llamado Hombre Marlboro, y del conocido Turco Hilsaca, en gastos de la campaña política, es obligatorio el juzgamiento del presidente y la investigación penal al gerente de la campaña, y hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

El momento requiere de calma y sobre todo de que impere el estado de derecho. Están a prueba los estándares investigativos para que, probada la comisión de delitos, sean castigados los responsables. No importa si se trata del primer mandatario, porque precisamente ese discurso del cambio que vendió, y que es menester reconocer que Colombia debe transitar con él o sin él para romper el statu quo que sigue defendiendo la oposición, debe ser posible. Lo demás es el acomodamiento en una izquierda que no fue capaz de hacerse al poder sin los pecados que tanto criticó. Ojalá no fuera así.

Es el momento de las grandezas de la institucionalidad judicial, de los liderazgos de conciencias limpias y de la obligación de enfrentarnos a los fantasmas del pasado, con los cuales no podemos seguir conviviendo para garantizar estabilidades aparentes. Este proceso tampoco puede violar la intimidad de los acusados, ni sus conversaciones personales, ni sus desnudos. Los funcionarios judiciales que llegaron a hacer la captura de Nicolás Petro grabaron desnuda, en embarazo de ocho meses, a su actual pareja; días después se reveló una conversación privada con su hermana. Necesitamos pruebas, no declaraciones producto de heridas por abandonos o malas crianzas, que siempre cobrarán su cuota de venganza.

Es lógico que las desafortunadas declaraciones de Petro de “yo no lo crie” en relación con su hijo o que “reflexione en la cárcel por sus errores”, resulten en un escenario de rupturas y cicatrices familiares difíciles de sanar. Pero este caso se refiere a otros temas, a las tentaciones de la riqueza fácil que, como lo anterior, deberán ser sicólogos y sociólogos quienes analicen. Pero para los procesos penales es necesario material probatorio, pruebas que no dejen dudas sobre lo ocurrido y no dejen espacio para narrativas de que a este Gobierno no lo dejó gobernar el establecimiento.

Porque no ha sido el establecimiento el responsable del proceso judicial, aunque siempre haya sido cómplice silencioso y garante de impunidades sociales. Lo han sido los mismos dineros del narcotráfico, que han permeado a la sociedad colombiana y que nos mantienen en el infierno de una violencia sin fin. Los responsables son Nicolás Petro y su expareja. Ahora falta que pruebe el ingreso de los dineros que recibió a la campaña de su padre. Mientras no lo haga, el presidente debe tener garantizada la continuidad de su mandato.

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