Petro declara una guerra a los gastos suntuarios y la “nómina paralela”

El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, tuvo su primer consejo de ministros este martes en la noche. En una reunión que duró hasta la medianoche, ordenó a su gabinete desmantelar las llamadas nóminas paralelas (personas que trabajan para las entidades bajo contratos de prestación de servicios y que no están en su planta de personal) que existan en entidades públicas y eliminar todos los gastos superfluos.

Esta misma mañana, como es costumbre en el mandatario, comunicó su orden en redes sociales. Aunque es imposible conocer detalles en un tuit de 280 caracteres, dejó claro su mensaje de hacer un Gobierno que respete los derechos laborales de quienes trabajan para el Estado y que además responda a las demandas de austeridad, que se concreta en que se vayan a eliminar varias Consejerías Presidenciales.

Dado que no es claro cuáles serían los gastos superfluos, y que ese mismo mensaje lo enviaron en su momento sus antecesores Juan Manuel Santos e Iván Duque, la mayor novedad está en la orden sobre la nómina paralela. Una instrucción que encaja en la propuesta de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, de atacar la precarización laboral a través de los contratos de prestación de servicios.

Pero eliminar las nóminas paralelas no es fácil. Petro dio la misma orden cuando fue alcalde de Bogotá (2012-2015) y al finalizar su cuatrienio había más contratistas en la Administración Distrital. Además, es una pelea que ya le dio munición a sus críticos.

En 2014 el entonces concejal Miguel Uribe Turbay, hoy senador y vocero de la oposición uribista a Petro, denunció el aumento del número de contratistas en el Distrito, y puso el ejemplo del Hospital Pablo VI de Bosa, que tenía 1.747 contratistas y solo 113 trabajadores de planta.

Con cifras oficiales, mostró que la contratación por prestación de servicios se había disparado, de 25 mil millones de pesos en 2012 a unos 43 mil millones en 2014.

Lo que ocurre, según explica Liliana Caballero, que como directora de Función Pública del Gobierno de Santos fue la encargada de manejar toda la planta de personal del Ejecutivo: “es que en Colombia se congeló esa planta hace décadas, para evitar que el Estado creciera desmesuradamente. Pero como las funciones estatales sí crecieron, se empezó a reforzar con personas vinculadas con contratos de prestación de servicios. Esta modalidad se ha vuelto una tradición, pero este tipo de contratación no le da las prestaciones correspondientes a los trabajadores y el contrato es solo a un año, lo que hace que estos trabajadores no cuenten con buenas condiciones laborales”, explica Caballero. Además, asegura que el abuso de este tipo de contrato puede generar clientelismo.

Así, para eliminar las nóminas paralelas no bastaría con no entregar contratos de prestación de servicios, lo que podría dificultar la relación de Petro con los congresistas que usan esos contratos como forma de mantener clientelas, sino que se requerirían recursos para financiar una reforma de fondo en todas las administraciones públicas. En este momento, Colombia cuenta con 1.351.835 servidores públicos.

Por ahora, inicia un cambio en la Presidencia como entidad pública. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Mauricio Lizcano, aclaró en medios de comunicación que hará un proceso de reestructuración en la Casa de Nariño.

“Las instrucciones de Petro es que quiere una presidencia mucho más sencilla y austera, que no esté llena de tantas consejerías. Él considera que el gobierno es el presidente y los ministros y que entre ellos no debe existir una gran cantidad de consejeros, que lo que muchas veces terminan siendo son nóminas paralelas, además de burocracia”, afirmó Lizcano.

Según el director, la idea es hacer reducir las 12 consejerías presidenciales actuales para dejar solamente cuatro, incluyendo la de paz, y devolver autonomía a los ministerios en los asuntos en los que hoy hay consejerías presidenciales.

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