Néstor Osuna: “Hablar de acabar la guerra contra las drogas es muy valiente como presidente, menos como expresidente”

El ministro de Justicia, Néstor Osuna (Bogotá, 60 años), es un abogado constitucionalista que tiene bajo su sombrilla una de las obsesiones del primer mandatario de izquierdas en la historia reciente de Colombia: el vuelco en la política de drogas que reclama al mundo. “Es una cosa paulatina, progresiva. Sabemos que cada día de tardanza es un día calamitoso para la sociedad colombiana, pero no hay otra forma”, dice en su despacho, en el noveno piso de un antiguo edificio en el corazón de Bogotá, con vistas sobrecogedoras sobre el centro de la capital. Durante los últimos años fue la sede de la...

El ministro de Justicia, Néstor Osuna (Bogotá, 60 años), es un abogado constitucionalista que tiene bajo su sombrilla una de las obsesiones del primer mandatario de izquierdas en la historia reciente de Colombia: el vuelco en la política de drogas que reclama al mundo. “Es una cosa paulatina, progresiva. Sabemos que cada día de tardanza es un día calamitoso para la sociedad colombiana, pero no hay otra forma”, dice en su despacho, en el noveno piso de un antiguo edificio en el corazón de Bogotá, con vistas sobrecogedoras sobre el centro de la capital. Durante los últimos años fue la sede de la Comisión de la Verdad, surgida del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC. “Por eso aquí no se puede mentir”, apunta durante esta entrevista con EL PAÍS.

Pregunta. ¿Cómo definiría el momento que atraviesa Colombia?

Respuesta. Estoy convencido de que estamos en el inicio de una época de cambios que ojalá podamos cristalizar en el mejor sentido y con el mayor ímpetu que se pueda.

P. Usted representa un sector liberal en el Gabinete, ¿cómo ha sido el choque con el ala que viene del activismo de izquierda?

R. Yo distinguiría dos escenarios. El del Congreso, donde hay una coalición que ha venido funcionando bien. Y el del Gobierno, en el que eso que dije hace cuatro o cinco meses se ha ido disipando. Ahora hay un equipo de trabajo muy comprometido con las ideas de cambio del presidente Petro, más allá de donde proviniera cada uno.

P. Ha habido información de tensiones, o visiones contrapuestas, por ejemplo en el tema de la salud.

R. Las reuniones de Gobierno son abiertas, francas, controversiales; todo el mundo expresa su postura. Pero hay un propósito común por encima de cualquier controversia: el deseo de acertar y el compromiso con el programa del presidente. Se ha establecido una muy buena dinámica de equipo. Nadie busca hacer prevalecer una idea sobre otra, sino de contribuir en una dinámica de cambio que sabemos que es ambiciosa, arriesgada y por la que estamos dispuestos a jugárnosla todos.

P. El primer proyecto que presentó el Gobierno este semestre, antes que el Plan Nacional de Desarrollo, fue la reforma penitenciaria. ¿Por qué?

R. Por la clarísima decisión de favorecer a los sectores más afectados en violación de derechos humanos. El presidente está firmemente persuadido de construir un sistema de mucha más justicia.

P. ¿En qué consiste la mirada más “humanista” de la política criminal que promueve?

R. Es humanista para la sociedad en general, porque nos permite pensar en un sistema de castigos que no sea puramente vengativo. Si la reforma sale bien, todas las personas vamos a poder vivir más tranquilas frente a quienes estuvieron en la cárcel y salieron en libertad; no vamos a tener el temor de que han pasado por la ‘universidad del delito’. También es más humanista con las víctimas, que son las grandes olvidadas del sistema penal actual: nadie las indemniza, las repara ni les pide perdón. Y también, ciertamente, es humanista con las personas que están en la cárcel, pues establece unos programas de resocialización que les permite formarse como mejores personas.

P. Legisladores como Roy Barreras han señalado la importancia de la ley de sometimiento, que aún no conocemos. ¿Cuáles son las líneas rojas del Gobierno en la política para las bandas criminales?

