Entre el agua y la indiferencia: 450 personas deben dejar su hogar en Medellín sin tener a dónde ir

Apenas eran las cinco de la tarde, pero Luz Daza ya conciliaba el sueño. Estaba exhausta. Estuvo días enteros recogiendo y limpiando los escombros que una semana antes había dejado la creciente de la quebrada La Iguaná —la más grande del occidente de la ciudad— que pasa al lado de su casa. En ese momento la llamaron los vecinos para avisarle que, de nuevo, el agua bajaba con fuerza, que lo mejor era que saliera corriendo junto a su nieta, a quien cuida. Cuatro familias más salieron de emergencia de sus viviendas, que en cuestión de minutos quedaron en ruinas.

De ese hecho trágico se cumple un año este martes. Un tiempo que Daza recuerda con tristeza y rabia. Hablar de las penurias que ha tenido que vivir le quiebran la voz. Lo poco que logró salvar lo llevó a un apartamento en el que paga arriendo. Desde allí vigila su terreno, que varias veces han querido ocupar los expendedores de drogas del barrio, a los que se ha enfrentado. “Por mi casa yo me hago matar”, dice con vehemencia. También ha seguido pagando el predial y los servicios de la que era su residencia, que quedó inhabitable.

A ella y a 110 familias más el pasado mes de febrero la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín les notificó que debían evacuar sus casas de manera definitiva. Les dieron seis meses para hacerlo y ninguna alternativa. La mayoría de las familias lleva más de dos décadas viviendo en el barrio, son pobres y no tienen a dónde ir. Muchos son conscientes del riesgo al que se enfrentan en El Pesebre, pero se niegan a abandonar el fruto de esfuerzos de años. Hasta el momento, el Distrito solo les ha ofrecido irse a albergues temporales que deben compartir con habitantes de calle y en los cuales, por culpa de disputas territoriales entre bandas barriales, se les amenaza por provenir de El Pesebre.

Antes de que el desalojo fuera una decisión, aunque ya era claro que las autoridades lo ordenarían, Rosalba Piedrahita y Miguel Barrientos pusieron un bafle en la mitad del barrio para que los 400 habitantes firmaran una acción popular con la que exigían al Estado reubicarlos en sitios seguros y cómodos o crearles las garantías para quedarse en sus viviendas, tras reorganizar el cauce de La Iguaná y sus afluentes.

Una ciudad en riesgo

En El Pesebre, perteneciente a la comuna 13 de Medellín, no son nuevas las tragedias por inundaciones, derrumbes y deslizamientos. Desde el 2010 las quebradas La Iguaná y la Corcovada se han ido acercando, producto de la desviación de su cauce por la construcción de varias vías. Además, los vecinos afirman que alrededor de su barrio se edifican grandes proyectos inmobiliarios, por lo que a su juicio hay importantes intereses económicos en el sector. “Me pregunto por qué aquí [a El Pesebre] no traen a los extranjeros o por qué no es un punto turístico, siendo una zona céntrica. Será porque nosotros somos los feos y los pobres, por eso nos quieren sacar”, dice Piedrahita.

El Pesebre es uno de los puntos de Medellín con altos niveles de vulnerabilidad climática, como otros en las comunas 3 (Manrique), 7 (Robledo) y 8 (Villa Hermosa). En esta última, como en El Pesebre, la comunidad se ha organizado y así ha logrado mitigar —dentro de lo posible— algunos riesgos. Carlos Velásquez, integrante del movimiento Laderas, que agrupa procesos organizativos y sociales que reivindican las luchas por el derecho a la ciudad en el Valle de Aburrá, lo cuenta así: “En la Escuela Popular para la Autonomía Energética en el barrio El Pacífico hemos venido trabajando en varias iniciativas, entre ellas un piloto con una rueda de energía para la sede comunitaria. Incluso estamos construyendo una obra de vegetalización con agromanto y cunetas de infiltración para mitigar los deslizamientos”.

De acuerdo con Dany Alexander Granda, profesor de Derecho Urbano en las universidades de Antioquia y EAFIT, la situación de barrios como El Pesebre es muy compleja. Explica que aunque la orden de desalojo está bien fundamentada en lo jurídico, su cumplimiento amerita una mejor articulación de los organismos municipales para “mitigar sus impactos sociales y económicos en la familia. Por ejemplo, en materia de servicios públicos, impuesto predial y manejo de la demolición por cuenta de los poseedores”.

Justamente para resolver los problemas físicos de ese tipo de barrios, el movimiento Laderas y el partido feminista Estamos Listas lograron que en noviembre de 2022, después de años de incidencia, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero declarara la emergencia climática. El mandatario aseguró que en la ciudad hay “más de 42.000 viviendas en riesgo de afectación por los efectos del cambio climático, tenemos más de 170 quebradas en alerta roja y más de 300 en alerta naranja”. Con ella, ordenó crear un sistema integral de alertas tempranas para monitorear el cauce de las quebradas en las reservas ecológicas, intervenir y limpiar los cauces de las quebradas, diseñar e implementar un modelo de megaproyectos para la atención integral de las zonas críticas con soluciones definitivas a las condiciones de riesgo, entre otras medidas claves.

Sin embargo, han pasado seis meses y no se han implementado. “No vemos ningún avance en la ejecución de las líneas, programas y proyectos que se consignaron allí, es decir, es un plan de acción muerto”, cuenta Velásquez. El martes pasado, ante el Concejo de Medellín, un vocero de la administración de Quintero afirmó que “no hay recursos para atender la emergencia climática de Medellín”. Lo más preocupante es que la declaratoria va hasta el próximo 31 de diciembre, fecha en la que termina el mandato del actual alcalde.

Con la acción popular ocurrió algo similar, una victoria seguida de lentitud en su puesta en marcha. Los vecinos lograron un fallo a su favor en primera y en segunda instancia, que declaró “que el municipio de Medellín vulnera los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas, a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente”. La comunidad buscó apoyo legal para lograr que se aplicara. Este diario observó una reunión que sostuvieron varios vecinos con una firma de abogados que les presentó un plan de acción para ello. Pero les cobraban 7 millones de pesos (unos 1.500 dólares) a cada familia por su asesoría. Entre los asistentes estaban Luz Daza y otros damnificados por el derrumbe del 16 de mayo del 2022. Quedaron atónitos. Para gran parte de ellos, pagar tal suma de dinero es un imposible.

Por la gravedad de la situación el ambientalista Velásquez hace un llamado a la administración local para atender de forma prioritaria esta emergencia. “Es necesario pensar medidas urgentes y no dejar esto para discusiones posteriores. Los próximos gobiernos deben incluir en la agenda política este tema y destinar los recursos suficientes para atender la emergencia”, sostiene.

Mientras la acción popular avanza y el plazo de la alcaldía se va acabando, Luz y sus vecinos reclaman entre sollozos que les respeten su derecho a una vivienda digna: “Yo recibo una casa de bahareque, pero que sea mía. Queremos que nos reubiquen dignamente”.

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