Vuelve el fantasma del paro nacional

Si el profesor Fernando Cepeda, tan apreciado en la academia y en la política, considera en una reciente publicación que la ausencia física del Palacio de Nariño del presidente Laureano Gómez el 13 de junio de 1953 justificó la declaratoria de la vacancia presidencial, en abierta contradicción con el expresidente Alfonso López Michelsen, quien dejó clara su posición al respecto, equiparando el golpe del general Gustavo Rojas Pinilla con el que sufrió su padre Alfonso López Pumarejo el 10 de julio de 1944; si Cepeda puede interpretar un hecho histórico de esa manera tan extravagante es perfectamente posible que ahora el camino para perfeccionar el acuerdo de paz total con el ELN y sus reformas con el “poder civil” sea el de las asambleas populares que convocó desde las escalinatas del Capitolio el presidente Gustavo Petro.

La capacidad para declarar la vacancia presidencial y ordenar el exilio del presidente destituido (delito inexistente) era muy exigua, tanto como la que tendrían las asambleas populares, figura tan extraña al ordenamiento institucional colombiano que presumo que el profesor Cepeda también la rechace.

El periódico El Tiempo informó que de Palacio dijeron que estaban esperando instrucciones al respecto. Es decir, no tenían ni idea. Lo que sí dijo el presidente es que cada una, reunida periódicamente en cada municipio, tomará decisiones sobre su región, su territorio, la paz (ojo) y la capacidad para movilizarse. Ahora- remató- lo que sigue es el gobierno popular. Vamos a demostrar cómo se hace y que los ministros que no atiendan la orden, se van. “Ay juemadre”. La vaina va en serio. Otty Patiño, el jefe negociador del Gobierno, le dijo a El Espectador que el ELN y el Gobierno acordaron un cese al fuego bilateral por seis meses que sentará las bases de la participación de la sociedad civil en los diálogos de la paz.

¿Cuáles son las bases de la participación de la sociedad civil, origen de las peticiones del ELN desde su fundación? Esa es la razón de ser de las asambleas populares.

Por eso es muy lógica la reacción del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras en el sentido de que el Gobierno y el ELN tendrán que buscar herramientas diferentes a las que consagra la Constitución, las cuales “tendrán que ser discutidas y aprobadas en otros escenarios de participación civil. “¿Será -se pregunta- el Gran Consejo Nacional una especie de asamblea constituyente espuria?”.

La Constitución establece de manera precisa la participación ciudadana en la conformación, ejercicio y control del poder político: elegir y ser elegido; tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos y consultas populares; constituir partidos y movimientos sin limitación alguna; revocar el mandato de los elegidos de acuerdo con la ley; tener iniciativa en las corporaciones públicas; en ninguna parte se habla de asambleas populares. Para recurrir a ese modelo tendrían que apelar al Congreso para aprobar cualquier procedimiento que conduzca a la creación de las mentadas asambleas. Lo único que le ha salido bien al gobierno con el ELN es la vocería del jefe de la negociación, Otty Patiño.

Por su parte, los Estados Unidos han descartado la posibilidad de participar en un proceso de paz con el ELN y reiteran su voluntad de apoyar lo relacionado con el modelo del 2016 con las FARC. Lo curioso de esta orden presidencial de creación de asambleas populares es que no sea demandable por inconstitucional dado que fue un anuncio verbal en una manifestación pública. Vuelve a la actividad política colombiana el fantasma de los paros nacionales pero promovidos desde el Gobierno.

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