P. Una: habrá justicia ordinaria. No va a haber justicia transicional ni nada parecido a la JEP [Jurisdicción Especial para la Paz] para las bandas criminales de alto impacto. Dos: habrá una rebaja de penas, pero no impunidad, ni amnistías, ni nada por el estilo. Los beneficios serán a cambio de desmantelar la banda, no de sustituir los jefes o de disminuir levemente su actividad. Hay un borrador pero nos hace falta definir el texto final.

P. ¿Por lo menos una parte de las llamadas disidencias de las FARC van a caer en esa ley de sometimiento?

R. Es uno de los puntos por definir. Si las dos grandes disidencias [Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia] entran como grupos criminales armados de alto impacto, o si como grupos en insurrección, o si el uno sí y el otro no. Eso está pendiente.

P. ¿Qué hace falta para trasladar la Policía del Ministerio de Defensa al de Justicia?

R. Varias cosas. Nos pusimos a hacer un estudio profundo de cómo hacer que ese cambio sea benéfico para la sociedad, fortalezca la Policía y la seguridad ciudadana, no vaya a causar perjuicios a las Fuerzas Militares. Ese deslinde queremos hacerlo muy bien, y no se hace de un día para otro.

P. Trasladar a la Policía es una recomendación casi unánime de muchas organizaciones…

R. Sí, sustraerla del Ministerio de Defensa para acentuar su carácter civil de protección al ciudadano, y no el militar de protección de la soberanía que habla del enemigo. La Policía no tiene enemigo, tiene personas para proteger. A lo mejor estar en Defensa ha hecho que el deslinde entre lo militar y lo policivo haya estado desdibujado, y eso no es funcional para una sociedad democrática.

P. ¿Esperan que haya resistencias a ese traslado?

R. Si pensar en un permiso de 72 horas para un preso genera tantas resistencias, imagínense cambiar la Policía de donde siempre ha estado. Eso va a suscitar muchísimos debates, ojalá razonados, bien fundados. También gritos y pataletas. Estamos preparados para eso.

P. ¿Cómo va a ser el cambio simultáneo, la reforma interna a la Policía que incluya, por ejemplo, la promesa del presidente de acabar con el ESMAD?

R. Esa se puede ir haciendo paulatinamente, pero queremos tener claras las bases de todas esas transformaciones. Para eso también servirá el estudio.

P. En otro asunto, ya conocemos las cifras de cultivos ilícitos de 2021 con un récord de 204.000 hectáreas ¿Qué expectativas tiene para los datos de 2022?

R. Los informes preliminares indican que la cifra va a ser peor. No sabemos cuántas hectáreas más, pero serán bastantes. Ahora, podemos estar tocando el techo. Como crece el consumo de otras drogas, la oferta de cocaína ya puede ser excesiva, y su producción se ha tecnificado y requiere menos hoja de coca para cada kilo de cocaína. Entonces es posible que el número de hectáreas haya sobrepasado el punto de equilibrio.

P. Usted ha dicho que van a asfixiar algunas actividades y a darle oxígeno a otras ¿Cuáles?

R. La asfixia es para el narcotráfico: más interdicción, más eficacia penal, más colaboración internacional. El oxígeno es para los campesinos: la llegada del Estado Social de Derecho para que puedan vivir más tranquilos dentro de la ley, con salud, con educación. Tendremos una estrategia de contención pactada con ellos, para que vayan disminuyendo las hectáreas a medida que llega la oferta institucional. No queremos criminalizar al más débil de la cadena, el campesino cultivador que no puede sobrevivir de otra actividad, pero no todos los cultivos son de ellos. Definir cuáles no es sencillo. El Consejo Nacional de Estupefacientes está estudiando varias metodologías para definir pronto qué entenderemos como cultivo industrial, a los que vamos a seguir aplicando la erradicación forzosa manual. Sí hay demasiada coca, pero nuestra guerra no es contra ella sino contra la cocaína y contra los narcotraficantes.

