La Contraloría investiga a la Policía por la compra de un avión de lujo

Una aeronave de lujo de la Policía Nacional ha supuesto un presunto detrimento patrimonial de 58.103 millones de pesos (unos 12 millones de dólares), según ha informado este lunes la Contraloría General de la República. La adquisición de un Embraer Legacy 600 VIP no cumple con “el interés social perseguido” de transportar la mayor cantidad posible de policías a distintas regiones del país. El avión investigado tiene capacidad para 13 personas, cuando la necesidad establecida antes de la compra era conseguir una aeronave para el traslado de al menos 44 pasajeros.

La Contraloría ha considerado, además, que la adquisición afectó todo el proyecto de renovación de la flota de la Policía. El objetivo inicial era comprar tres aviones Embraer Legacy, cada uno con una capacidad de hasta 50 pasajeros y por un valor de 35.000 millones de pesos (alrededor de 7,1 millones de dólares). El presupuesto total ascendía a 118.000 millones de pesos (unos 24 millones de dólares). Gastar 58.103 millones en un solo avión de la línea de alta gama consumió el 41,5% de los recursos proyectados y afectó la posibilidad de comprar las otras aeronaves.

El contrato investigado se firmó en mayo de 2022, a fines del Gobierno de Iván Duque y cuando el comandante de la Policía era el general Hoover Penilla. No fue una decisión que pasara bajo el radar: incluso el candidato presidencial Rodolfo Hernández envió una carta al entonces presidente pidiéndole frenar la compra.

La Policía se defendió en ese entonces, cuando W Radio denunció la compra irregular de un total de seis aviones, tres de ellos de lujo. Según un comunicado, las atribuciones de la institución se limitan a definir las características de los aviones que deben adquirirse. En cambio, la encargada de los aspectos jurídicos y económicos del proceso de compra es la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC), una sociedad mixta adscrita al Grupo Social y Empresarial de Defensa (GSED), del Ministerio de Defensa. La Policía había delegado en la CIAC la compra de las aeronaves.

La adquisición era parte del proyecto para reforzar la movilidad de grupos especializados, como la Unidad de Comandos en Operaciones Especiales y Antiterrorismo (COPES) y los equipos antinarcóticos. El avión elegido fue un Embraer Legacy 600 VIP fabricado en 2006. Con amplios asientos de cuero, priorizaba la comodidad de los pasajeros y ofrecía menos del 30% de la capacidad que requería la Policía.

Los problemas del avión, sin embargo, no solo se refieren al valor, que es más elevado que el de las alternativas con mayor capacidad. Según la Contraloría, el precio significa “una sensible diferencia” con aeronaves del mismo modelo de alta gama que el Estado consideró para otras entidades. La Fuerza Aérea Colombiana, por ejemplo, compró en marzo de 2021 un Embraer Legacy 600 fabricado en 2008 por 8,9 millones de dólares. Asimismo, el Gobierno ecuatoriano ofertó en agosto de ese año su avión presidencial por un monto de ocho millones de dólares. Ambos casos involucraron aeronaves con muchas menos horas de vuelo: 3.545 y 6.145, frente a las 15.445 del avión investigado.

El vendedor de la aeronave también presenta irregularidades. La Contraloría ha resaltado que Consorcio Aeronaves PNC no acreditó la capacidad jurídica jurídica necesaria para la operación. El 95% de las empresas que integran el grupo tienen como actividad principal la construcción de otras obras de ingeniería civil, sin relación con la aviación.

La entidad de control ha afirmado que la investigación contempla presuntas connotaciones fiscales y posibles consecuencias disciplinarias y penales. “La indebida estructuración y ejecución del proyecto, sumada a la falta de coherencia en la necesidad establecida, son elementos suficientes para esgrimir un detrimento patrimonial estatal”, ha asegurado la Contraloría.

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