La ruta ambiental en la era Petro: el fin del enfoque militarista y el fortalecimiento de las alianzas ciudadanas

El presidente Gustavo Petro quiere pasar a la historia como un líder ambientalista. Acorde a esa promesa, puso al medio ambiente como uno de los cinco ejes de su Plan Nacional de Desarrollo (PND), que actualmente evalúa el Congreso. En él, pide ordenar el territorio “alrededor del agua y justicia ambiental”. De acuerdo a varios expertos consultados por El PAÍS, si bien deja preguntas en el aire, el extenso documento trae elementos de un enfoque innovador para pro...

El presidente Gustavo Petro quiere pasar a la historia como un líder ambientalista. Acorde a esa promesa, puso al medio ambiente como uno de los cinco ejes de su Plan Nacional de Desarrollo (PND), que actualmente evalúa el Congreso. En él, pide ordenar el territorio “alrededor del agua y justicia ambiental”. De acuerdo a varios expertos consultados por El PAÍS, si bien deja preguntas en el aire, el extenso documento trae elementos de un enfoque innovador para proteger el medio ambiente. A diferencia del Gobierno anterior, que privilegiaba un enfoque militarista para proteger los ecosistemas, en la ruta del Gobierno Petro el protagonismo lo tienen las asociaciones con campesinos e indígenas.

El artículo 41, por ejemplo, le permite al Ministerio de Ambiente “suscribir con organizaciones campesinas y familias campesinas concesiones hasta por treinta años renovables” para controlar la deforestación en zonas de reserva ambiental y en baldíos de la Nación. Es un giro de 180 grados con el enfoque del Gobierno Duque para detener la deforestación que, con la Operación Artemisa, detuvo a muchos campesinos en la que fue denunciada como una estrategia con graves violaciones a derechos humanos. Además, no frenó la deforestación. De acuerdo a las últimas cifras oficiales, en 2021 se deforestaron 174.103 hectáreas, más que en 2020. Y aunque aún no se conocen las cifras oficiales del 2022, en los primeros meses de ese año era claro que había de nuevo un aumento.

Otro ejemplo de la propuesta de incentivar la participación ciudadana para cuidar el medio ambiente está en el artículo 22, que crea los “consejos territoriales del agua” con una gobernanza “multinivel, diferencial, inclusiva” para cuidar los recursos hídricos en zonas estratégicas como La Mojana en el Caribe o los páramos en la región andina. En esa misma línea van el artículo 182, que exige al Ministerio de Vivienda garantizar la participación de la población recicladora en el programa de basuras del país; o el 25, que le permite al Ministerio de Minas y Energía crear grupos de ciudadanos que para generar y consumir energía renovables. Las minorías étnicas que quieran convertirse en esas comunidades energéticas “podrán ser beneficiarias de recursos públicos para el financiamiento de inversión, operación y mantenimiento de infraestructura”.

“Sin duda hay un esfuerzo muy interesante de generar mayor participación de las comunidades para determinar el ordenamiento de los territorios, dándole centralidad a la gestión de los recursos hídricos”, dice Luisa Fernanda Bacca, coordinadora de incidencia y comunicaciones en la fundación Gaia Amazonas.

Bacca cuenta que las comunidades indígenas y fundaciones como Gaia insistieron, durante la elaboración del PND, que es imposible cuidar la selva sin darle un rol central a las comunidades indígenas que la habitan. “En los territorios indígenas de la Amazonía, un 33% del territorio amazónico, la deforestación es casi nula”, explica. “Por eso pedimos fortalecer a esas autoridades indígenas como una medida preventiva contra la deforestación”, añade. En varios puntos del PND el Gobierno se compromete a fortalecer, financiera y legalmente, las figuras de gobernanza de estos grupos, como había sido establecido en un decreto del 2018 que estaba en el olvido.

“Consideramos que en el PND hay un cambio sustancial en la forma cómo nos relacionamos con el medio ambiente”, dice Ximena Barrera, directora de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales en el Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF). Valora, por ejemplo, la determinación por ordenar en territorio en función de los recursos naturales, con fuerte participación de las comunidades locales, y también nuevos mecanismos para resolver conflictos socio-ambientales.

