Todo por la plata

En noviembre el presidente Petro dejó plantados a los magistrados de las altas cortes en la Casa de Nariño. La furia llenó todos los espacios. La rabia inundó los espíritus de los togados, humillados por la ausencia del jefe del poder Ejecutivo en su propio palacio pese a la invitación formal para posesionar a los nuevos jueces elegidos. El encuentro incluía sentarse a la mesa palaciega con los manjares correspondientes. Como el presidente no llegó nunca, pasadas dos horas de espera sin fortuna, la reacción fue la de tomar medidas contundentes. Empezaron las conjeturas: no asistir a más actos protocolarios en el palacio presidencial; que ningún magistrado se posesionara en palacio y lo hiciera ante notario. Cuando se serenaron los ánimos, aceptaron que el secretario jurídico de la Presidencia, don Vladimir Fernández, tomara el juramento correspondiente, pero eso sí: se negaron a cenar en ausencia del presidente, para hacer constar su desagrado. La comida para 70 personas se quedó servida. No era este el primer desplante del jefe del Estado. Ya había incumplido una cita en Valledupar en septiembre y otra en octubre en Montería.

Más que un disgusto personal, los juristas de las cortes lo tomaron como un desaire con la rama Judicial.

El arreglo parecía imposible hasta que se les apareció la virgen vestida de un proyecto de justicia para crear una nueva sala anticorrupción en la Corte y una comisión internacional contra la impunidad en Colombia. “Durante un período especial, se concederá a una sala transitoria de la Corte Suprema de Justicia la prerrogativa de adelantar el juicio contra los máximos responsables de operar estructuras criminales que se han servido de la corrupción. Una sola vez y para la memoria de Colombia”. Es el encabezamiento de la iniciativa del Instituto Anticorrupción y la Fundación Paz y Reconciliación que, naturalmente, mereció el rechazo firme, simultáneo y automático del Gobierno con la Corte Suprema.

Con esa disculpa para borrar los pecados del desplante, el secretario que posesionó a los magistrados que se quedaron sin la fotografía del juramento con el primer mandatario, convocó a la Casa de Nariño al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo; al presidente del Consejo de Estado, Jorge Enrique Navas; al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Aurelio Rodríguez, y a la Presidenta de la Comisión de Disciplina Judicial, Magda Acosta. Por fin se pudo perfeccionar la primera cita con los presidentes de las altas cortes elegidos para 2023. Se perdonaron todas las transgresiones. El presidente Petro se comprometió con las altas cortes a crear más jueces, fortalecer la planta en todas las regiones y a corregir las fallas en materia de infraestructura y conectividad. 2.600 cargos nuevos en todas las jurisdicciones: penal, disciplinaria, administrativa, civil y de familia. Vale decir: plata, mucha plata. Para eso se hizo la reforma tributaria y ahora la adición presupuestal. 500.000 millones de pesos y todos tan contentos. Hubiera preferido que la reunión entre poderes hubiera sido primero para asegurar la lucha contra la impunidad. Si el ministro de Gobierno convoca a Palacio a los congresistas para la armonía entre los poderes del Estado y el presidente les ofrece crear más cargos en el Parlamento del tamaño de la catedral, ¿no se armaría un escándalo del diablo? Todo por la plata, se llamaba el programa de televisión.

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