El destino ligado de Bárcenas, Correa... y Ana Mato

El escrito de conclusiones que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado este viernes sobre el caso de corrupción más destacado de la historia reciente incluye a tres personajes: Francisco Correa, Luis Bárcenas y Ana Mato.

Las mordidas del extesorero

Enriquecimiento ilegal y tráfico de influencias

Luis Bárcenas llegó a tener en dos bancos suizos unos ahorros de casi 50 millones de euros. La investigación ha acreditado a través de distintas comisiones rogatorias a Suiza que el extesorero del PP ingresó durante más de 15 años hasta 10 millones en efectivo en los bancos Dresdner y Lombard Odier de Suiza. Este dinero lo invirtió en acciones de empresas españolas cuyo valor se triplicó entre 2000 y 2007.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene en su escrito de acusación, en el que pide 42,5 años de cárcel para Bárcenas, que desde “al menos el año 2000”, el extesorero del PP “desarrolló otras actividades dirigidas a enriquecerse de modo ilícito mediante el cobro de comisiones derivadas de distintas labores de intermediación en el ámbito de la contratación pública y mediante la apropiación de fondos del PP, cuya administración tenía encomendada como gerente nacional”.

“Se sirvió del ascendiente que tenía sobre algunos responsables públicos del PP para favorecer las adjudicaciones públicas a determinadas empresas a las que cobraba la correspondiente comisión y que sólo han podido ser identificadas parcialmente”. La fiscalía cita el cobro de comisiones ilegales por las obras de dos carreteras en Burgos y León; y un centro de tratamiento de residuos en Salamanca, además de otras comisiones cobradas a la empresa Ros Roca por supuestos favores.

Con el dinero que obtenía de sus labores de intermediación y su gestión de la caja b del PP, Bárcenas montó un “entramado financiero constituido en entidades bancarias suizas a través del cual invirtió el dinero conseguido de manera ilícita en distintos valores y productos financieros”.

Anticorrupción destaca que Bárcenas intentó dar una apariencia lícita a sus ingresos al reflejarlos “en las correspondientes declaraciones tributarias como ganancias patrimoniales derivadas de operaciones de compraventa de obras de arte, pretexto que utilizó igualmente para ocultar otras rentas de su cónyuge así como para solicitar un crédito que sólo tenía por finalidad enmascarar la procedencia de sus fondos”.

La fiscalía recuerda que Bárcenas presentó en 2012, acogiéndose a la amnistía fiscal del Gobierno, declaraciones tributarias especiales inveraces e incompletas a nombre de dos de sus sociedades, omitiendo toda referencia a su verdadero titular y consignando sólo parcialmente los fondos generados de manera ilícita.

La implicación del PP y Ana Mato

Pago de mordidas para mítines y viajes

El Partido Popular y la ex ministra de Sanidad, Ana Mato, son partícipes a título lucrativo de los delitos cometidos por ex dirigentes de la formación de los que se aprovecharon a través de mítines de la formación conservadora pagados con mordidas de la red Gürtel o de viajes y fiestas familiares de Mato financiados por el mismo sistema.

Correa ideó con distintos miembros de los ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo, ambos gobernados por el PP, un plan cuyo objeto era la apropiación de fondos de las entidades públicas de esos municipios y la recaudación de comisiones a cuenta de la concesión de contratos en cuya tramitación intervenían los alcaldes de estas localidades, según el relato del fiscal. Estos fondos y comisiones se destinaron en parte a su entrega a cargos del PP en esos ayuntamientos y en parte a sufragar mítines electorales de la formación conservadora.

A través de la contabilidad paralela de la red Gürtel, la investigación judicial acreditó la existencia de cuentas especiales para el pago de las comisiones ilegales destinadas a sobornar a los alcaldes del PP, a abonar actos electorales de esa formación política, y a regalar viajes a la exministra de Sanidad, Ana Mato, entonces casada con Jesús Sepúlveda, que fue alcalde de Pozuelo de Alarcón, municipio donde la red Gürtel recibió múltiples contratos amañados.

La Fiscalía Anticorrupción asume en su relato las conclusiones del juez Pablo Ruz, que consideró tanto al PP como a Ana Mato responsables a título lucrativo de los delitos cometidos por los dirigentes municipales en sus tratos con la red que dirigía Francisco Correa.

Mientras al Partido Popular le solicita 245.490 euros por los actos electorales ocultados al Tribunal de Cuentas y sufragados por la red corrupta como pago por los contratos adjudicados en Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, a la ex ministra de Sanidad le pide 28.467 euros, coste de los billetes de avión, alojamiento en hoteles, y fiestas familiares de las que disfrutó durante su matrimonio con Jesús Sepúlveda, para el que la Fiscalía Anticorrupción pide 11,7 años de cárcel y una multa de 1,84 millones de euros.

El líder de la trama de corrupción

Aguirre, testigo de los negocios de Correa

Francisco Correa Sánchez inició su aventura empresarial con una pequeña agencia de viajes que se especializó en los desplazamientos de los dirigentes del PP. Ese primer contacto con el partido que aspiraba a gobernar España le llevó a establecer relaciones con innumerables dirigentes conservadores y a convertirse en el empresario que organizaba en exclusiva los actos del PP. En ese negocio conoció a alcaldes y consejeros autonómicos en toda España, a los que vendió su producto y con los que intermedió para favorecer adjudicaciones de suelo a otros empresarios amigos.

Donde tuvo más éxito fue en la Comunidad de Madrid durante el mandato de Esperanza Aguirre. Logró cientos de contratos públicos, la inmensa mayoría amañados, para organizar los actos de publicidad institucional que varias veces por semana presidía Aguirre. Uno de sus principales colaboradores, el consejero Alberto López Viejo, se encargaba de contratar a las empresas de Correa a cambio de una comisión ilegal del 10% del dinero facturado a la Comunidad de Madrid. La Fiscalía Anticorrupción pide 125 años de cárcel para Correa; y 46 años para el exconsejero Alberto López Viejo.

En el escrito de acusación, la fiscalía propone que se cite en el juicio oral como testigos a decenas de funcionarios de la Comunidad de Madrid que gestionaron los expedientes de los contratos adjudicados a la red Gürtel.

También solicita la presencia en el juicio como testigo de la ex presidenta regional Esperanza Aguirre, que durante cuatro años se subió cientos de veces a escenarios montados por la red Gürtel por los que su consejero de Deportes cobraba importantes cantidades de dinero que, según la investigación, ocultó en un banco suizo.

Aguirre ya ha mostrado su disposición a comparecer en ese juicio oral; también tuvo que declarar —lo hizo por escrito— durante la instrucción del juez Pablo Ruz. Aunque su Gobierno fue, con diferencia, el que más contratos adjudicó a la red corrupta, Aguirre aseguró que nunca tuvo la más mínima sospecha que detrás de los actos institucionales en los que ella participaba y que siempre organizaban las mismas personas pudieran esconderse prácticas corruptas.