Álvaro Uribe: “Contribuiremos a que el de Petro sea un Gobierno de democracia social”

Álvaro Uribe es la persona que más ha manejado el poder en las últimas décadas de Colombia. Fueron 20 años de presidir o colocar presidentes y de hinchar una burbuja que se pinchó durante la legislatura de su acólito Iván Duque. En las últimas elecciones, en las que la izquierda llegó al poder por primera vez en la historia moderna del país, Uribe desapareció. Su partido ni siquiera tuvo candidato. Parecía el final de un político indefinible. Uno de sus mayores enemigos, Gustavo Petro, gobierna ahora el país. Y es ahí donde el expresidente ha encontrado un asidero para volver a tomar aire. Con una oposición fragmentada y sin cabeza clara, Uribe se postuló este martes como la “oposición constructiva” al Gobierno de Petro.

El presidente no había abierto las puertas de la Casa de Nariño a ningún político hasta hoy. Que Uribe sea el primero responde a varias razones. La primera es que el poder de Uribe en horas bajas es aún mayor en ciertos sectores que el poder que no han logrado aglutinar los nuevos nombres que protagonizaron la pasada campaña electoral. Ni Rodolfo Hernández, que estuvo a punto de ganarle la presidencia y que la semana pasada ya anunció que dejaba el Senado para probar suerte en la política regional. Ni Fico Gutiérrez, el candidato de la derecha que ni siquiera logró el pase a la segunda vuelta. A Petro le interesa apretar la mano de Uribe para templar los ánimos en varios frentes, alterados por la cantidad de reformas que el presidente quiere poner en marcha. La reunión se produjo el día después de las primeras marchas sociales de la era Petro, lo que tampoco fue una casualidad.

Uribe fue el único en dar declaraciones tras el encuentro. Su tono sonó, por encima de todo, conciliador. No hubo una palabra más alta que otra, ni siquiera un solo descalificativo hacia al que nombró todo el tiempo como “el presidente Petro”. Dijo que no quería “polarizar” al país y prometió trabajar para “contribuir a que el de Petro sea un Gobierno de democracia social, no uno del fracasado socialismo siglo XXI”. Repitió varias veces que, si seguía ahora aquí “trabajando por Colombia”, era para que el actual Ejecutivo no siguiera la senda de las izquierdas latinoamericanas, sino el modelo europeo, donde aseguró que tanto la derecha como la izquierda gobiernan con “equidistancia del centro”.

La reunión se había vendido como un encuentro para hablar de la reforma tributaria, pero ese no fue el primer punto que tocó Uribe ante la prensa. Si hay un sector en el que el presidente del Centro Democrático sigue gozando de enorme reputación y poder es sobre la tierra. Entre los ganaderos y los empresarios del campo, entre los grandes terratenientes —de los que forma parte—. Y precisamente ahí es donde se abre uno de los mayores problemas que enfrenta el actual Gobierno.

La reforma agraria fue una de las promesas de campaña y una de las luchas que ha dado el hoy presidente desde hace una década. El compromiso de acabar con el expolio y entregar tierras a los campesinos y a los despojados animó a sectores de población que nunca se habían visto representados en los edificios de poder bogotano. Ahora, estos mismos, exigen rapidez y soluciones inmediatas. Desde que comenzó el mandato, el pasado 7 de agosto, se han multiplicado las invasiones de tierras, que ya eran habituales, pero no a este nivel. La ministra de Agricultura, Cecilia López, reconoció que era un problema que pasaba por ofrecer resultados cuanto antes. La semana pasada, el Gobierno anunció que entre septiembre y noviembre entregará 681.000 hectáreas de tierra a 12.000 campesinos, indígenas y comunidades afrodescendientes.

Del otro lado, la presión de las invasiones puso en guardia a los propietarios. Ahí donde puede mediar Uribe. El poderoso presidente de la federación ganadera, José Félix Lafaurie, anunció hace un par de semanas en redes sociales la creación de grupos de ganaderos “de reacción solidaria” para actuar en defensa de cualquier afectado por las invasiones. Desde entonces el tema se ha multiplicado en otros sectores empresariales del campo, que buscan unión ante las ocupaciones. Esos anuncios remueven un pasado muy reciente en Colombia. En la década de los 90 se crearon los llamados grupos Convivir para defender la propiedad rural, que acabaron siendo origen del paramilitarismo.

Uribe quiso destacar que era “un gran paso” que el Gobierno no se esté hablando de expropiar la tierra. En toda su intervención, el expresidente usó un papel como de mensajero: “A mí me llaman o me escriben y me dicen: por favor, dígale al presidente Petro que la fuerza pública nos proteja frente a las invasiones”. El Gobierno amagó hace unas semanas con dar un ultimátum a los ocupadores de 48 horas, pero venció el plazo y no pasó nada. Desde el Ejecutivo sostienen que se están llevando a cabo diálogos para desatascar la situación. Uribe añadió que acompaña al Gobierno en la decisión de comprar tierras que no estén produciendo nada para entregar a los campesinos que las trabajen.

En la reunión también se habló de la tributaria, la primera gran reforma que Petro quiere sacar adelante para aumentar los ingresos que destinar a otras partidas. Ahí Uribe dejó clara su visión. “Dejando crecer la economía y con control de la evasión, el presidente Petro podría cumplir sin reforma tributaria. Pero hay una decisión política que respetamos, por eso sugerimos modificaciones”. Y otra: “Nosotros preferimos un peso de más en el bolsillo del trabajador que pagado en impuestos al Estado. Son escogencias y nosotros somos muy claros”.

Este es el segundo encuentro entre los dos políticos. El primero, por sorpresa, se produjo el pasado 1 de julio, 12 días después de las elecciones. Fue la manera del líder de la izquierda de decir que iba a gobernar para todos. Si Uribe se sentaba con él, ¿quién no lo haría? Aquel día, el expresidente habló de una “oposición razonable”. Este martes, dos meses y medio después, se refirió a una “oposición constructiva”. El hombre que ya no gana elecciones en Colombia se está ganando ahora el peso de contrapoder del Gobierno.

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