P. El presidente ha dicho una y otra vez que el prohibicionismo fracasó. ¿Cuáles son los pilares de la nueva política?

R. Uno es no criminalizar a los cultivadores, sino ofrecerles alternativas. Eso entronca directamente con la posibilidad de la paz, de desmantelar bandas armadas. Otro es una lucha mucho más efectiva contra las mafias del narcotráfico y sus redes de lavado de activos. La última pata es proponer el cambio en todos los escenarios internacionales. La solución completa a ese problema no la puede tomar un solo país. Hay que ir cambiando el modelo internacional, poquito a poco. Seguramente no se va a lograr en este Gobierno, pero se pone una semilla. Aunque hablar bien del jefe es casi una obligación, creo que es muy valiente decirlo como presidente y menos decirlo como expresidente.

P. Petro busca convocar a otros presidentes de la región a replantear la guerra contra las drogas. ¿Si es posible recabar suficiente apoyo internacional?

R. Poquito a poco. Puede que haya avances bilaterales o con un grupo de países. Canadá acaba de despenalizar la cocaína en una región. Hay cada vez más estudios del tema. Entonces es una cosa paulatina, progresiva.

P. ¿La hoja de ruta de la sustitución sigue siendo el acuerdo de paz entre el Gobierno de Santos y las FARC?

R. Sí, sí. Es nuestra hoja de ruta en muchos temas: la reforma agraria, la política de drogas, la memoria, las víctimas…. el acuerdo de paz es fuente de consulta diaria del actual Gobierno, igual que el informe de la Comisión de la Verdad.

P. El Plan Nacional de Desarrollo contempla la legalización de los usos alternativos de la coca, la marihuana y la amapola ¿vendrá la cocaína?

R. Soy enfático: la cocaína no. Mientras el concierto internacional no vaya en ese sentido, no podemos arriesgarnos a dar ese paso.

P. ¿Por qué darle facultades extraordinarias el presidente para regular esos usos alternativos?

R. Porque esa discusión nos puede llevar muchísimo tiempo. Fíjese cuántas veces se ha propuesto ante el Congreso suprimir la prohibición del cannabis. Parece ser que finalmente lo vamos a lograr, con un proyecto que venía de atrás y ha tenido el apoyo de este Gobierno. Al eliminar la prohibición, se abrirá la discusión de si será producción libre como el aguacate o la papa, o fuertemente regulada. Soy partidario de la segunda opción: exigiendo condiciones de calidad, topes, licencias.

P. Un actor fundamental en la política antidrogas es Estados Unidos ¿Qué han transmitido sobre el cambio de enfoque?

R. Yo veo un ánimo de colaboración, de entendimiento. Su política no es la de hace 15 o 20 años. Tienen problemas nuevos que no tienen que ver con Colombia. Por supuesto tienen la preocupación del consumo de cocaína, pero ellos saben que los colombianos les hemos colaborado mucho y nosotros sabemos que hemos tenido un Gobierno amigo para muchas cosas. Esa relación se va a mantener. Son dos países que llevan 200 años siendo amigos.

P. ¿Estados Unidos ha expresado alguna preocupación por el manejo de la extradición?

R. Como ha mantenido el mismo ritmo, número y sentido de Gobiernos anteriores, hay tranquilidad. Además hemos convenido que si el Gobierno, fruto de un acuerdo de desmovilización, de sometimiento o político con el ELN, decide no conceder algunas extradiciones, vamos a estar de acuerdo en solventar el desacuerdo de modo civilizado. Eso ya ocurrió con el Gobierno Santos.

P. Hablando de ritmos, al inicio hablamos de una agenda legislativa repleta de proyectos, ¿los suyos van a salir adelante?

R. Espero que sí. Haremos todo el esfuerzo. Si no, insistiremos.

P. Algunos, como el de sometimiento a la justicia, tienen más presión de tiempo ¿Cómo se priorizan?

R. Bajo el mando del ministro del Interior, que define el cronograma. Somos conscientes de que la agenda es muy ambiciosa y que habrá que priorizar. Todos estamos dispuestos a que si el proyecto por el que uno trabajó no puede pasar ahora sino meses después, pues aceptamos y apoyamos al que tenga la prioridad en ese momento.

P. Pero el que pega primero pega dos veces…

R. Ojalá.

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