‘Falsos positivos’ y las confesiones que faltan

Las confesiones de ocho militares que, en condición de máximos responsables, aceptaron su participación en los falsos positivos en la audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Dabeiba, Antioquia, han conmovido al país por la crudeza de los hechos relatados y por la confirmación de una verdad que ha querido ser negada: miembros de la fuerza pública, llamados a proteger a los ciudadanos, asesinaron civiles en estado de indefensión para presentarlos como bajas en combate. Fueron 49 las víctimas exhumadas en Dabeiba. El reconocimiento de estos crímenes es un paso importante y necesario para reparar y hacer justicia. Sin embargo, falta camino para que todos los máximos responsables acepten los delitos cometidos. Es la única manera de llegar en algún momento a la reconciliación.

Deberían comparecer los oficiales de alto rango para reconocer la responsabilidad que tuvieron en la cadena de mando como ha quedado en evidencia en las declaraciones de los militares que se acogieron a la JEP. A su lado deben estar también los máximos responsables, no solamente de los falsos positivos, sino de otros crímenes cometidos, que no empuñaron las armas. En Colombia la guerra se ha mantenido, entre otras razones, porque es una forma de hacer política, un buen negocio para algunos o un camino expedito para robar tierras. Muchos de los máximos responsables de los crímenes no han tenido jamás un arma en la mano ni se han manchado de sangre directamente, pero sí han promovido la guerra y han convertido a jóvenes pobres en las víctimas de todos los bandos en contienda.

Algunos de los miembros de las Fuerzas Armadas o de los grupos ilegales han confesado sus crímenes ante un país que queda atónito al ver resumida en relatos de unas horas la violencia vivida durante años y décadas de manera sistemática. En su declaración ante la JEP, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso nos recordó los hornos crematorios en los cuales desaparecieron a decenas de víctimas y reveló la existencia de fosas comunes en Venezuela, usadas también para empujar al olvido a los muertos que años después salen de sus tumbas para contar sus historias.

Los guerrilleros desmovilizados también han confesado secuestros, masacres, torturas… En la audiencia de la JEP sobre el caso 01 dedicado al secuestro, que se realizó en junio de 2022, el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño, Timochenko, pidió perdón mientras escuchaba los reclamos de las familias de secuestrados desaparecidos que siguen esperando noticias de los suyos. En esa audiencia, el sargento de la Policía César Lasso, quien estuvo secuestrado por más de 13 años, compareció llevando en su cuello las cadenas convertidas en símbolo de un cautiverio que llevó la guerra a niveles de degradación inaceptables.

En las confesiones de los militares en Dabeiba se dieron detalles sobre cómo se buscaba a las víctimas entre los más vulnerables y la presión que recibían de los superiores para conseguir “no litros de sangre sino carrotanques de sangre”, en una frase atribuida por uno de los comparecientes al general Mario Montoya. Asesinaron y luego “desaparecieron” a las víctimas, borraron sus huellas, se robaron su identidad para dejar a las familias en el peor de los mundos: sin tener ni siquiera una tumba para llorar a sus muertos. La confesión que llega años después trae algo de justicia y una dosis de alivio para las familias, en especial porque esta audiencia hace real para la historia hechos violentos que han sido sistemáticamente negados.

Esa negación revictimiza a las familias porque es otra forma de violencia que pretende borrar un pasado que sigue vivo. En el caso de Dabeiba, como dijo en la audiencia el magistrado Alejandro Ramelli, “estamos derrotando el negacionismo. La ciencia forense ha hablado. Los hechos son incuestionables”. Parte del camino para llegar en algún momento a una verdadera paz concertada para todos es mirar de frente la historia, dejar de negarla, aceptar los crímenes cometidos y buscar el equilibrio entre una dosis de justicia y una dosis de perdón que nos permita seguir.

Para llegar a esa meta que ha sido esquiva durante más de medio siglo, se necesita que le den la cara a sus víctimas también esos máximos responsables “desarmados”, esos “terceros” no combatientes que han sido grandes protagonistas del conflicto: los que patrocinaron la guerra, los que hicieron política con ella y los que la auparon desde tribunas públicas. Hacen falta las confesiones de esos que no estuvieron en los campos de batalla, pero que son también responsables de la violencia que hoy nos aterra. Esa violencia que han relatado con mucho detalles los combatientes en reiteradas audiencias ante la JEP y ante la Comisión de la Verdad, entidades a las que debemos agradecer por obligarnos a ver la dimensión de la tragedia que a veces no se quiere ver.

En la audiencia de Dabeiba el relato lo hicieron unos hombres que, portando un uniforme, se despojaron de su humanidad para convertirse en asesinos de otros a quienes también deshumanizaron para asesinarlos y desaparecerlos. Lo que vimos en la audiencia, en medio del dolor de víctimas y victimarios, es un asomo de esa humanidad perdida que se puede recuperar. Para que este país encuentre un camino de paz y, sobre todo, de reconciliación, es necesario que los máximos responsables, tanto combatientes como civiles, acepten los crímenes, pidan perdón, paguen por ellos y decidan por fin parar un patrón que ha perpetuado la guerra de generación en generación como nos ha ocurrido hasta hoy.

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