El impago de la pensión será considerado violencia machista en Baleares

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El impago de las pensiones de alimentos por parte de una expareja será considerado violencia económica contra la mujer en la nueva Ley de Igualdad de Hombres y Mujeres que el Parlamento balear ha aprobado este miércoles con un consenso de todos los grupos en un pleno extraordinario. El texto establece que las víctimas del impago de la pensión puedan acceder a las mismas prestaciones y ayudas que obtienen las mujeres que han sufrido violencia física o psicológica. Además, incluye el concepto de feminicidio para referirse a los asesinatos machistas en los que se mata a mujeres solo por su condición. 

Con esta nueva normativa, se declarará la existencia de violencia económica cuando no se pague la pensión de alimentos de forma voluntaria, al considerarse una forma de seguir “controlando y maltratando” a la expareja. En la nueva Ley también se recogen multas de hasta 90.000 euros para quienes violen la normativa en materia de igualdad y se prevén acciones para perseguir los casos de mutilación genital femenina, que se considera también un tipo de violencia machista.

La norma pretende blindar la igualdad de hombres y mujeres dentro del hogar y de la administración, donde se estipula una representación equilibrada de ambos sexos que no deberá ser inferior al 40% ni pasar del 60% por parte de ninguno de ambos géneros. También se recogen políticas para fomentar la corresponsabilidad de la pareja en la convivencia y la mejora de la conciliación laboral y familiar. En este punto, se pretende implantar el permiso de paternidad de dos a cuatro semanas “de forma intransferible e individual”.

El texto también se compromete con la persecución de la trata de mujeres y su explotación para fines sexuales, el impulso y la mejora del acceso a los anticonceptivos por parte de las adolescentes, medidas para erradicar el acoso sexual y propuestas destinadas a rebajar la brecha salarial que existe en las islas entre hombres y mujeres.

Aprobación con amplio consenso

La aprobación de esta nueva Ley ha salido adelante con un amplio consenso, después de que el PP anunciase su apoyo tras admitirse buena parte de las enmiendas que presentaron. Los partidos de izquierda, PSOE, Més y Podemos que apoya al Gobierno presidido por Francina Armengol desde fuera, se han mostrado satisfechos porque consideran que se trata de una de las normativas contra la discriminación “más avanzadas de España”. El impulso de esta nueva Ley era además una promesa electoral de los socialistas, que ya intentaron sacar adelante una ley similar durante el mandato del también socialista Francesc Antich.

La consejera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, ha tenido un recuerdo para todas las víctimas de la violencia machista en las islas y ha nombrado una a una a las 29 mujeres fallecidas a manos de sus parejas desde 2003. “La máxima expresión de la violencia es el asesinato de las mujeres”, ha dicho la consejera, quien ha recordado que no ha pasado un solo año desde 2003 en que no se haya producido un asesinato de este tipo en la comunidad.

La diputada del grupo econacionalista Més, Margalida Capellá, ha manifestado la necesidad de seguir luchando “contra una sociedad machista” y ha lamentado que la brecha salarial siga primando a los hombres. La diputada socialista Silvia Cano ha recordado que las mujeres en Baleares tienen que trabajar cada año dos meses más que los hombres “para tener el mismo sueldo” además de ser penalizadas “cuando deciden ser madres”. Marta Maicas, diputada de Podemos, ha calificado la Ley de “enmienda a la historia”. “Nos están matando por ser mujeres y querer ser libres”, ha sentenciado.

PP y Ciudadanos apoyan la mayor parte del texto, excepto algunos apartados por lo que se ha votado cada enmienda por separado. La diputada popular Sandra Fernández ha cuestionado que la discriminación positiva sea la solución porque “beneficiar a la mujer solo por serlo no ayuda”. No comparte las medidas a nivel educativo, que prevén la introducción de material de trabajo a favor de la igualdad porque, según Fernández, “la administración no puede imponer un modelo único”.