La Guardia Civil acusa a UGT de un fraude sistemático con subvenciones

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido hoy a 14 personas en Sevilla, Jaén y Madrid y ha practicado seis registros en esas mismas ciudades, en relación con las facturas falsas elaboradas por empresarios y trabajadores de UGT Andalucía y que fueron abonadas por la Junta de Andalucía con cargo a los cursos de formación. Las facturas supuestamente fueron facilitadas por los empresarios a empleados del sindicato, según fuentes del caso. Uno de los registros ha sido practicado en la casa del extesorero del sindicato en Andalucía Federico Fresneda, quien se encontraba en Canarias, donde ha sido detenido.

La Guardia Civil, en el marco de la Operación Cirene, inspeccionó esta mañana la empresa de mobiliario de oficinas Chavsa de Sevilla, que ya se vio relacionada con la contabilidad de UGT cuando Fresneda era responsable de las finanzas del sindicato. Junto a este, han sido arrestados otros dos trabajadores de UGT.

La operación está coordinada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, cuyo titular, Juan Jesús García Vélez, mantiene bajo secreto esta investigación. También participan la Fiscalía Anticorrupción y el Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Los tres registros de Sevilla son en la mencionada empresa Chavsa, en el polígono Hytasa y en la calle Feria, en el centro histórico de la ciudad.

Los agentes no descartan la próxima detención de más colaboradores o trabajadores del sindicato y de empresas que podrían haber facilitado facturas falsas para justificar pagos por servicios y bienes que no se realizaron o no se recibieron. En este sentido, la investigación también pretende averiguar si se utilizaron subvenciones a fines distintos para los que fueron concedidas.

La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, adjudicó en mayo a la juez de instrucción 6 y responsable de la investigación del caso de los ERE, Mercedes Alaya, las diligencias por las ayudas de 49,5 millones de euros a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE). Al mismo tiempo, entregó a los juzgados de instrucción 6 y 9 de Sevilla las causas que abrió la Fiscalía Superior andaluza por distintas ayudas a la formación para el empleo. Entre las investigaciones que lleva el Juzgado de Instrucción 9 se encuentra el supuesto desvío de fondos por parte de UGT a pagos diversos como su caseta en la Feria de Abril.

El anterior secretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, quien dimitió por la investigación de los supuestos desvíos de fondos de ayudas ya negó la existencia de facturas falsas, contabilidad en b o desvío de fondos tras un estudio interno encargado a finales de agosto sobre las irregularidades en la gestión de dinero procedente de arcas públicas.

En diciembre pasado, agentes del instituto armado registraron la sede de UGT en Sevilla, a la que acudieron para incautarse de "los expedientes relacionados con cursos de formación para los que UGT Andalucía, bien directamente o a través de empresas vinculadas, haya percibido subvenciones públicas", según figura en una de las órdenes de registro dictadas por la juez Mercedes Alaya, en ese momento instructora de este caso y del de los ERE. Alaya fue posteriormente apartada del caso.

La Junta de Andalucía ha iniciado la petición de reintegro de tres ayudas recibidas por UGT en cursos para desempleados, de un total de 41 expedientes de líneas de formación profesional para el empleo del sindicato analizados por la Consejería de Educación. Una solicitud que aún está en el trámite de alegaciones, motivo que esgrimió este jueves el consejero de Educación, el socialista Luciano Alonso, para no aportar ninguna cantidad durante una comisión parlamentaria solicitada por el grupo popular.

El instituto armado ya acudió en mayo la sede de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo de la Junta para recabar documentación sobre las ayudas. Antes había recabado un listado con todas las acciones de formación realizadas por el Ejecutivo autónomo en los últimos años.