Son 38 páginas a espacio simple y estilo administrativo, pero describen —tanto de forma expresa y detallada como entre líneas— un panorama de corrupción masiva y presunto juego sucio institucional con el PP de Madrid como foco. El auto por el que el juez Eloy Velasco envió el viernes por la noche a prisión al expresidente madrileño Ignacio González, recoge cobros de comisiones por adjudicaciones públicas de algunas de las empresas más poderosas de España, el saqueo de fondos públicos a gran escala y financiación ilegal del partido. Estas conductas suponen una continuación de los casos Gürtel y Púnica, que han sacudido al partido del Gobierno y que han marcado la agenda política desde 2009.

Sin embargo, el caso Lezo, como ha sido bautizado por la Guardia Civil, va un paso más allá. Los pinchazos telefónicos han puesto de relieve cómo los imputados —principalmente González y su familia y Edmundo Rodríguez, consejero de La Razón— contaron con la ayuda de al menos una magistrada que les alertó de que estaban siendo investigados. También ha sacado a la luz las supuestas maniobras del partido para colocar al frente de los puestos claves de la Fiscalía a personas que consideraban más cómodas para sus intereses.

El auto, rico en detalles sobre la influencia de la trama, señala que sus tentáculos alcanzaban al propio Ministerio del Interior: El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, se reunió el pasado marzo con el hermano de Ignacio González, Pablo, alto cargo de la empresa pública Mercasa y ahora en prisión. El caso Lezo solo acaba de empezar.

El auto del juez Eloy Velasco por el que envió este viernes a prisión a Ignacio González y otras cuatro personas, destaca la existencia de una reciente reunión entre el actual secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid y también encarcelado por su presunta implicación en la Operación Lezo.

A finales de 2011 Ignacio González, entonces secretario general del Partido Popular y vicepresidente del Ejecutivo de Esperanza Aguirre, pidió al entonces máximo responsable de dicho ente público, José Martínez Nicolás, "en torno a un millón de euros" para "sanear las cuentas" del PP de Madrid.

Ignacio González, se valió de "la influencia" que tiene sobre el presidente del diario La Razón, Mauricio Casals, imputado en la causa, para "obtener información sensible sobre la investigación judicial el curso". Casals tuvo que declarar el pasado jueves ante el magistrado como imputado por estos hechos y fue interrogado por este por sus supuestos contactos con "una magistrada" que supuestamente le alertó de que el político estaba siendo investigado.

Las supuestas maniobras del expresidente de Comunidad de Madrid Ignacio González para entrar en negocios de manera opaca y, de este modo, blanquear fondos ocultos en el extranjero salpica a Eduardo Zaplana, exjefe del ejecutivo valenciano y ministro en los Gobierno de José María Aznar.