Por ejemplo, el Gobierno firmó en octubre el Acuerdo de Escazú para proteger la vida de los ambientalistas, que se reglamente en las bases del PND: ordena crear una comisión interinstitucional para implementar el tratado, además de fortalecer veedurías ciudadanas que verifiquen esa implementación.

Otra forma de participación que nota tiene que ver con la regulación de los bonos de carbono que se venden: las empresas que producen mucho dióxido de carbono compran bonos que demuestran cómo esas compañías garantizan la protección de zonas forestales o selváticas que producen un número determinado de oxígeno.

Como ya lo han denunciado varios medios, la falta de vigilancia en este tema ha permitido que empresarios hayan inflado las cifras de oxígeno que están comprando o que se apropien de territorios étnicos. El artículo 184 del PND refuerza la institución que debe hacer esta vigilancia (RENARE, o Registro Nacional de Reducción de las Emisiones y Remoción de Gases de Efecto Invernadero), pero sobre todo fortalece la participación de las comunidades en este proceso.

Barrera explica que el RENARE debe “cumplir con las salvaguardas sociales y ambientales” definidas por Naciones Unidas, lo que protege a las comunidades donde se venden bonos de carbono, y cumplir con la consulta previa cuando un proyecto de bonos esté en áreas con presencia de comunidades étnicas. “Es un artículo buenísimo para este tema de mercados de carbono”, concluye Barrera.

Preguntas que quedan en el aire

La representante del partido Nuevo Liberalismo Julia Miranda fue directora de Parques Nacionales Naturales durante varios gobiernos y es una de las más respetadas ambientalistas en la política. Celebra varios puntos del PND, como el compromiso de hacer un catastro multipropósito, una meta que los Gobiernos pasados se han planteado pero no han cumplido, y que es fundamental para “proteger los predios baldíos de la Nación y los bosques y ecosistemas que se han deteriorado por ocupaciones ilegales y usos indebidos”.

Pero Miranda ve preguntas sin respuesta. Aunque celebra que el PND sea un proyecto alrededor del agua y la justicia ambiental, explica que esto supone un enorme reto para el Ministerio de Medio Ambiente, “ya que más del 70% de los municipios no tienen planes de ordenamiento territorial o los tienen desactualizados”. Si no se les da asesoría técnica, dice, las buenas intenciones pueden quedar como “letra muerta”.

Frente a las alianzas con la sociedad civil para proteger el medio ambiente, la representante añade que “no se comprende que en el articulado solo haya una mención a las áreas protegidas, que se refiere a las construcciones de los campesinos, y nada dice de metas de conservación efectiva en el SINAP”. (el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, cuyas metas define un documento Conpes del 2021 que no menciona el PND).

Otra duda que se ha generado es cómo se construyó la meta de deforestación. El PND dice que espera que las zonas afectadas se reduzcan en un 20% durante el cuatrenio, para llegar a 140.000 hectáreas o menos en 2026. Esa cifra es menos ambiciosa que la del Gobierno anterior, que hablaba de un máximo de 100.000 hectáreas al 2025, aunque dos expertos consultados por EL PAÍS consideran que 140.000 es más realista.

Giovanni Pabón, director de energía en el centro de pensamiento Transforma, considera que hay otras preguntas más sin responder, éstas con respecto a la transición energética que abandera el Gobierno Petro. “Falta aún claridad frente a qué entendemos cuando hablamos de transición energética justa, asociada a la justicia social, y cuando hablamos de parar la explotación de minerales e hidrocarburos”, dice Pabón.

Pabón reconoce que algunos artículos tocan actividades puntuales, como el 186 que prohíbe nuevos proyectos mineros “para la extracción de carbón término a cielo abierto clasificados como de gran escala”, o el que crea un programa para sustituir la leña y el carbón para la cocción de alimentos (subsidiando la conexión al servicio público de gas combustible y otras fuentes energéticas de transición). Pero lo que Pabón echa en falta “es una visión a largo plazo frente a cómo va a cambiar la demanda y la oferta, cómo va a hacerse realmente esa transición asociada a la diversificación de la economía, que el gobierno ha expuesto hasta ahora en otras instancias. Si el PND es la visión de un Fobierno, acá no aparece”.

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