La policía atribuye a la “corrupción política” la fortuna de Jordi Pujol hijo

La “corrupción política” está en el origen de la fortuna amasada, con los años, por Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat. Son las conclusiones de un informe elaborado por el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que aporta nuevos datos sobre las presuntas irregularidades en los negocios de Jordi Pujol hijo. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz le investiga desde hace más de un año, tras la denuncia presentada por su exnovia, Victoria Álvarez, que relató cómo el mayor de los siete hermanos viajaba con frecuencia a Andorra, de donde traía a España bolsas repletas con billetes de 500 euros.

Aunque no está imputado, Pujol está siendo investigado por un delito de blanqueo de capitales, lo que presupone que su patrimonio —o al menos, una parte— fue obtenido de forma ilegal. En un nuevo informe preliminar, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) cree haber hallado ese delito antecedente y lo sitúa en “la corrupción en el ámbito político”. Los investigadores concluyen que los negocios estratosféricos de Pujol “pudieran tener su base en el desempeño político por parte de personas de su entorno más próximo”. El primogénito se “benefició indirectamente” de ese entorno, que fue “generador de una red de influencias" extensibles, siempre según el informe, a “órganos de implantación autonómica”.

Las actividades mercantiles y financieras promovidas por Pujol hijo están “destinadas a disimular el rastro del dinero”, sigue el informe. Su fortuna “no encontraría explicación en fuentes de ingresos propias de la economía legal”, sostienen los investigadores, que citan también en su favor el “elevado nivel de vida” del que ha hecho gala el hijo mayor del expresidente catalán. El padre, que presidió la Generalitat durante 23 años, provocó el viernes un terremoto político en Cataluña al admitir que había mantenido, en el extranjero y sin regularizar, una herencia de su padre. Con su confesión, el líder histórico pretendía, entre otras cosas, eludir las dudas sobre el ingente patrimonio amasado por algunos de sus hijos, al vincular el origen de ese dinero con una herencia que el abuelo les legó en 1980.

Su fortuna "no encontraría explicación en fuentes de ingresos propias de la economía legal", sostienen los investigadores

La policía apoya su tesis sobre la corrupción política en tres grandes operaciones mercantiles donde “puede haber actividad delictiva”. La primera tiene que ver con Active Traslation, nacida como empresa de traducciones y transformada en gestora de inmuebles. En 2004, pasó a ser administrador único Ramon Gironès, cuñado de Pujol. Lo que ocurrió a continuación, según la policía, fue “lo que en términos populares viene a conocerse como un pelotazo”: la empresa logró vender sus participaciones en otra firma (Gestió i Recuperació de Serveis) por casi 5,3 millones.

Los investigadores sospechan de esa compra porque los activos de Gestió —dedicada a la gestión de residuos urbanos— apenas alcanzaban los 350.000 euros en 2002. Además, la empresa permaneció durante dos años en situación de “quiebra técnica”. “A pesar de ese ruinoso estado patrimonial”, insisten, fue capaz de vender sus acciones a un precio muy elevado. La policía explica esa venta por “los activos patrimoniales introducidos” por Jordi Pujol Ferrusola, que le hicieron experimentar “una fuerte revalorización”. Pero, ¿por qué? El informe ve factible que esa revalorización guarde relación con una adjudicación pública.

En 2002, el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat —dirigido entonces por Ramon Espadaler, de Unió Democràtica— otorgó la autorización ambiental a Gestió i Recuperació de Serveis para construir un complejo de tratamiento de residuos en Tivissa (Tarragona). La policía concluye que hubo una “confusión de intereses económicos” y destaca que se concediese una autorización a “una sociedad que está participada por un familiar del máximo dirigente de la Generalitat”.

El informe concluye que, tras la venta de las acciones, buena parte del dinero acabó en el bolsillo de Jordi Pujol Ferrusola. En concreto, aparecen registrados ingresos en cuentas por valor de 3,1 millones. Tras examinar los datos aportados por la Agencia Tributaria, la policía incide en que Active Traslation “remite órdenes de pago de divisas desde España a Luxemburgo”, que suman un total de 2,3 millones.

