El Gobierno se la juega con un presupuesto que tensiona al límite la regla fiscal

El Comité de la Regla Fiscal (CARF), un organismo estatal autónomo con facultades consultivas en asuntos de sostenibilidad presupuestal, ha encendido la alerta roja. Lo anterior se desprende del análisis previo confeccionado por el comité de expertos al borrador del proyecto de cuentas públicas presentado por el oficialismo ‘petrista’ para 2024. El texto, radicado el pasado sábado ante el Congreso, contempla un monto de 502 billones de pesos, un incremento del 19% en pesos corrientes frente al de este año. Es un tope riesgoso, según los expertos que trazan la carta de navegación en el tema, para el equilibrio y cumplimiento de las metas de déficit establecidas en la ley.

En un contexto de tensión política generada por los señalamientos del presidente Petro a la gestión fiscal del conservador Iván Duque, su predecesor en el Palacio de Nariño, el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) nace con varios retos por delante. Las dos esquinas políticas, aseguran los observadores, tienen algo de razón en sus quejas. El país, apurado por la gravedad y singularidad de la pandemia, salió con ciertas debilidades estructurales tras acelerar el gasto público. El déficit fiscal llegó al 57% del PIB, cuando el tope establecido es del 55%, y tensionó las cuerdas de las finanzas públicas al igual que ha ocurrido en el resto del mundo.

¿Cuál era el momento adecuado para encarrilar de nuevo el manejo de las finanzas? Desde la izquierda señalan que el gasto del Gobierno Duque siguió siendo exagerado cuando ya se debía limitar la chequera. Desde la derecha responden que la administración Petro tardó más que otros países en iniciar el ajuste. Por lo pronto el CARF, un grupo autónomo que traza los linderos para el diseño presupuestal del Estado, advierte en una circular de julio que las proyecciones del Gobierno para el PGN de 2024 comportan un riesgo añadido para el equilibrio entre el gasto público y los ingresos estatales.

En Colombia, desde hace unas décadas, la brecha entre uno y otro se ha ido ensanchando. Por eso el CARF se muestra crítico con algunas recetas propuestas desde el Ejecutivo para empezar a equilibrar la situación. El Gobierno del progresista Gustavo Petro, en concreto, incluye dentro de sus cálculos ingresos equivalentes al 1,5% del PIB de fuentes tan volátiles como los litigios o los arbitramentos contra particulares que adelanta el Estado en casos de elusión o evasión de impuestos. Se trata de una “fuente” que le preocupa particularmente al CARF por depender de procesos que pueden tardar 10 años y con resultados inciertos.

Pero la senadora Clara López, del izquierdista Colombia Renaciente y parte de la coalición de Gobierno, explica que la hoja de ruta establecida cumple todos los parámetros de responsabilidad fiscal. Y añade, por su parte, que los tres ejes del presupuesto se centran en buscar la equidad social, la transición energética y la ejecución de los acuerdos de paz de la Habana (2016).

A falta de que la propuesta enfrente los debates en las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara, se ha conocido que se ha dispuesto un aumento del 18,9% a los denominados gastos de funcionamiento, que comprenden los gastos de personal y de operación del aparato burocrático. Serán en total 310 billones de pesos, cuya mayor tajada (237,5 billones) estará dirigida a las transferencias, el dinero que el Ejecutivo nacional asigna a las entidades territoriales para el gasto en educación, salud o asuntos similares. Al desgranar las partidas por sectores, el mayor receptor de recursos será la educación, con una dotación de 70,44 billones de pesos, un 28,5% más que este año.

Los rubros que le siguen son la salud y protección social, con 61,48 billones de pesos, y Hacienda, con 54,47 billones de pesos. El senador Juan Felipe Lemus, crítico del Gobierno y miembro del independiente partido de La U, llama la atención sobre el déficit “entre los ingresos proyectados, por 476 billones de pesos, y los gastos. El presupuesto para la vigencia entrante entra con un déficit de 26 billones de pesos”. Pero el parlamentario antioqueño sugiere que la falta de ejecución del Gobierno Petro le ha permitido ahorrar importantes recursos que podría utilizar el próximo año como colchón para balancear las cuentas.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el grueso del presupuesto se pagará a través de un recaudo tonificado gracias a la reforma tributaria de este Gobierno. También lo alimentan la renta petrolera y nuevas e indefinidas estrategias para aligerar y hacer más eficiente el gasto público. Propósitos, en todo caso, parciales frente a las inquietudes y estricta observancia del CARF. El horizonte fiscal, dicen los expertos, exige más prudencia y austeridad: “A partir de 2025 hasta 2031, la nación requerirá de cerca de 120 billones de pesos anuales en promedio de financiamiento interno y externo”, se lee en el informe publicado en julio.

El Gobierno Petro ha estipulado en el borrador del proyecto que el gasto público seguirá en escalada hasta 2026. A partir de entonces, justo en el último año del cuatrienio, pronostica que debería bajar. Un hecho que los expertos tachan de improbable y que genera inquietud. “Estos requerimientos de financiación implican un riesgo no menor, que va a seguir presionando los mercados de deuda soberana de la nación y que necesitará de un nivel importante de credibilidad en la sostenibilidad para lograrse”, se lee en el pronunciamiento a modo de advertencia. Más allá de esto, un hipotético incumplimiento de la regla fiscal abocaría a un escenario complejo, con intereses crediticios aún más altos para el país y banderas rojas de riesgo para las agencias de calificación internacionales.

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