“Todas las transacciones formales” sobre transmisión de capital social, añade, “son una ficción”: pese a que inicialmente figuraba como accionista su esposa, Mercè Gironès, el dueño real fue siempre Pujol, que según la policía trató de camuflar su participación para desvincularse de las plusvalías. “Con ocasión de posibles desavenencias conyugales”, aventura la policía, “la ficción orquestada parece haber quedado manifiesta”. La policía ha constatado también que, entre 2006 y 2012, Active Traslation “no ha ejercido ninguna actividad real de ningún tipo”. Gironès está imputada, en la causa que dirige Ruz, por blanqueo de capitales.

La segunda operación bajo sospecha es otro “pelotazo”, según la UDEF, esta vez de tipo inmobiliario. La operación fue cerrada, sobre el papel, por Mercè Gironès, aunque el informe insiste en que el “autor intelectual” fue Pujol Ferrusola. En 2002, Gironés compró dos fincas en Palamós: una rústica, con frutales; y otra porción de terreno, por un total de 217.000 euros. Apenas cuatro años más tarde, la mujer vendió esas fincas, pero por un valor muy superior: 4,8 millones de euros. Los terrenos fueron comprados por la mercantil Promopalamós.

La policía se pregunta cómo es posible un alza de precio tan elevada y en tan poco tiempo. Y responde que solo se explica por “un cambio en la calificación de uso del suelo”. El informe cita la web del Ayuntamiento de Palamós, en la que se anunciaba la transformación del suelo rústico no urbanizable a suelo urbanizable. El cambio de planificación se aprobó, efectivamente, en junio de 2006, apenas un mes después de la venta del matrimonio Pujol-Gironés.

Las inversiones millonarias de Pujol en Argentina constituyen el tercer negocio bajo sospecha, entre otras cosas, por sus tintes políticos. En 2007, Pujol compró acciones de la compañía Inter Rosario Port Services —dedicada a prestar servicios en el puerto argentino de Rosario— a un consorcio de compañías catalanas. El consorcio estaba liderado por Lluís Badia, que en 2002 ejercía como director del puerto de Tarragona y es un histórico militante de CiU, según la policía. Badia fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de tarragona, diputado en el Parlamento catalán y senador por Tarragona. Las acciones fueron compradas formalmente —una vez más— por Mercè Gironès.

Pujol llegó a inyectar hasta 12 millones de euros en el puerto de Rosario. La policía detalla las irregularidades contables de esas operaciones y señala que la realidad económica declarada “difiere sensiblemente con la actividad financiera que se denota”, aunque matiza que aún hay elementos por examinar. Según denunció Álvarez ante la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), la inversión se pagó en parte con dinero público. La exnovia acusó a Badia de aportar millones de euros para la explotación del puerto fluvial.

Ruz investiga, además, las transacciones financieras realizadas por Pujol. Entre 2008 y 2012, el primogénito movió 55 millones de euros que acabaron (o procedían) de paraísos fiscales como Suiza, Luxemburgo, Andorra y Liechtenstein.

La policía ha comprobado algunas de las manifestaciones realizadas por Álvarez, quien aseguró que acompañó a Pujol en viajes a Andorra, México, Londres o Madrid. La exnovia aseguró, por ejemplo, que al regresar de Andorra se alojaban en el hotel NH Eurobuilding de Madrid. Los investigadores han comprobado que Pujol estuvo hospedado allí varias veces; en dos ocasiones, en 2007, acompañado. A la policía también le constan viajes a Argentina de Pujol con Lluís Badia, e incluso ha “podido establecer una relación mercantil” entre ambos.

El informe, de más de 30 páginas, remarca que la investigación se hace en base a la petición del juez Ruz de analizar los movimientos de las cuentas corrientes. En base a ese mandato, remarca la policía, “se está completando un informe en base a procedimientos judiciales anteriores, información exterior, denuncias en sede policial, comunicaciones recibidas en dependencias policiales, información en medios, gestiones policiales de comprobación de datos”.